El Fondo Indígena llega a municipios del MAS y donde no hay naciones indígenas

Por Jesús Vargas /Verdad con Tinta/Connectas

En la película boliviana ‘Los viejos soldados’ (2024), una escena ilustra un aspecto clave de la cultura indígena: la confianza mutua. Un amauta quechua le dice a un joven de la ciudad que no es necesario asegurar las puertas en su comunidad, puesto que la honestidad y la transparencia son pilares de su vida en común. Sin embargo, en la realidad contemporánea de Bolivia, estos principios ancestrales de “ama sua, ama llulla, ama quella” (no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo) fueron traicionados por loss que debían protegerlos. Esto sucedió a través del mal manejo del Fondo Indígena.

Como expone esta investigación de Verdad con Tinta y CONNECTAS, organizaciones sociales que son parte MAS y alcaldes afines a la gestión de gobierno han sido, por encima de los indígenas, los principales beneficiarios de los recursos de este fondo en las últimas dos décadas. Ocurrió tanto en los gobiernos de Evo Morales Ayma como en el de su sucesor, Luis Arce Catacora.

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, conocido popularmente como el Fondo Indígena, fue establecido en 2005 con la promesa de ser un vehículo de progreso para las comunidades indígenas, financiado principalmente por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Este programa, que llegó a manejar casi $us 1.000 millones durante los gobiernos de Evo y Arce, fue visto como una herramienta clave para el desarrollo y el fortalecimiento de las culturas y economías indígenas. Sin embargo, con el tiempo, emergieron denuncias que indicaban que el fondo se había convertido en un mecanismo de corrupción y clientelismo. Desvió recursos a organizaciones y municipios afines al gobernante MAS.

En 2015, la situación alcanzó un punto crítico cuando se reveló un desfalco masivo de más de $us 180 millones. Este escándalo, uno de los mayores en la historia reciente de Bolivia, sacudió la confianza en las instituciones y llevó al Gobierno a renombrar el programa como Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). A pesar de la reforma para combatir la corrupción, el FDI siguió siendo un instrumento político, beneficiando mayormente a municipios gobernados por el MAS y dejando a muchas comunidades indígenas sin los beneficios prometidos.

También comenzó a entregar los recursos a los alcaldes y no a las organizaciones sociales, y solo con destino a proyectos productivos para riego, compra de maquinaria y construcción de puentes. Pero, pese a esas correcciones, los territorios indígenas siguen siendo los menos beneficiados, según se estableció en la revisión de proyectos del Anuario del año 2021, los últimos datos disponibles sobre el programa al realizar la investigación.

Ese documento, publicado por la Dirección del Fondo de Desarrollo Indígena, devela que el 65% de los proyectos (que significan Bs 421.427.028,75, es decir casi $us 61 millones) fueron realizados en municipios donde no existen pueblos indígenas constituidos como tales (a través de las denominadas tierras comunitarias de origen o TCO). Según la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las TCO son espacios en donde pueblos y comunidades indígenas han tenido tradicionalmente su organización económica, social y cultural.

De los territorios sin TCO, los recursos del Fondo fueron a parar a municipios administrados en su gran mayoría por el oficialismo. El MAS gobierna 240 alcaldías de las 342 que hay en el país (el 71%). Y de los 804 proyectos que se aprobaron en el año 2021, 612 fueron destinados a gobiernos municipales del oficialismo (el 76%), por un presupuesto de Bs 482.113.024 (casi 70 millones de dólares).

Además, en Bolivia hay seis gobiernos autónomos municipales indígenas originarios campesinos (AIOC) que son territorios ancestrales, según establece el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Para estos municipios solo fueron aprobados cuatro proyectos de los 804. Los beneficiados son Salinas de Garci Mendoza, en el departamento de Oruro; Raquaypampa, en Cochabamba; Charagua e Iyambae, en Santa Cruz. “No lo hemos sentido tal cual como debería de ser”, admite Yolanda Meneses Navia, representante de la nación indígena quechua. La joven admite que a su pueblo no le ha llegado ningún proyecto en estos 19 años: “No sé qué pasó, la cuestión es que no llegó”.

El uso político es, precisamente, uno de los señalamientos más graves hacia el Fondo. Como desde la época de Evo, bajo el actual gobierno de Luis Arce el programa continúa privilegiando con los proyectos a organizaciones afines al MAS.

“Ahora (al Fondo) lo han pasado a las alcaldías y ellas no cumplen el propósito de dar a los pueblos indígenas para que accedan de manera autónoma, que es algo pendiente. Debería haber servido para eso”, opina Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

“Si uno no es parte del proceso o desarrollo de una proyección con el gobierno, no se puede avanzar, nos guste o no nos guste”, se sincera el presidente de la TCO Uchupiamonas, César Mamani, cuya nación indígena se encuentra en la zona del Amazonas. Esta comunidad no ha recibido hasta ahora ningún proyecto del Fondo. Ignacio García Ipi, de la comunidad Monterito del municipio cruceño de San Antonio de Lomerío, coincide en que para beneficiarse del Fondo “es necesario” ir de la mano del gobierno, aunque valoró que han conseguido proyectos por medio de sus representaciones sindicales.

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Así quedó un puente en Yapacaní, Santa Cruz. La obra fue concebida para beneficiar a los pueblos indígenas, pero hubo corrupción.

Pero este uso político de los recursos del Fondo no es nuevo. En la primera década de implementación del programa, según el informe de fiscalización sobre el Fondo Indígena realizado en 2016 por el entonces senador Oscar Ortiz Antelo, las organizaciones más beneficiadas fueron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa. En el Artículo 10 del estatuto del MAS, las tres son reconocidas como organizaciones “matrices”.

“Los fondos destinados a los pueblos originarios se han quedado en manos de los hermanos que son parte de esta estructura del Gobierno nacional”, acusa Emilio Cisneros, representante de la nación Chichas.

Para este trabajom se contactó al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que tiene bajo su órbita al Fondo de Desarrollo Indígena. “No es de nuestra competencia”, respondieron desde el equipo de Comunicación ministerial. Luego se derivó la consulta al equipo de prensa del FDI, solicitando información sobre cómo es el proceso de selección, los sistemas de fiscalización, además de las mediciones de impacto del Fondo, especialmente en el sector indígena. Pero no hubo respuesta.

Desde el Ministerio sí respondieron en enero de este año una petición de informe de la diputada Luciana Campero Chávez. En ella informaron que el FDI “nació en 2015 como una institución pública descentralizada y con patrimonio propio”. En esta respuesta se indica que “financia proyectos mediante acuerdos intergubernamentales con alcaldías, que son las ejecutoras, para favorecer a comunidades indígenas originarias, campesinas, interculturales y afrobolivianas”.

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Si bien el Fondo nace en 2005, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras toma como su punto de partida el 2015, cuando se reformó el programa tras el escándalo.

Según la información que la Fiscalía General del Estado dio para esta investigación, son 77 casos los que se abrieron por temas de corrupción en el Fondo Indígena desde su creación. De ellos, 26 ya culminaron el proceso y solo 13 llegaron a una sentencia condenatoria. Además, seis personas se han beneficiado con sobreseimientos.

Entre estas últimas está Julia Ramos Sánchez, una de las líderes históricas de la organización Bartolina Sisa. Ella estuvo dos años en la cárcel tras ser detenida en diciembre de 2015 por enriquecimiento ilícito mientras fue ministra de Desarrollo Rural entre 2009 y 2010, durante el primer gobierno de Evo Morales.

Ramos fue elegida el pasado 5 de mayo como vicepresidenta del MAS (del sector del presidente Arce, ahora enfrentado con Morales). Se libró de un proceso judicial gracias a que el Gobierno de Arce decidió no continuar como querellante en el caso. “He tenido que esperar nueve años para contar con este sobreseimiento, es una pena cómo se maneja la justicia”, se quejó la exfuncionaria al ser consultada por Verdad con Tinta y CONNECTAS.

La investigación también hace un recuento de las obras construidas como “elefantes blancos” y otras, como y un puente en Yapacaní, que está a punto de caerse. En ese municipio controlado por el MAS, poblaciones indígenas como los Yuracaré-Mojeños han sido excluidos de los proyectos de desarrollo.