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El juez undécimo de instrucción en lo penal, Hugo Huacani, tras una audiencia cautelar que se inició poco antes de las 18:00 del sábado y terminó a las 4:15 de este domingo, dictó detención preventiva por tres meses para el exministro de Salud Marcelo Navajas, por el caso de la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores marca Respira de la empresa española IME Consulting. 

El fallo de detención preventiva, pero por seis meses, también fue para el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Geovanni Pacheco y para el "testigo clave", Luis Fernando Humérez. Tanto el exministro como los otros tres investigados deberán permanecer encerrados en la cárcel de San Pedro de La Paz.

La decisión que tomó Huacani en el caso de la funcionaria del AISEM, Ana Fernanda Espinoza y de la consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gabriela Claudia Pérez, fue el arresto domiciliario por seis meses, sin salida laboral.

Los abogados de los acusados, presentaron de forma inmediata una apelación ante el juez Huacani, argumentando que la Fiscalía no pudo sustentar los supuestos delitos de corrupción en la compra de los 170 respiradores españoles. 

Por su parte, la abogada del exministro Navajas, Rosario Canedo, advirtió que su defendido sufre de una enfermedad cardiaca grave y que estar en prisión representa un riesgo para su vida.

La acusación de la Fiscalía

La Fiscalía, durante la audiencia cautelar, puso en la mesa elementos que consideró como principales para sustentar la presunción de culpabilidad del exministro Navajas. Primero, que fue personalmente a las oficinas de la AISEM para seguir el proceso de adquisición, el 8 de mayo. Ese mismo día, dio luz verde a la compra mediante una nota al director de AISEM, Geovanni Pacheco y que tuvo un contacto con IME Consulting, para asegurar la llegada de los equipos médicos que ahora presentan un sobreprecio. 

Mencionaron también que un funcionario de AISEM observó que la empresa española IME Consulting, no contaba con los documentos legales para la firma de contrato. El servidor público fue desvinculado al día siguiente. El Ministerio Público resaltó que otras personas también alertaron que el equipamiento no serviría para enfrentar la pandemia, pero que el ministro y su equipo procedieron a la compra, de todas maneras.

El ‘testigo clave’

En este caso fue clave la aparición de Fernando Humérez, que se presentó en la Fiscalía como “testigo clave” en esta compra. Dijo que fue uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero que calcularon haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar su parte. 

Para lograrlo, señaló que contactó al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano, y que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud. Humérez, ahora imputado en este caso, reveló que el director jurídico Valenzuela fue el contacto.

Cuando compareció ante los investigadores, Valenzuela reveló que Humérez (“testigo clave”) hizo los “contactos iniciales” con la empresa IME Consulting, que presentó más de una cotización y que le insistía, tanto a través de su correo como por WhatsApp, pero descartó haber recibido un centavo por ello.

La versión de Navajas

El exministro Navajas, en su declaración informativa a la que tuvo acceso EL DEBER, reveló que las especificaciones técnicas para la adquisición de los 170 ventiladores pulmonares ya estaban en esa repartición estatal y le fueron entregadas precisamente por el director jurídico, Fernando Valenzuela. 

La Fiscalía hizo notar la excesiva confianza en el funcionario Valenzuela. Navajas confesó en su declaración que se enteró de que ese funcionario había trabajado estrechamente con Gabriela Montaño en la gestión del MAS, tanto en Diputados como en el Ministerio de Salud, pero que no lo retiró porque valoró su calidad profesional.

EL DEBER conversó con el exministro Aníbal Cruz, quien también defendió el “profesionalismo” de Valenzuela. Sin embargo, fuentes políticas señalaron que, por la cercanía con el partido de Evo Morales, se le recomendó retirarlo, y que nunca lo hizo.

Valenzuela responsabilizó al exministro de Salud, Marcelo Navajas, de acompañar todo el proceso de la compra de los 170 respiradores como la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y también citó al director de la AISEM, Geovanni Pacheco.

Las declaraciones del exdirector de la AISEM, Geovanni Pacheco, y de las funcionarias Jannet Enayda Zenteno y la auditora Gabriela Claudia Pérez, consultora en línea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), establecieron de manera cronológica que la compra de los 170 respiradores se realizó en cuatro días, del 8 al 11 de mayo.

Pacheco manifestó que su participación en el proceso de contratación fue delegar y sobre todo cumplir instrucciones emanadas del exministro de Salud, Marcelo Navajas. Hizo notar que Navajas, con carácter de urgencia, pidió a la AISEM que proceda inmediatamente a la adquisición del equipamiento específico.

Su defensa destacó en la audiencia que él no tuvo tuición sobre la cantidad, marca, modelos, proveedores y precios de los equipos en cuestión, y respaldó su accionar en el decreto 2474 del 4 de marzo.

La compra

Por ello, en la reunión del 8 de mayo, con su equipo, instruyó iniciar el proceso para la compra. Pérez remarcó que en la oficina se encontraba el “señor Valenzuela, a quien nadie me presentó, pero que según rumores nos dijeron que era asesor del ministro. Por tanto, lo conocí de vista en ese momento. Él y el director nos dieron la instrucción de hacer todo el proceso con urgencia puesto que ya era de conocimiento del Ministro de Salud y del BID Bolivia (Luis Buscarons)”. La profesional aseguró que incluso el pago del 50% estaba acordado para que se realice ese mismo día.

Valenzuela informó en esa reunión, según la profesional del BID, que el cónsul de Bolivia en España había inspeccionado la existencia de los equipos, y todo estaba coordinado. Zenteno complementó que a la 1:00 de la madrugada del 9 de mayo, “la profesional de adquisiciones envió la solicitud de no objeción al BID a través de correo electrónico”. 

Luego, todas se retiraron y quedaron en el lugar Pacheco, el director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y el abogado encargado de la elaboración del contrato, Dámaso Villanueva. “A las 9:00 del 9 de mayo, tomo conocimiento de que el abogado Dámaso Villanueva había renunciado, y que entonces el contrato sería elaborado por la directora de asuntos jurídicos, Mariana Galindo y la abogada Andrea Alarcón.

Las preguntas del BID

Valenzuela, en su declaración, manifestó que posteriormente, este funcionario pidió ser restituido en su puesto. Ese mismo día, la encargada de Adquisiciones de AISEM, Gabriela Pérez, recibió del BID las siguientes observaciones: por qué la compra de los ventiladores se estaba realizando a IME Consulting y no a la fábrica y si el ejecutor tenía conocimiento que los respiradores estaban en fase de prueba.

El director Pacheco señaló que la pregunta escrita se refería a que si los equipos iban a tener buen rendimiento técnico y sanitario en Bolivia. Dicha pregunta fue respondida por el doctor Fernando Valenzuela. El director jurídico del Ministerio, según el director de AISEM, señaló que sí iban a tener rendimiento óptimo. Pese a estas observaciones, al final del mismo día el BID envió la no objeción al proceso de contratación.

El director Pacheco relató que conoció a Valenzuela en las oficinas del Ministerio de Salud. Posteriormente, “como asesor legal directo del ministro Navajas, se le delegó coordinar y trabajar con la AISEM para acelerar las compras y entregas de los ventiladores y otras actividades relacionadas”.
El 10 de mayo, las abogadas Galindo y Alarcón elaboraron el contrato y la señora Zenteno hizo la certificación del POA. El 11 de mayo el director del AISEM, Pacheco, le entregó su carta de agradecimiento a la doctora Galindo y Zenteno relató que “nos enteramos que desde el 12 de mayo tendríamos un nuevo director de Asuntos Jurídicos en la oficina”.

Hasta ese día, se concretó el procedimiento. 

Pacheco complementó que el entonces ministro Navajas, pidió que el equipamiento llegue al país el 11 de mayo, pero no se pudo por el impedimento legal que existe en el país para no firmar contratos públicos los domingos, por eso se firmó el 11.

Ese hecho ocasionó, según Pacheco, el retraso del pago, vía transferencia de la cuenta del BID a la del proveedor. Por eso, éste último comunicó que no iba a cumplir con la fecha pactada. A raíz de esto, ese mismo 11 de mayo, el Ministerio de Salud le instruyó a Pacheco que proceda a la contratación de un vuelo chárter en la ruta Cochabamba-Barcelona, Barcelona-Santa Cruz, entre los días 11 y 13 de mayo.

El material llegó a Santa Cruz el 14 de mayo, según el director de AISEM, porque el vuelo chárter tuvo problemas técnicos al llegar a Barcelona, lo que ocasionó el retraso de un día más.