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El Gobierno de Luis Arce decidió convocar a sus organizaciones para poner en vigencia la Ley de Emergencia Sanitaria por la oposición que tiene desde los sectores médicos. Al final del encuentro, la COB y el pacto de unidad emitieron un pronunciamiento en el que exigen la promulgación de la norma y rechazaron las movilizaciones de los médicos.


“Exigir la inmediata promulgación y aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria que establece el control y la lucha contra la especulación, el agio y los abusos a los cuales es sometido el pueblo al momento de ser atendido en establecimientos de salud”, señala uno de los puntos del pronunciamiento que leyeron los grupos del MAS.


En Santa Cruz, el personal de salud cumple un paro de 48 horas y dejó pendiente replicar la medida la siguiente semana; aunque la protesta nació con otras demandas. Mientras que, en La Paz, los trabajadores de salud advirtieron al Gobierno que, de no escuchar sus planteamientos, empezarán las movilizaciones.


“Rechazar firmemente los intentos de atentar contra los derechos a la salud y a la vida mediante la restricción del acceso a los servicios de salud por  intereses mezquinos y politiqueros”, señala el pronunciamiento cobista.


Estas organizaciones dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para que promulgue la polémica Ley que impone restricciones a los médicos. El Colegio Médico de Bolivia aceptó y planteó una redacción alternativa en tres artículos de la Ley; pero algunos colegios departamentales rechazaron ese documento. El MAS impulsó el documento en la Asamblea y ahora solo falta su promulgación por el Ejecutivo.


Aunque los sectores del MAS saludaron y reconocieron la labor de los médicos y trabajadores de salud, acusaron al Colegio Médico de Bolivia de intentar la desestabilización política del Gobierno donde “priman intereses corporativos y privados en desmedro del pueblo boliviano”, expresa otra parte del documento.


Por esa razón los grupos del MAS exigieron la inmediata suspensión de huelgas, paros y todas las medidas que interrumpen los servicios del sistema nacional de salud y  afectan el derecho a los pacientes a recibir la adecuada e inmediata atención médica que se necesita.


El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, pidió al Gobierno convocar a los médicos a una reunión para superar este problema y dijo que el Ejecutivo debe dejar de ver a los profesionales del sector como si fueran delincuentes, cuando su intención es trabajar, pero con las condiciones adecuadas.


Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, dijo que la discusión de la Ley estaba cerrada y que el Gobierno debería promulgarla. El portavoz Jorge Richter dijo que se esperaba llegar a acuerdos con los médicos para poner en vigencia la Ley.


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