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El Gobierno aceptó destrabar la ayuda humanitaria de Bs 100.000 para las familias de las personas que fallecieron en el puente Huayllani de Sacaba, en Cochabamba, y en el barrio de Senkata de El Alto, durante la crisis política de 2019.

Así lo informó David Inca, representante de los afectados de Senkata y presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto. Precisó que el diálogo es por “tiempo y materia”, es decir, hasta agotar los 20 puntos de un pliego petitorio.  

El activista explicó que “existen avances” en el diálogo con la ministra de la Presidencia María Nela Prada, pues tras una evaluación la autoridad aceptó “acelerar el tema administrativo” de manera que esos recursos se desembolsen. “Todo esto es para beneficiar a las víctimas”, dijo.

Esta ayuda humanitaria, que incluye ayudas de hasta Bs 50.000 en favor de los sobrevivientes que hubieren quedado heridos, fue establecido en el Decreto 4176 que fue firmado por la expresidenta Jeanine Áñez. Esa norma reemplazó a otra que se había aprobado en diciembre.

“Hay distintos grupos de víctimas y hemos ido avanzando en todo el tratamiento integral y una demanda de justicia que han expresado nuestros hermanos”, sostuvo más temprano la ministra Prada.

Además de la asistencia humanitaria, las víctimas demandan becas de estudios universitarios para las familias que quedaron afectadas, además de una renta de Bs 5.000 por mes para los familiares de heridos y fallecidos, además de puestos de trabajo en el Estado.

En el sexto punto del pliego, las víctimas demandan que se autorice el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Áñez, pero esa vía fue descartada por el MAS que debe propiciar la autorización de ese proceso en la Asamblea Legislativa.

No obstante, el partido gobernante no tiene ese apoyo político y debe consensuar con el resto de las fuerzas políticas con representación en ese Órgano del Estado.

En el pliego, también existe el pedido de que los procesos contra policías y militares se desarrollen con prontitud, además se solicita que los que participaron en los días de los luctuosos hechos sean dados de baja.

En Sacaba murieron 10 personas el 15 de noviembre de 2019, un número similar perdió la vida en Senkata el 19 de noviembre de ese año, tras la intervención militar en ambos sitios donde se produjeron protestas contra el gobierno de Áñez.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que en ambos casos se produjo una “masacre” por el uso de fuerza letal de efectivos militares y policiales.

Mientras se desarrolla el diálogo entre las víctimas de esos hechos violentos y el Gobierno, varias familiares de las víctimas instalaron una vigilia en cercanías de la Plaza Murillo. De llegar a un acuerdo, se prevé que en la firma del documento participe el presidente Luis Arce.


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