El Gobierno pagará por decreto a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos

El Gobierno de Luis Arce optó por el pago de resarcimiento económico a las víctimas de violación de derechos humanos a través de decretos supremos que autorizará el desembolso de recursos de las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN), y será la Procuraduría General del Estado (PGE) la encargada del pago por soluciones amistosas.

“La asignación de recursos adicionales del Tesoro General de la Nación en favor de la Procuraduría General del Estado, para el cumplimiento de las obligaciones que el Estado asuma en Acuerdos de Solución Amistosa, suscritos previa recomendación del Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en Materia de Derechos Humanos CESADH, es autorizada mediante Decreto Supremo”, señala la disposición transitoria quinta del proyecto de Ley de presupuesto reformulado en la Cámara de Diputados.

En mayo de este año, EL DEBER publicó los 21 casos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió en los últimos tres años. Esa admisión de parte del ente internacional abre un periodo de “solución amistosa”, que significa que ambas partes, Estado demandado-víctima, pueden alcanzar un acuerdo. Asimismo, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió tres fallos, dos de los cuales implican el desembolso de recursos para el pago a los demandantes.

El presidente de la comisión de Planificación Económica, Omar Al Yabhat (MAS-ala ‘arcista’), informó que el proyecto de reformulación del presupuesto fue remitido al pleno porque la comisión aprobó el documento sin observaciones. Aunque el documento no está inscrito en la agenda semanal que publica este cuerpo legislativo para su tratamiento.

El diputado de la alianza opositora CC y abogado constitucionalista, Carlos Alarcón, precisó que una norma como la reformulación del presupuesto no puede incluir el pago de resarcimiento porque es un proyecto administrativo sobre los gastos del Estado.

“La ley de presupuesto es un acto administrativo con forma de ley, estima y calcula los ingresos, los egresos, las deudas, los gastos del Estado, tanto a nivel nacional como subnacional, o las entidades públicas, pero no es una norma sustantiva que defina derechos, obligaciones o situaciones jurídicas nuevas, es un exceso lo que están planteando”, reclamó el legislador.

Los pagos

Hasta el momento Bolivia fue notificada con fallos de la misma Corte IDH. El del exmayor de Policía Blas Valencia; de las hermanas Flores Bedregal y el caso conocido como Brisa. Los dos primeros se conocieron en enero de este año y el Estado está obligado a reparaciones pecuniarias. En el tercer caso, rotulado como, o “Angulo Losada vs. Bolivia”, no existió reparación económica por renuncia expresa de las víctimas.

El fallo internacional establece remuneración económica para las hermanas Olga Beatriz, Verónica, Eliana Isbela y Lilian Teresa Flores Bedregal, cometidos en el marco de los procesos judiciales y administrativo en la búsqueda del esclarecimiento de la desaparición de Juan Carlos Flores Bedregal ocurrida durante la dictadura de Luis García Meza.

Para Blas Valencia y otras 25 personas, la Corte IDH también dictó medidas económicas, montos que van desde los $us 10.000 hasta los $us 65.000. El monto más alto, es para una mujer que abortó a causa de la violencia que sufrió por parte de la Policía. Recibirá una indemnización de $us 40.000. El expolicía Blas Valencia recibirá un monto de $us 20.000.

La ley

El pago por soluciones amistosas está previsto en la Ley de Conciliación y Arbitraje (Ley 708) que fue promulgado en mayo de 2015 cuando varias víctimas de violación de DDHH acudieron al sistema interamericano para denunciar la violación de sus derechos.

“El Estado Plurinacional de Bolivia podrá suscribir acuerdos de solución amistosa en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conforme al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que esto implique un reconocimiento de responsabilidad internacional”, señala el artículo 135 de esta ley.

Sin embargo, la misma fue modificada dos años después, en la que hacía constar que se excluía de estas negociaciones a las personas que hubieran atentado contra la unidad del país, dirigida a los acusados del caso terrorismo.

“Quedan excluidos de la aplicación del presente artículo y, por lo tanto, no pueden ser objeto de Acuerdo de Soluciones Amistosas en materia de Derechos Humanos, los casos o peticiones en los que la parte peticionaria hubiese cometido actos relacionados con delitos que atentan contra la unidad del país”, señala el texto modificatorio.

Rechazo

EL DEBER se contactó con algunas de las víctimas que demandaron al Estado. En algunos casos las autoridades de la Procuraduría no se pusieron en contacto con ellos; en otros, las víctimas rechazaron cualquier solución amistosa con el Gobierno y prefieren esperar los plazos para llevar al estado ante la Corte IDH

La exministra de la desaparecida Corte Suprema de Justicia Rosario Canedo tiene un proceso contra el Estado por el caso del exprefecto Alberto ‘Chito’ Valle. La demanda fue presentada en 2008; la resolución de admisión de la CIDH fue en agosto de 2022.

“El Estado boliviano cuando contestó el informe de admisión de mi demanda propuso que se podría llegar a una solución conmigo, yo les dije que ni hoy, ni mañana, ni nunca voy a llegar a una solución acordada con este Estado violador de mis derechos humanos”, dijo la exmagistrada. Señaló que ella está resuelta a llegar hasta la Corte IDH para denunciar al Estado.

Otro caso es del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien acudió a la CIDH por el juicio que le instauró el Gobierno de Evo Morales por los hechos de Porvenir en 2008. El abogado Karlo Brito, quien presentó su caso en febrero de 2009 explicó que ellos sí fueron notificados por la CIDH y el Estado propuso negociar.

En el caso del actual presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, su abogado, Gary Prado Arauz, informó que no fueron contactados por el Gobierno porque deben pasar a la fase del informe de fondo que debe emitir la CIDH, tal como sucedió con el caso Michael Dwyer y Elod Toaso.