La legisladora indicó que el Comité Cívico Potosinista presentó una denuncia por el caso de la compra irregular de ambulancias ante la Fiscalía, entonces el Ministerio Público dispone los insumos que requería para iniciar la investigación correspondiente y llegar a la verdad de los hechos.

20 de enero de 2022, 9:27 AM
20 de enero de 2022, 9:27 AM

El 14 de enero, una investigación de EL DEBER reveló la existencia de notorias irregularidades en el proceso de compra de 41 ambulancias en el departamento de Potosí; aunque las mismas figuraban como entregadas a la Gobernación, estas unidades no ingresaron físicamente y por eso fueron consideradas “fantasmas”. Tras conocerse estos hechos, el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, decidió anular la compra de los motorizados mientras dure el proceso de investigación. Este caso ha afectado su imagen, según la asambleísta de oposición Azucena Fuertes.

La asambleísta regional, en entrevista con EL DEBER Radio, indicó que el Ministerio Público ya cuenta con los insumos que requería para iniciar la investigación correspondiente debido a que el Comité Cívico de Potosí ha presentado una denuncia por este caso ante la Fiscalía. Dijo sentirse contenta porque las denuncias ciudadanas hayan sido escuchadas y espera que se haga justicia.

“Hemos recibido esta noticia con satisfacción tomando en cuenta que se constituye un logro de un control social ejercido, primero desde el periodismo, reconociendo que el hallazgo de la investigación corresponde a EL DEBER, y a la fiscalización realizada de modo permanente por los reclamos ciudadanos”, destacó Fuertes.

El gobernador Mamani, tras un análisis que realizó con sus asesores admitió falencias en la operación de compra. “Se ha podido advertir errores y omisiones administrativas de las cuales nosotros nunca hemos sido parte”, aseguró anticipando procesos a los servidores públicos de su administración porque “se juega el prestigio y la imagen de la Gobernación de Potosí” y de él.

Fuertes considera que “no son solo errores” como Mamani había manifestado, sino más bien delitos. Asegura que fue el mismo gobernador quien firmó el contrato de Bs 20,5 millones para la compra de 41 ambulancias que nunca llegaron al departamento potosino.

“La ley lo identifica como máxima autoridad ejecutiva al gobernador y es él quien ha firmado el contrato, ahora está en manos de la justicia investigar estas irregularidades”, señaló.

Además, afirmó que la credibilidad del gobernador ha bajado tanto en la ciudad como en el área rural debido los alcances de este supuesto hecho de corrupción.

“La gente está expectante de qué va a hacer porque fue él, por iniciativa propia, quien anunció que, si se encontraba alguna irregularidad en este proceso,  renunciaría a su cargo. La gente está expectante respecto a cuánto valor tiene la palabra de la primera autoridad del departamento de Potosí”, agregó la asambleísta.

Vea la entrevista completa: