El gobernador de Potosí negó cargos por las 41 ambulancias, pero sin respaldo documental

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, acudió ayer a la Asamblea Legislativa para responder por las irregularidades que se detectaron en el proceso de adquisición de 41 ambulancias para su departamento. No trajo consigo documentos de respaldo. Alegó haber conocido la citación en el curso de las últimas 24 horas. 

Eso sí, la autoridad regional estuvo acompañado por al menos 30 de sus seguidores que le aplaudieron y abuchearon a las diputadas Lisa Claros y Marina Morales, además de sus colegas Juan Pardo Guevara y Guillermo Benavides de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), quienes habían solicitado el informe al gobernador a partir de 13 preguntas.

Los legisladores del MAS aprovecharon el escenario para señalar que Mamani “es un ejemplo de respeto a la democracia”, al haber comparecido ante el legislativo.
El diputado oficialista Sandro Deciderio Ramírez valoró su presencia y cuestionó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien también fue citado por esa comisión, pero no asistió.

 La autoridad cruceña fue requerida por presuntas irregularidades en la firma del Decreto Departamental 373 que delegó sus funciones en un secretario y no al vicegobernador, como lo señala el Estatuto. En este caso, la Asamblea Legislativa Departamental reclamó su competencia para solicitar informes, mientras que la Fiscalía secuestró documentos y citó a Camacho en los primeros 20 días de pesquisa.

Pero el caso de Mamani, que ya tiene tres meses en manos de la Fiscalía de Potosí, está “muy demorado y fue por esta razón que se ha pedido que venga el gobernador, pero con respuestas concretas y claras”, remarcó Claros.

Así, en medio de gritos, arengas y reclamos, comenzó la sesión en la sede de Gobierno. Mamani y los legisladores interpelantes discutieron, primero, por la ausencia de la documentación de respaldo y hubo reclamos por la bulliciosa presencia de los seguidores que acompañaron a la autoridad.
La diputada Morales pidió al gobernador que responda con fundamentos y base legal, mientras que la gente que acompañaba a Mamani comenzó a hacerle barra. 

Benavides pidió el desalojo de la sala, porque ese alboroto violaba el reglamento. “No voy a permitir que trate así a mi gente”, dijo Mamani, quien incluso se levantó para acompañar sus palabras con las manos. La misma actitud tuvo la diputada Claros, quien también exigía que se responda a sus preguntas, pero con el respaldo documental. “¡Usted tiene que respetar a esta entidad!”

La presidenta de la comisión, Adriana Tarifa (MAS), pidió orden, pero se negó a solicitar que se desaloje a los seguidores de Mamani, mientras los gritos y estribillos continuaban en la sala de la audiencia donde no cabía nadie más. Morales pidió respeto y advirtió que no permitirá que le insulten “por la espalda” durante un acto que debe ser, dijo, conducido con seriedad y respeto. Tarifa solicitó un cuarto intermedio para calmar los ánimos antes de continuar la sesión con reglas que sean respetadas por los asistentes. 

“Lamentablemente, el MAS está convirtiendo los espacios de fiscalización en chacota. El gobernador ni siquiera trajo la documentación de respaldo. Mamani llegó con su grupo de choque que constantemente interrumpía el normal desarrollo de la petición de informe oral”, se quejó el diputado Óscar Balderas (CC).

Al cabo de media hora y pasadas las 13:00 de ayer volvió la calma, pero con la presión de los seguidores de Mamani. La autoridad les pidió mantener la calma durante el desarrollo del acto de fiscalización y solo así se logró recuperar el orden. Tarifa atinó a pedir que no se “discrimine a nadie”.

El caso
Mamani está siendo investigado en la Fiscalía de Potosí por haber contratado de manera directa y sin licitación, la adquisición de esos vehículos por un monto de Bs 20,5 millones. La empresa, Estefals Logistics, sin experiencia en el mercado y con un número tributario NIT “prestado”, se adjudicó ese millonario contrato. 

Además, una comisión técnica de la Gobernación firmó un acta de recepción de esos bienes el 31 de diciembre de 2021, cuando ninguna de las unidades contratadas había arribado al país. Mamani, como representante legal del Gobierno Autónomo de Potosí, firmó la minuta de contrato 215/2021, pero ayer, ante los legisladores, negó cualquier responsabilidad sobre el proceso de contratación y la recepción fraudulenta de las ambulancias. 

Dijo que esa fue una responsabilidad “de otra instancia”, como es el Servicio Departamental de Salud. “Había dos de mis funcionarios en esa comisión, pero ninguno de ellos firmó ese documento”, dijo.

La autoridad potosina incluso mandó a sus interlocutores a leer los informes que remitió con anterioridad sobre el proceso de contratación. “Me remito a la resolución administrativa, está en su poder. Ahora, si no ha sido leída es otro tema”, manifestó con ironía.

El diputado Guevara, uno de los peticionarios, tuvo que recordarle a la autoridad que la naturaleza de su comparecencia era “brindar un informe oral” y le pidió que se apegue al reglamento de la Cámara de Diputados. Solo después de esa aclaración, Mamani leyó las respuestas a las preguntas. 

 “Existe una instancia, una autoridad competente que valorará nuestras acciones que con seguridad tomará alguna acción. No me estoy excusando en mis funcionarios y si tenemos un grado de responsabilidad serán ellos quienes sancionen”, afirmó Mamani, quien aseguró que no se erogó “ni un peso” en la compra de las ambulancias para su región.

La autoridad se refirió de este modo a las indagaciones de la Fiscalía y un pronunciamiento de la Procuraduría que sugirió acciones penales sobre esta gestión. 

Por el caso, Humberto Huanca, el dueño de la empresa Estefals Logistics, es el único detenido, aunque por un proceso iniciado por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), vinculado con un supuesto enriquecimiento ilícito.

Según un informe de seguimiento enviado por la Defensoría del Pueblo a pedido de EL DEBER, hay cinco procesos contra Huanca y dos contra el gobernador. Además, la Fiscalía de Potosí pidió en febrero 60 días para la investigación, un plazo que venció.