El Gobierno tiene 15 días para entregar preguntas del referendo

Las preguntas del referendo propuesto por el Gobierno deben ser entregadas hasta el 1 de septiembre. El Ejecutivo todavía prepara estas consultas con un equipo jurídico a la cabeza del Ministerio de Justicia, pero además hay sectores sociales afines a Evo Morales que quieren consensuar las preguntas de este proceso.

Según normativa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene 90 días para organizar el referendo sobre los tres temas que propuso Luis Arce. Esta consulta se desarrollará el mismo día de los comicios judiciales, que se estableció para el 1 de diciembre de este año.

Con esa fecha oficial, el Gobierno tiene hasta inicios del próximo mes para entregar las preguntas del referendo al TSE. El presidente Luis Arce decidió consultar a la población sobre tres temas: la subvención a los hidrocarburos, la reelección presidencial y los escaños parlamentarios.

“Por normativa, el TSE debe conocer las consultas antes de los 90 días para organizar el referéndum. Si hacemos cálculos, estos corren desde septiembre hasta el 1 de diciembre, que es cuando se llevarán las elecciones judiciales”, explicó el vocal electoral Gustavo Ávila, quien fue designado por el mandatario este año.

Después de la revisión de las consultas por el ente electoral, las preguntas deben pasar un control constitucional y, una vez concluidas estas fases, el presidente Arce puede emitir un decreto supremo para convocar a referendo o la Asamblea Legislativa, previa aprobación de dos tercios, también puede convocar al proceso.

Equipo especial

Un equipo jurídico, a la cabeza del Ministerio de Justicia, avanza en los preparativos para el referendo convocado por Arce. Este grupo está dedicado al análisis de la normativa y la redacción precisa de las preguntas que definirán aspectos importantes para el futuro del país. En la consulta sobre la subvención a los hidrocarburos no hay mucho análisis. En este caso se consultará a la población si está o no de acuerdo que el Gobierno siga pagando la subvención de los hidrocarburos que importa el Estado.

La asesora del Ministerio de Hidrocarburos, Rocío Molina, anunció que la pregunta para la suspensión o no de la subvención a los hidrocarburos, la realizarán en consulta con actores de la sociedad y expertos.

Molina adelantó que no es conveniente que los bolivianos sigan pagando la subvención a los combustibles que en gran parte va destinado al contrabando. “De dos mil millones de bolivianos que pagamos de los impuestos anualmente para subvencionar los combustibles, 800 millones de dólares se van al contrabando y mercado negro” detalló Molina.

La funcionaria dijo que un equipo especializado de autoridades elabora la pregunta para el referendo sobre la subvención de hidrocarburos. Molina agregó que la consulta pasará por distintos protagonistas de la sociedad para que sea aprobada y sea empleada en el referendo.

Lo más seguro es que el Gobierno emita un decreto supremo para convocar al referendo constitucional y enviar las tres preguntas al TSE. Luego se hará un análisis, revisión y control de las preguntas por parte el ente electoral, instancia “que puede modificar el contenido de las mismas, puede precisarlas o incluso puede rechazar las preguntas”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.

Otro paso consiste en remitir todo el expediente con las preguntas y sus informes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y si el procedimiento es validado tras un control de constitucionalidad, éste devolverá al TSE el documento con las preguntas para que organice el referendo, que será el mismo día de la elección judicial.

En el caso específico de la reelección presidencial, el ministro Lima explicó que esta consulta tiene un carácter constitucional y con ello se busca dar la “última palabra al pueblo”.

Sobre la consulta de los escaños en la Asamblea Legislativa, la autoridad explicó que tiene relación con un límite constitucional y que el artículo 146 de la Constitución Política del Estado establece que sean 130 escaños, límite que podría constituirse como una “camisa de fuerza que impide ampliar la cantidad de parlamentarios para los departamentos”, con miras a los resultados del censo 2024.