El Gobierno del presidente Luis Arce optó por mantener la burocracia institucional “de acompañamiento” a la demanda marítima y la defensa de las aguas del Silala, dos causas nacionales que derivaron en juicios internacionales contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Ambos litigios concluyeron entre 2018 y 2022 con fallos que no fueron favorables a la postura del país.

En la partida de gasto corriente del presupuesto del General del Estado reformulado por eso aún figura un gasto de Bs 7 millones para mantener vigente la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar). La entidad, según el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, es la responsable de “avanzar hacia el retorno al mar y puertos soberanos en el Océano Pacífico y defender las aguas del Silala y los recursos hídricos compartidos”.

Aunque animó a retomar la negociación bilateral, en 2018, la CIJ declaró que Chile “no tenía obligación de negociar una salida al mar”. A fines de 2022 dijo que el Silala tiene un cauce internacional ante la contrademanda del país que demandó que declare un manantial.

El diputado José Luis Porcel, de Comunidad Ciudadana, (CC) es parte de la Comisión de Planificación, la instancia legislativa que acaba de enviar al pleno el proyecto del Presupuesto Reformulado adicional de Bs 5.422 millones. Este documento debe ser aprobado en estos días, antes de que se considere el plan de inversiones y gastos de 2024.

“No es coherente que se gasten más de siete millones para la defensa del Silala y el mar, cuando lo único que tenemos de estos procesos son toneladas de tela de la bandera de reivindicación”, reclamó el legislador. Cuestionó que gastos así suman más de Bs 200 para pagar sueldos y salarios.

Diremar anunció en su más reciente rendición de cuentas que está en un proceso de socialización del fallo de las aguas del Silala y el personal de esta entidad participó de los desfiles de homenaje a la defensa de Calama que se realiza 23 de marzo de cada año.

En enero entró en vigencia el presupuesto anual de Bs 243.950 millones. Este reformulado representa un incremento del 2% dijo el presidente de la comisión, Omar Yujra (MAS), quien destacó las inversiones que se tienen previstas en favor del Plan de Desarrollo.

El presupuesto también incluye préstamos internacionales.