El Gobierno rinde examen en la CIDH y hay observaciones por excesos judiciales

El Gobierno del presidente Luis Arce debe rendir un examen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. El evento, que tendrá lugar este viernes, se dará en medio de observaciones por unas 200 detenciones “con motivaciones” políticas y vinculadas con la crisis de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia del país, golpeado por denuncias de fraude electoral y con una presión social ejercida desde las calles.

El ministro de Justicia, Iván Lima, precisó además que ante la CIDH se realizarán dos audiencias, una sobre el trabajo del Tribunal Constitucional y otra sobre matrimonio de menores. En total existen al menos 100 casos relacionados con derechos humanos. Lima advirtió que cada caso tiene tres caminos: Hallar soluciones, entregar más información en otros y también se podría llegar a acuerdos con los peticionarios.

“Esto es algo que analizo todos los días, pero será un momento importante vernos, cara a cara, con las autoridades de la CIDH para revisar todo esto personalmente”, informó el ministro.

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), advirtió que la representación del Gobierno viajará “con el cargo de muchas violaciones al debido proceso, a las garantías constitucionales y con más de 200 presos políticos sobre sus espaldas”. Cuestionó así a la Fiscalía y a los jueces que, en su criterio, “actúan como paramilitares”.

Enumeró casos como los de Jeanine Áñez, del gobernador Luis Fernando Camacho, el del exdirector de Migración Marcel Rivas, quien está dispuesto a morir en el intento de salir de la cárcel, porque denuncia que lo mantienen allí, a pesar de estar absuelto y juzgado con penas menores a los tres años.

“A esto se suma haber dejado de lado las elecciones judiciales y de haberlas congelado generando fallos espurios. Anular las facultades de interpelación en la Asamblea. Todas ellas son señales de autoritarismo que juegan en contra al Gobierno en la CIDH. Hay un sistema judicial totalmente controlado por el poder político que hace estragos con el debido proceso”, manifestó el legislador opositor.

María René Álvarez, diputada de Creemos, coincidió que el Gobierno asiste a una reunión con una muy mala imagen. “Lo que prevaleció en las capacidades gubernamentales, ha sido la persecución, no respetar las garantías y derechos constitucionales de los bolivianos, encarcelar y apresar a todo aquel que piense distinto”. 

Al respecto, Lima respondió que la oposición, a la que se ha unido el jefe del MAS, Evo Morales, y sus seguidores, “lo único que hace es mentirle al país y pensar en sí mismos”. “Las denuncias que no se basan en hechos, en argumentos, en la verdad no nos merecen mayor comentario. No piensan en el bien mayor, que es mejorar la justicia, el respeto a los derechos humanos y los temas que les interesan a los bolivianos”, remarcó la autoridad.

En la última semana, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la ciudad de El Alto, por decisión unánime de sus tres jueces técnicos, se declaró “incompetente” para procesar y juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez, por el caso Senkata. 

Además, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia admitió analizar un recurso de casación presentado por la defensa de la expresidenta Áñez. Aceptó así analizar hechos como la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales y de su exvicepresidente Álvaro García Linera, además de las renuncias en cascada de los presidentes de las cámaras de la línea de sucesión constitucional y no de sus curules.

Ante este escenario, el representante de las víctimas de Senkata, David Inca, dijo que evalúan la presentación de una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Argumenta que el caso ya venció la etapa de la comisión que contó con informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). “No nos interesa que sea golpe o fraude; nosotros queremos justicia y no vamos a promover que se vulneren derechos”, dijo el dirigente.

Evo afirmó que el Gobierno está buscando la liberación de Áñez. En tono de denuncia, escribió un mensaje dirigido a las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron 20 personas en medio de la crisis social de 2019.

El diputado ‘evista’ Gualberto Arispe afirmó que el Gobierno ya trabaja es un mecanismo “de escarbar, indagar y atacar a todo nivel y sin disimulo al MAS y al compañero Evo”. Lamentó que todo lo que ocurre con este caso “demuestra que la justicia está manejada por el Gobierno”. 

El ministro le respondió. “Es inaudito que el diputado Arispe no entienda que en esa fase del proceso no se puede incluir a Morales. Tendría que ser otro juicio que parta de cero. Por eso, lo que plantea el ‘evismo’ es una aberración”, dijo. Sobre el caso del tribunal de El Alto, señaló que quedan recursos en la justicia. “Tampoco se puede incluir a Morales en las masacres de Sacaba y Senkata, así que pueden quedarse tranquilos”, avisio el ministro de Justicia. 

El diputado Marcelo Pedrazas (CC) afirmó que el objetivo del Gobierno es llegar a Washington “con la cara lavada y mostrar falsamente a la CIDH que hay estado de derecho en nuestro país”.

El ministro Lima arguyó que en todo caso, estos dos temas no se verán ante la CIDH. “Hay una recomendación del GIEI y es que las autoridades políticas, en este caso mi persona, no nos pronunciemos sobre aspectos judiciales en trámite. La CIDH es muy cuidadosa de intervenir en casos donde hay aún decisiones judiciales que están pendientes”, explicó Lima.

Pero, el ministro insistió en que su labor es revisar cotidianamente estos casos junto a la Procuraduría. “Llevamos adelante todos los pedidos de ciudadanos a la CIDH. Además, tenemos la Mesa de Seguimiento (Meseg) del informe del GIEI”. El ministro hizo así dos anuncios.

 Primero, adelantó que también se conocerá el informe de los comisionados que visitaron Bolivia a principios de año.
Y segundo, “hay solicitudes de medidas cautelares”. La más cercana a salir ante la CIDH, es la del dirigente de Adepcoca, César Apaza, quien fue detenido por la quema del edificio de la asociación paralela. Fue brutalmente golpeado por policías durante su aprehensión, y pese a que meses después tuvo un accidente cerebro vascular continúa detenido en la cárcel de San Pedro.

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, mediante la cual ésta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave de sufrir daño irreparable. Insta al país a sacar a la persona de prisión, si fuese el caso.

El GIEI hizo 36 recomendaciones. En el informe del Meseg se estableció que Bolivia cumplió solo con dos de las 15 recomendaciones prioritarias respecto a la reparación de daños a las víctimas.

Estos son la abrogación del decreto de “indulto” y segundo, la de “realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación”.Quedan 13 acciones pendientes. Por ejemplo, la “reparación” de las víctimas, la investigación de vulneración de derechos” que están fijados y las “reformas estructurales, institucionales y normativas”, sobre las cuales no se avanzó.

El GIEI, en su informe, aseguró que los jueces no hicieron cumplir el “debido proceso” en 2019, ni después con la exmandataria Áñez. También observó que se le impidió una atención médica adecuada e independiente. El documento también contiene al menos 38 llamadas de atención a la Fiscalía por la falta de valoración adecuada para tipificar las conductas de los procesados. 

Alarcón y Álvarez coincidieron también en que, aunque el Gobierno hubiese manipulado para permitir esos dos logros para mostrar que en Bolivia hay debido proceso, “la evidencia en centenares de casos demuestra lo contrario”.

Los antecedentes de Evo Morales ilustran fielmente lo que puede suceder. Cuando fue presidente en la CIDH hubo una corriente izquierdista que cerraba los ojos a las vulneraciones a los derechos humanos que él cometió.

Ese período llegó a su final. En la CIDH hay un cambio importante y varias señales indican que es un organismo más independiente y estamos en un período en el que está dispuesta a señalar con total transparencia las vulneraciones.

Hace dos años, la CIDH ya observó los debidos procesos y la independencia política. Este es el cambio que hay. Ellos señalaron que en Bolivia no existe independencia del Poder Judicial porque está sometido al poder político.

En ese marco, es muy probable que vuelvan a insistir en este tema del debido proceso. Por otro lado, el Gobierno creo que tendría una opción para intentar demostrar que no es lo mismo que Evo Morales, el vulnerador, y está dispuesto a comenzar a enmendar las fallas cometidas por él y que hacia adelante todo puede cambiar.

El hecho de que se haya aceptado de que Áñez ingrese a un proceso en el marco de juicio de responsabilidades, o lo ocurrido con la casación en el caso Golpe II ya son algunas señales de que en el Ejecutivo hay corrientes que piden que se haga justicia a los muertos, pero que se investiguen todos los aspectos.

Si va por el otro camino, de cerrar los ojos a lo que pasa, seguirá siendo un elemento de erosión de la imagen del Gobierno, especialmente frente a la clase media. No puede asumir una línea de defensa a lo que hizo Morales.

Lo de la captura del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho es ya responsabilidad absoluta del presidente Luis Arce. Pero si él tiende a la línea de transparencia y modifica su actitud, aunque es difícil, porque asumió esa herencia, la de Evo, abrió procesos y encarceló a gente antes de la ruptura con él, ahora puede enmendarlo.

Punto de Vista

Gregorio Lanza
Especialista en mediación de conflictos

"Arce tiene en sus manos enmendar todo"

Los antecedentes de Evo Morales ilustran fielmente lo que puede suceder. Cuando fue presidente en la CIDH hubo una corriente izquierdista que cerraba los ojos a las  vulneraciones a los derechos humanos que él cometió.

Ese período llegó a su final. En la CIDH hay un cambio importante y varias señales indican que  es un organismo más independiente y estamos en un período en el que está dispuesta a señalar con total transparencia las vulneraciones.

Hace dos años, la CIDH ya observó los debidos procesos y la independencia política. Este es el cambio que hay. Ellos señalaron que en Bolivia no existe independencia del Poder Judicial porque está sometido al poder político.

En ese marco, es muy probable que vuelvan a insistir en este tema del debido proceso. Por otro lado, el Gobierno creo que tendría una opción para intentar demostrar que no es lo mismo que Evo Morales, el vulnerador, y está dispuesto a comenzar a enmendar las fallas cometidas por él y que hacia adelante todo puede cambiar.

El hecho de que se haya aceptado de que Áñez ingrese a un proceso en el marco de juicio de responsabilidades, o lo ocurrido con la casación en el caso Golpe II ya son algunas señales de que en el Ejecutivo hay corrientes que piden que se haga justicia a los muertos, pero que se investiguen todos los aspectos.

Si va por el otro camino, de cerrar los ojos a lo que pasa, seguirá siendo un elemento de erosión de la imagen del Gobierno, especialmente frente a la clase media. No puede asumir una línea de defensa a lo que hizo Morales.

Lo de la captura del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho es ya responsabilidad absoluta del presidente Luis Arce. Pero si él tiende a la línea de transparencia y modifica su actitud, aunque es difícil, porque asumió esa herencia, la de Evo, abrió procesos y encarceló a gente antes de la ruptura con él, ahora puede enmendarlo.