El Gobierno pide dos años más para cumplir tratos con la CIDH sobre la crisis de 2019
Los afectados de Senkata y Sacaba reclaman celeridad en la justicia. Se sienten desplazados porque las autoridades toman decisiones sin consultarles
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que solicitará dos años más para cumplir con las 36 recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe final sobre la crisis política que sufrió el país en 2019. Ante ello, las víctimas de Senkata y Sacaba expresaron su molestia porque es una propuesta que no fue consultada con los beneficiarios.
“Es muy preocupante esta noticia del ministro. Hemos dicho muy claro que primero deben consultar a nosotros, pero de esto no hablaron con nosotros porque es mucho tiempo”, lamentó el representante de las víctimas de Huayllani, Roberto Jukumari, en contacto con EL DEBER.
Mientras, el activista de derechos humanos de El Alto, David Inca, dijo que ya son casi dos años de las muertes y aún no hay justicia. Observó que el Gobierno se ocupó de impulsar un juicio político en contra de la expresidenta Jeanine Añez y no contra los militares que dispararon a los alteños.
Inca, quien acompaña a los afectados de 2019, también informó que solicitaron a Bruce Barnaby, emisario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se cumplan las 16 recomendaciones iniciales que se hizo al Estado cuando Paulo Abrão visitó el país.
El martes, el ministro Lima explicó que el informe del GIEI tiene dos aristas: Una es la forma estructural y, la otra es la mesa de seguimiento a las recomendaciones. En esta última es donde solicitarán la ampliación para tratar los asuntos de racismo y discriminación, por eso presentarán la solicitud.
“Varios temas del informe implican aspectos tan relevantes como el racismo, una de las causas de la crisis de 2019. De acuerdo al informe del GIEI, (una de las causas) es el grave discurso de odio que se ha presentado en ese tiempo. Tendremos que trabajar más de dos años, hay temas estructurales de derechos humanos en 2019 que requiere un compromiso de largo plazo. Por eso, de acuerdo a la firma que tuvimos de dos años, podría ampliarse a cuatro años”, adelantó.
Por su parte, el viceministro de Justicia, César Siles, admitió la demora en el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI y la falta de reparación para las víctimas. Argumentó se retrasó porque la ley adoptará una política que alcance también a las víctimas de las dictaduras.
