El gobernador Camacho cumple un mes detenido y crece presión al Gobierno

Este lunes 30 se cumple un mes de la detención al gobernador Luis Fernando Camacho en la cárcel de máxima seguridad de Chonchoco, en La Paz. En ese tiempo se han suscitado hechos, como la excavación de zanjas en el camino al penal y hasta la denuncia de una cámara espía en su celda. Algunos analistas políticos ven que la aprehensión y posterior detención ocasiona una incomodidad política y desgaste del Gobierno del MAS, la misma que repercute en el ámbito internacional con posibles procesos a futuro.

Sin embargo, desde la otra cara de la moneda ven al menos tres desventajas políticas que tiene la autoridad departamental frente al poder gubernamental y consideran que la estrategia ya no está en los paros, sino en crear una alternativa electoral y opositora al MAS que sea exitosa en 2025.

“El gobernador es un problema que incomoda al poder político porque mantenerlo detenido va a ser noticia permanente y causará desgaste al Gobierno. Al Gobierno le conviene evitar el desgaste político con Camacho defendiéndose en libertad, pero no quiere demostrar debilidad ante el pueblo y ante su propio partido. Este es el dilema del presidente Arce. Esa incomodidad que vive el Ejecutivo está dando problemas a escala nacional”, dijo el abogado y militar jubilado, Jorge Santistevan.

Era Día de Los Inocentes, 28 de diciembre, y en medio de las dudas se denunciaba el supuesto “secuestro” de Camacho cuando se dirigía a su domicilio. Un video del violento operativo circulaba en las redes sociales y la incertidumbre sobre su paradero se extendió por horas hasta su llegada a la ciudad de La Paz cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, publicó una foto.

Desde ese momento y pese a las fiestas de fin de año, se registraron protestas para pedir su libertad, hubo quemas de instituciones y de domicilios particulares, represiones policiales condenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), observaciones al actuar de los jueces, zanjas en el camino al penal de Chonchocoro, vigilias de organizaciones sociales, la intención del Gobierno de impulsar elecciones en Santa Cruz, el cabildo nacional y hasta la denuncia del hallazgo de una cámara en la celda de la autoridad departamental.

Como refiere Santistevan, estos hechos han causado incomodidad al Gobierno y también ha despertado el interés de los organismos internacionales que ahora piden cuentas de las represiones a los periodistas como efecto de las movilizaciones.

Otro elemento relevante fue la revelación de las enfermedades de Camacho y su necesidad de contar con tratamiento médico. A esto se suma la expulsión de europarlamentarios que se pronunciaron a favor de la liberación del gobernador cruceño.

“La detención del gobernador ha sido parte de una estrategia política para seguir alimentando esa falsa narrativa del inexistente golpe de Estado en octubre y noviembre de 2019. Los procesos golpe de Estado I y II, en los que también injustamente se está procesando a la expresidenta Jeanine Añez, son inventados y construidos en base a la mentira”, sostuvo el diputado de Comunidad Ciudadana Enrique Urquidi.

El Juez 10mo. de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos, encargado del caso golpe de Estado I, determinó declinar competencia y remitir a un juzgado anticorrupción la ampliación de denuncia contra Camacho por el delito de cohecho activo, por los depósitos que hizo al general Gonzalo Terceros, aunque este caso ya “es cosa juzgada” en el denominado golpe II.

Desventajas para Camacho

La detención de Camacho provocó, en palabras del analista Marcelo Silva, el descabezamiento de la oposición boliviana más organizada, seguido de la estrategia del presidente Luis Arce para desmentir las supuestas alianzas con la derecha, como denunció Evo Morales. Los politólogos no dejan de ver las desventajas a las que se enfrenta Camacho y la institucionalidad cruceña.

Santistevan describió que no existe una fuerza política contraria al Gobierno que lo pueda controlar fuera y dentro de la Asamblea Legislativa. Otro elemento es la falta de contundencia de las protestas y del cabildo nacional.

“Las movilizaciones en sí mismas están desgastadas, el camino y la estrategia deben ir por otro lado; y no por el bloqueo ni por las movilizaciones. Ahora la respuesta de Santa Cruz y las oposiciones políticas tiene que ir por la construcción de un proyecto nacional de alternativa al MAS que pueda ser altamente competitivo en las elecciones de 2025. Ese es el camino, no hay otro”, sostuvo Silva.

Advirtió que existe una nueva articulación de la oposición a través de la reforma del sistema de justicia, es decir, una nueva bandera que sustituya a la lucha del 21 de febrero de 2016.

Para Santistevan las soluciones a favor de Camacho serán a mediano y largo plazo, mientras percibe que el gobernador está ganando terreno político a futuro y no existe una solución inmediata, por lo que considera que su libertad también está un tanto lejana.

“La fortaleza de Camacho es que está ganando mayor solidaridad de la gente, pero que no será de manera inmediata, sino a futuro. A corto plazo, el Gobierno le ha superado el temor que tenía Evo Morales de detener a una personalidad como lo era el gobernador Rubén Costas, pero esto jugará en contra de Arce y perderá terreno electoral que desfavorecerá a cualquier candidato del MAS que postule a los comicios de 2025”, dijo el abogado y militar retirado.

El problema de presunto espionaje articulado, tanto para la aprehensión de Camacho y la cámara escondida en su celda serían otros factores que muestran la vulneración de sus derechos y la falta del debido proceso.

“Si está preso tiene que pagar por lo que hizo el 2019 porque hubo golpe dejando 36 fallecidos. Sabemos que a este señor le gusta hacer show político y no sabemos si es real (la cámara encontrada) y capaz esto es armado. Hacen un cabildo para sacarlo del penal, aunque él tiene que pagar”, afirmó la concejal oficialista Noemy Rivera desde Santa Cruz.

El alcalde Jhonny Fernández, consultado sobre la cámara espía, prefirió no opinar y dijo que debe haber pruebas del hecho para emitir algún criterio.

Sobre el futuro de la Gobernación cruceña, el diputado Urquidi considera que debe ser la población que en el marco de sus autonomías decida al respecto. Silva enfatizó que es imposible una administración desde la lejanía por la envergadura y tamaño del departamento. Sumado a este elemento, Santistevan sostiene que el Gobierno no lo dejará ejercer su derecho ganado por el voto popular, por lo tanto, sus abogados y la Asamblea deben buscar otros mecanismos.