El Gobierno apunta al Chapare y la Fiscalía reporta droga en Beni

La administración del presidente Luis Arce intensificó en marzo los operativos antinarcóticos en el trópico de Cochabamba, donde esta la sede del conglomerado sindical de las Seis Federaciones, una organización dirigida por el expresidente Evo Morales. Desde esa organización perciben que hay una tendencia gubernamental que apunta a la región, pero con motivaciones políticas. El Ministerio de Gobierno lo niega.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) han intervinido, desde comienzos de este mes y de manera progresiva en el área de influencia de 11 sindicatos cocaleros en los municipios de Shinahota y Villa Tunari. Se destruyó allí 25 fábricas activas de pasta base de cocaína. Los agentes hallaron un total de 5.800 litros de ‘agua rica’, equivalente a una concentración de 219 kilos de cocaína, informó el Viceministerio de Defensa Social y de Sustancias Controladas.

Además, la Felcn ejecutó al menos nueve operativos en esas provincias de Cochabamba durante las primeras dos semanas de marzo, donde se incautó de marihuana, pasta base de cocaína e insumos para la elaboración de esta sustancia. La afectación fue de un millón de dólares.

Y suman más acciones. Hace unos tres días, en el cuartel de Chimoré, ubicado a dos kilometros del cuartel general de Evo de Lauca Ñ, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo lanzó el plan de fortalecimiento de lucha contra el narcotráfico. La autoridad presentó un lote de armas modernas los helicópteros SuperPuma reparados que habían estado parados por varios meses, así como un UH-1. Estos equipos están destinados a enfrentar al narcotráfico, según se informó.

A su turno, la Fiscalía del Beni informó, también esta semana, que participó en operaciones antidrogas. Estas acciones no se dieron a conocer desde el Ministerio de Gobierno, como sucede con los operativos en el Chapare. Eso sí, estos reportes paralelos fueron emitidos tras las dudas expresadas por Del Castillo sobre la Fiscalía en la confiscación de siete toneladas de droga en Oruro.

Se trató de dos contenedores de chatarra que estaba contaminada con cocaína. El alijo vino de Santa Cruz para enviarse a Bélgica.

Del Castillo dijo que el fiscal de Oruro, Aldo Morales, pudo filtrar información a los medios de comunicación, lo que permitió que el propietario de la droga huya del país por la fronteriza con Brasil rumbo a Estados Unidos (EEUU).

El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, intervino. Defendio a su colega Morales y aseguró que “la explicación fue clara y concreta” donde “no hubo ninguna filtración de información”. Acto seguido, el Ministerio Público del Beno informó que Grupos de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE- Oriente) llevó a cabo el 17 de marzo en la estancia Dos Hermanos, en el l municipio de Santa Ana del Yacuma, un operativo donde hallaron una pista clandestina y una vivienda.

Tras realizar el rastrillaje en el lugar, los uniformados hallaron a 500 metros una carpa verde que tapaba 10 bolsas de yute que contenían paquetes tipo ladrillos con clorhidrato de cocaína. Se cuantificó 315.950 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Tras el impasse, la Fiscalía ni el Gobierno volvieron a referirse a esta temática y hay versiones de un acuerdo entre las entidades.

“Debe existir una política global”

El director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), Franklin Alcaráz, consideró que desde el Estado no existe la misma intensidad de operativo policial antinarcótico en Beni como en Cochabamba.

“Hay que tener en cuenta que ni la Policía, la Felcn ni el Gobierno tienen un plan coordinado, ni un plan a largo plazo de combate al narcotráfico. No hay una carga sistemática dentro del Beni ni en el norte de Santa Cruz ni de las áreas protegidas”, afirmó Alcaráz.

Sostuvo que la carencia de operativos en Beni como del oriente boliviano se da porque está controlado por dos organizaciones criminales del Brasil, el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Además, reveló que existe una “zona roja”, donde los brasileños la denominan la ‘ruta Caipira’, donde transita cocaína que va desde Perú, Brasil, Pando, Beni, Santa Cruz hasta llegar al Paraguay. “La reacción que se produce en el país parece ser mucho menor a la que realizan en países vecinos como Paraguay, Brasil, ahí se encuentra droga boliviana más que en el propio Estado”, remarcó.

El especialista percibe que disputa entre ‘arcistas’ y ‘evistas’ impacta en la lucha antidroga. Consideró que fue “llamativa la reacción inmediata” del senador Leonardo Loza tras la presentación en Chimoré del plan de fortalecimiento contra el narcotráfico. El legislador calificó esa acción como provocadora, aunque Del Castillo no mencionó a los cocaleros como parte de las organizaciones criminales, según anotó Frankin Alcaráz.

Loza, cercano a Evo, expresó que el Gobierno nacional “miente al pueblo boliviano” con la lucha contra el narcotráfico, en primer lugar —dijo— por catalogar al trópico cochabambino como ‘zona roja’. Cuestionó así a Del Castillo por el impasse que tuvo con la Unión Europea (UE). El organismo internacional negó que aporte recursos para la compra de armas y contradijo al Ministro. Luego, desde su despacho, se aclaró que el material bélico se compró con “recursos propios”.

“El Gobierno esconde grandes cosas, lamento que la lucha contra el narcotráfico sea usada igual o mejor que en tiempos neoliberales para amedrentar a los productores de coca. Seguro que los narcos se ríen de las políticas del Gobierno”, indicó Loza.

La criminóloga Gabriela Reyes señaló que hay una polarización en el combate contra el narcotráfico, puesto que los datos de 2023 muestran un incremento de operativos en Cochabamba, con relación a Santa Cruz, “dejando a la región del trópico como el epicentro del narcotráfico”.

De acuerdo con datos colectados, el 2023 cerró con 2.532 operativos en La Paz; 2.222 en Cochabamba; en Santa Cruz 1.336, Tarija con 1.313 y Beni solo 1.008.

La especialista ve una “protección al narcotráfico por parte del Gobierno”, porque no se reporta con frecuencia la captura de “peces gordos” del tráfico de sustancias controladas y la desarticulación de clanes familiares.

“En Beni se ven varios casos de transporte de droga vía avionetas, clanes familiares operando como los Lima Lobo, Castedo-Candia. Los asesinatos no se resuelven, los chicos pilotos que fallecen no se sabe si por ajuste de cuentas o por accidente”, concluyó la profesional consultada.

En el encuentro 67 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, manifestó que “la problemática de las drogas no corresponde a un solo país o de una región, sino del mundo entero en el que intervienen países productores, de tránsito y consumidores, por tanto, urge la necesidad de trabajar de manera conjunta integral y equilibrada entre todos los países para hacer frente al flagelo”.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, llega el 21 de marzo a la base aérea de Chimoré donde entregó armas, insumos y helicópteros