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El Ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, aseguró que las 152 personas que tienen más de Bs 30 millones están dispuestas a pagar el impuesto a las grandes fortunas, y sólo piden que se guarde su identidad. La oposición responde que recauda muy poco y que el Gobierno insiste porque busca hacer ‘politiquería’ y consolidar su modelo socialista.

El motivo de la discordia es el impuesto a las grandes fortunas, una norma que fija una alícuota anual a las personas -no a las empresas- que tengan ahorros o bienes por más de Bs 30 millones. Así, por ejemplo, una persona con un patrimonio de alrededor de $us 4,3 millones, luego de descuentos por pago anticipado, tendría que entregar al estado unos $us 49.000 cada año.

La norma fue aprobada con modificaciones en el Senado. El proyecto original señalaba que solamente se pagaría por dos gestiones, pero los senadores no se pusieron plazos. Otra modificación es el pago adelantado. “Vamos a evaluar si realizaremos un descuento adicional. Aparte de que si es que se abona en el tramo concreto habrá un descuento efectivo”, subrayó Montenegro.

El impuesto se realizará a las personas naturales, no a las empresas, “y las tasas que se aplicarán estarán muy por debajo de lo que es el promedio en varios países”, explicó el ministro. “Por ejemplo, el promedio de alícuotas máximas que se cobran en otras partes del mundo están por arriba del 1,5%, nosotros estaremos en el 1,20%, que es una tasa relativamente cercana al promedio, pero por debajo”, añadió.

Además, informó de que en Colombia y otros países de la región, este impuesto llega a las personas que tienen un millón de dólares, “en Bolivia deberán pagar aquellos que tengan más de Bs 30 millones, es decir, más de cuatro millones de dólares”.

La autoridad aseguró que se pretende recaudar Bs 100 millones “y la idea es que nuestro sistema tributario tenga más progresividad, porque ello permitirá que los que tengan más, aporten más”. El impuesto será aplicado a través de una declaración jurada, determinada y pagada anualmente.

El economista José Alberti consideró que ponerle más “impuestos a los ricos” siempre es algo que cae bien en la narrativa popular en el pensamiento de la corriente, pero, “lo que no sabe la gente que no conoce las leyes de la economía es que este impuesto ha demostrado que no ha tenido sus efectos ni tampoco esos impactos importantes en cuanto a las recaudaciones”, dijo Alberti. 

De hecho, según los cálculos, llegará a menos 0,1% de la población, pero no se recaudará ni el 1% del PIB. “Entonces, el impacto no será importante, es mejor promover la producción y hacer otro tipo de políticas”, sugirió.

Los economistas consideran que el aporte del impuesto no lo justifica, y los políticos lo sostienen. El diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, comentó que el Presupuesto General del Estado establece un monto agregado es de 295 mil millones de bolivianos. “El consolidado es de 228 mil millones”, acotó.

De ese monto, 48 mil millones son ingresos tributarios. Este impuesto que impulsa el MAS, como dijo el Ministro, solamente recaudará Bs 100 millones.
El diputado manifestó que no es sustantivo, “por lo tanto yo lo llamo politiquería, demagogia, populismo”, aseguró.

Consideró que la progresividad en el pago de impuestos, que a su criterio se basa en que si uno gana Bs 10 debe pagar bs 1 y el que gana 1.000, Bs 100. Al segundo le quedan Bs 900 para vivir, y a quien tiene menos recursos sólo Bs 9.
Podría pagar 20 o 30%, por eso a mí me deberían cobrar progresivamente más. Pero, en este impuesto, quien tiene más debiera pagar más impuestos por su casa, y lo mismo al vehículo. Pero ambos tienen facultad municipal, y eso implicaría quitarla y llevar esa arca a la Plaza Murillo”, acotó Roca.

El otro tema es la mala señal, porque cobra en función de patrimonio y no a utilidades. “Puede tener un patrimonio que no genera liquidez, como la casona de la abuela. Al final, perderá ese bien. No hay impuestos progresivos, como dice el Gobierno, si no son a las ganancias, a las utilidades o a las rentas, no al patrimonio”, dijo Roca.

“Por eso es que Bolivia como país generó el impuesto a las utilidades de las empresas desde 1996, antes que al patrimonio, como ocurre con la banca. “Esta es otra gran incongruencia. Es demagógico, técnicamente incoherente y desincentiva la inversión. Mala idea”, manifestó Roca.

En el análisis político, CC consideró que, aunque no tiene una recaudación importante, el MAS insiste para generar el efecto de Robin Hood invertido. “La imagen de un Gobierno que le quita a los ricos para darle a los pobres”.

“En 14 años, con Luis Arce en el Ministerio de Economía, el MAS sólo creó el impuesto a los juegos, que recauda el 0,1% de lo ganado. “Ahí está, hoy busca sacar un rédito político, para posicionar la idea de que los ricos tributan más, para ayudar a los pobres. Pero sólo Bs 100 millones, frente a 80 mil millones, no es pues nada”, dijo el diputado de CC.

Este impuesto no solo toma en cuenta lo bienes que los bolivianos tengan en el país, sino también los que guardan más allá de nuestras fronteras. Analistas jurídicos consultados explican que, para tener un real control sobre estos bienes, el Estado deberá firmar una serie de tratados de reciprocidad con varios países, para investigar fortunas de bolivianos en el exterior. A ello se suma el hecho de que se levanta el secreto bancario para el Servicio de Impuestos Internos, que podrá pedir informes a la Asfi sobre depósitos de particulares. Además, señalan que en Bolivia es tan pequeño el universo de contribuyentes para este impuesto, que no se justifica su creación, como sí sucede en Chile, Brasil o Argentina, donde hay fortunas que incluso están reflejadas en las listas de ultrarricos del mundo.

El jefe de bancada de Creemos en Diputados, Erwin Bazán, consideró que es muy mala señal que el MAS primero diga que el impuesto se cobrará dos años, y luego que será indefinido. Reclamó y dijo que el partido oficialista debe escuchar las sugerencias y que “no hay capacidad autocrítica, me preocupa que no escuchen a quienes representamos los dos bloques de oposición, casi la mitad del país, más del 45%. Debe dejar la soberbia”. 

Con respecto al impuesto, coincidió con que el monto recaudado del impuesto, no es significativo, “no comulga con alguna intención de reactivación económica. No forma parte de eso, porque los montos que se recaudarán no son significativos, ni siquiera llega a la mitad de un monto que se requeriría para pagar un bono en tiempos de pandemia”. Coincidió con que es un gravamen confiscatorio. “La persona 

que tiene sale perdiendo, porque el Gobierno con esta medida castiga su éxito, pese a que lleve su éxito económico de forma legal”, dijo el exvocero de la Iglesia. Afecta y cercena la propiedad privada. “Es claramente una receta socialista, de igualar para abajo, es politiquería”, añadió. 

Ahora, resulta que es indefinido, “así que se convierte en una política de Estado que aplica una típica receta socialista. En vez de darle las condiciones a quien invierte para que genere más fuentes de empleo, lo intimida, y eso desincentiva la inversión, genera fuga de capital y a la larga el cierre de empresas”.

Insistió en que el gobierno tiene el objetivo de amedrentar a quienes más tienen. “Por mantener una política estatista, que da prioridad y presupuesto a empresas estatales deficitarias, castiga a los inversores. Triste”, lamentó.

Ambos descartaron que sea una especie de venganza del MAS con los que se movilizaron contra Evo Morales y que específicamente están en Santa Cruz. Roca puntualizó que no hubo financiadores de las protestas del año pasado, y que cada quien sacó de sus bolsillos. Bazán dijo que el mayor volumen del aparato productivo privado, “pero no me animaría a afirmar tal cosa”, aseguró.

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