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El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, denunció este sábado que los instructivos del Órgano Judicial, referidos a control jurisdiccional en cuarentena, privaron del acceso a la justicia a muchos bolivianos y paralizaron las investigaciones de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia sobre los casos de corrupción del gobierno de Evo Morales y, como consecuencia, se levantó la detención carcelaria de varios acusados.

“Los juzgados permanecen cerrados por más tiempo que otras instituciones pese a la flexibilización de la cuarentena, eso obstaculizó las investigaciones. El TSJ es responsable de que los acusados de corrupción en el gobierno de Evo Morales, implicados en pérdidas millonarias para el Estado, estén siendo liberados u obteniendo detención domiciliaria por falta de avance en las investigaciones, como Nemesia Achacollo”, expresó Melgar, según un comunicado oficial.

Puso como ejemplo el caso del juez primero anticorrupción, Alan Zárate, que “de manera arbitraria, oficiosa, e ilegal cesó la detención preventiva de Achacollo”, cuestionó.

 “Expresamos nuestra preocupación por la falta de respeto a la ley y condenamos este accionar ilegal que frena el trabajo que estamos realizando para la recuperación de recursos de todos los bolivianos”, resaltó el viceministro Melgar.

El TSJ determinó mediante la circular 042/2020 suspender desde el 23 de marzo el tratamiento de casos anteriores a la cuarentena, medida que el Gobierno nacional flexibilizó desde el 1 de junio. A pesar de que otras instituciones, como la Fiscalía, retomaron sus actividades, los juzgados continuaban cerrados impidiendo el avance de las investigaciones de casos de corrupción, como el del Fondo Indígena, que causó un daño económico de $us 170 millones.

EL DEBER publicó hoy que Zárate tiene otras cuatro resoluciones que favorecieron a exautoridades y dirigentes del MAS, en una de ellas admitió un inmueble a cambio de una fianza de Bs 350.000 señalada por él mismo para que el exministro de Gobierno, Carlos Romero, pueda obtener la detención domiciliaria y salir de la cárcel de San Pedro. 

También permitió la salida de la cárcel y dio medidas sustitutivas al exministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, y al vicepresidente del MAS, Gerardo García. Además, dio libertad pura y simple a Felipa Huanca, implicada también en el escandaloso caso del Fondo Indígena.