El Gobierno quiere la pena máxima para Nallar y juzgado es intervenido

Reacción. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que pedirá la pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto para Misael Nallar, el principal acusado del asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip.

El anuncio se produjo a 10 días del crimen que destapó dudas sobre un posible encubrimiento policial al narcotráfico y de nuevas tensiones políticas al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

“No tenemos nada que ocultar y vamos a seguir trabajando de manera transparente. Felicitamos a la institución Verde Olivo, exceptuando a algunos malos efectivos policiales. La Policía Boliviana quiere saber realmente lo que sucedió y vamos a hacer lo que, además, está pidiendo el pueblo boliviano; vamos a buscar justicia. Esos 30 años sin derecho a indulto es nuestra meta, es lo que corresponde”, afirmó Del Castillo en un acto en el que no estuvo presente el comandante general de la Policía, el general Jhonny Aguilera.

Mientras esto sucedía en La Paz, en Santa Cruz de la Sierra, el Consejo de la Magistratura materializó una intervención al Tribunal Séptimo de Sentencia, la entidad judicial que favoreció a Nallar con un recurso de libertad favorable y que pudo viabilizar su traslado de Chonchocoro a penal de Palmasola. Esa acción legal se activó durante el fin de semana, pocas horas después que el sospechoso fuera remitido a prisión.

La intervención estuvo dirigida por el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, quien llegó desde Sucre junto a la consejera por Santa Cruz, Laura Céspedes, así como integrantes de su equipo legal. La comisión retiró expedientes, actas, grabaciones y otros para hacer un análisis de los actuados del juzgado respecto al caso Nallar. Anticiparon que existen “varias irregularidades”.

Entre las observaciones está, precisamente, el “tiempo récord” con el que actuó ese juzgado. Instalada el viernes 25 de junio, la vista judicial que determinó la detención de Nallar terminó durante las primeras horas del sábado. Para ese momento, la defensa de Nallar ya había interpuesto la demanda y el tribunal emitió su dictamen a las 21:00 del sábado.

Asimismo, se detectó que el tribunal no tomó en cuenta documentos de votos resolutivos de reclusos de la cárcel de Palmasola que se oponían a que Nallar sea recluido en ese recinto, pues lo consideraron persona no grata.

La comisión inició acciones disciplinarias contra los jueces del tribunal séptimo de sentencia y, en función de las investigaciones, existe la posibilidad que el caso sea derivado a la justicia penal.

En todo caso, el procedimiento de intervención fue declarado de “alta prioridad”, en medio de una escalada de críticas dirigidas al Ministro de Gobierno y al mando policial que divulgó más de dos versiones sobre el crimen que tuvo lugar en el municipio cruceño de Porongo el pasado 21 de junio. 

El juzgado observado estuvo integrado por los magistrados Freddy Coronel, Janeth Paniagua y Claret Llanos. La disposición estableció que el juez cautelar de La Guardia, Roberto Vedia, dicte nuevo un fallo y que se fundamente en qué se basó, exactamente, para ordenar el traslado de Misael Nallar al penal paceño de Chonchocoro. La decisión ya fue anulada tras la apelación del Órgano Ejecutivo y la reconsideración del caso por el tribunal de La Guardia.

Nallar es yerno del ciudadano boliviano Einar Lima Lobo, quien cumple una sentencia de 14 años de prisión en Brasil por delitos de narcotráfico. Tras la ratificación de la medida cautelar, el acusado deberá permanecer recluido por 180 días hasta que la Fiscalía oficialice la acusación por el delito de asesinato. Este cargo es sancionado con 30 años de prisión, según los artículos 251 y 252 del Código Penal. Se trata de la pena máxima aplicada en el país. 

La defensa del acusado alegó desde “problemas de salud” hasta vulneración de derechos del imputado para revertir la decisión que viabilizó su traslado a La Paz. 

Además de Misael Nallar, el colombiano Esteban Beltrán Muñoz y Rodrigo González son los principales implicados en el asesinato de los policías Eustaquio Olano, Alfonso Flores Chávez y del voluntario del Gacip, José David Candia Orozco. Los uniformados fueron ejecutados por armas largas de uso militar, tras un altercado con Nallar y sus supuestos guardaespaldas, ciudadanos colombianos sin un registro migratorio de ingreso a territorio nacional.

Desde el oficialismo y bajo la mirada de varios expertos en temas de seguridad, el caso está vinculado con el narcotráfico. Las propiedades, el uso de armamento y la forma en la que se organizó la custodia de Nallar están bajo la lupa. Eso sí, la Fiscalía anunció una demanda por el delito de acumulación de ganancias ilícitas.

En tanto, Policía aún no esclareció el móvil del crimen. Ayer, el ministro Del Castillo destacó la investigación policial que señala a Nallar como principal responsable, pero no precisó sobre las probables razones que motivaron el crimen. Un altercado entre los acusados y los policías, además de la activación de gas lacrimógeno están entre las evidencias que presentó la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Además, la unidad anticorrupción de esa fuerza policial secuestró esta semana los bienes de Nallar, entre los que se cuenta una veintena de Teryx, unos vehículos todoterreno usados para competencias y el entretenimiento. El fiscal Alexander Mendoza avaló estas acciones que están incluidas en el proceso de legitimación de ganancias ilícitas.

El ministro Del Castillo indicó ayer que sobre Nallar pueden sumarse delitos de narcotráfico, aunque no dio mayores detalles. “Todos y cada uno de los elementos que vayamos consiguiendo dentro de esta investigación que aún, de manera inicial, es preliminar va a ser de conocimiento de todo el pueblo boliviano a través de los distintos medios de comunicación”, aseguró y, por primera vez desde que se produjo el asesinato, no descartó la posibilidad de que policías sean investigados.

“Si existe algún efectivo policial que se anime a involucrarse en temas de narcotráfico le espera la cárcel. Aquí no vamos a proteger a nadie”, aseguró, aunque también lo hizo para responder a las críticas que llegan desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), que presionan para que el comandante Aguilera sea removido del cargo.

“El pueblo boliviano reclama una Policía que luche contra el delito y no que aparezca involucrada con los delitos; una policía que persiga a delincuentes y no que los libere. Lamentamos que por algunos malos policías, la institución del orden ahora sea blanco de ataques políticos”, señaló el jefe del MAS, Evo Morales, quien durante había logrado varias adhesiones al interior de su partido. 

De hecho, el senador Leonardo Loza (MAS) había dado por descontado un cambio del comandante en la Policía durante el acto fallido del martes por la noche, en un momento en el que el Comité Cívico pro Santa Cruz logró convocar a una masiva marcha para rechazar el delito del narcotráfico. 

El ministro Del Castillo estuvo fuera del país cuando la Policía enfrento la crisis por el asesinato de tres policías. Esta semana se reunió con los familiares de los caídos. Ayer valoró los resultados de su gestión en materia antidroga que es reconocida en el extranjero.

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