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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzará hoy a investigar los hechos de violencia política sucedidos en Bolivia entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019. Con la firma de un protocolo entre el Estado boliviano y la CIDH, este grupo de seis investigadores tratará de establecer la verdad de lo sucedido en la confrontación y represión política que rodeó a las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019, la renuncia de Evo Morales y los primeros meses de gobierno de Jeanine Áñez.

Según Iván Lima, ministro de Justicia, el trabajo del grupo no se centrará solamente en los sucesos de Senkata y Sacaba, sino también se extenderá a los hechos en los departamentos de Santa Cruz, Potosí y Oruro y otros lugares que serán definidos por la propia organización, que según el convenio suscrito por el Estado boliviano con la comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos, tiene autonomía de decisiones y organización.

Hoy, en La Paz, los integrantes del grupo interdisciplinario tendrán una reunión con la prensa para explicar el alcance de su trabajo. Ellos ya se encuentran en Bolivia desde la semana pasada y han sostenido reuniones preparatorias para su trabajo.

Joel Hernández García, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, valora que el nuevo gobierno haya reconocido el convenio que da incio a este grupo interdisciplinario, firmado el 12 de diciembre del año pasado cuando Jeanine Áñez presidía el Estado.

Lo que vienen a hacer

Aunque la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tiene el fin de coadyuvar al establecimiento de la verdad histórica de lo sucedido con el Estado boliviano, contará con su propio equipo de expertos en campo. Según el convenio suscrito, cuenta con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar a los autores de las violaciones a los derechos humanos entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019. Es así que el trabajo de este grupo no está limitado a hechos específicos (Montero, Sacaba o Senkata), sino que puede alcanzar distintos actos de violencia y vulneraciones a derechos humanos.

Para el trabajo de campo, anuncian que programarán encuentros con víctimas, testigos y autoridades, además de organizaciones de la sociedad civil.

También tomará en cuenta las fuentes de investigación del Estado y de organizaciones de la sociedad civil. Tiene las atribuciones de “eleborar sus propios planes de investigación, realizar un análisis técnico de las indagaciones ya desarrolladas, podrá proponer medidas de protección para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones y realizar un análisis técnico, con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados”.

Su trabajo está previsto para seis meses, pero podrá prorrogarse de ser necesario.

 Polémica instalada

Durante los días previos a la llegada del GIEI, se debatió en el país si esta comición se dedicaría únicamente a investigar los hechos de Sacaba y Senkata, donde la violencia y la intervención de fuerzas policiales y militares conjuntas dejó un saldo de 36 civiles muertos y cientos de heridos.

El 10 de diciembre del año pasado, la CIDH ya elaboró un informe preliminar basado solo en las muertes de Sacaba y Senkata “En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”, dice el informe.

Esto provocó el reclamo del Gobierno de la entonces presidenta Jeanine Áñez, que calificó de parcializada a la comisión encabezada por brasileño Paulo Abrao. “Estoy absolutamente asombrado de que solamente hayan derechos humanos y CIDH para unos y no hayan para el resto de los bolivianos”, dijo Arturo Murillo, por esos días ministro de Gobierno.

El gobierno de Áñez había firmado un decreto que garantizaba inmunidad para los militares que participaron de dichos operativos y criticaba que la CIDH no se haya pronunciado sobre violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos de Morales.

Luego de eso, se firmó el convenio entre la CIDH y el Estado boliviano para ampliar la investigación de los hechos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. 

Entonces, la polémica se centró en la conformación de este grupo de investigadores. Encabezado por Jaime Vidal, el GIEI está también integrado por Julián Burger, Magdalena Correa, Marlos Weichert, Juan Méndez y Patricia Tappatá Valdez.

Álvaro Coímbra, entonces ministro de Justicia de Áñez, pidió el cambio de los dos últimos, de nacionalidad argentina, país donde estaba asilado Morales. Méndez es un abogado víctima de las dictaduras argentinas de los años 70, que ha sido relator de la ONU para la tortura, mientras Tappatá presidió la Comisión de la verdad en El Salvador, además de estar relacionada con la defensa de los derechos humanos.

El resto del grupo de expertos está integrado por profesionales de larga experiencia en la defensa de los derechos humanos. Burger, por ejemplo, es un abogado brasileño que da clases en inglaterra y fue asesor de la ONU. 

Fue uno de los negociadores que redactó la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Weichert también es brasileño y es parte del Instituto Auschwitz para la paz y la reconciliación y de la Red Latinoamericana para la prevención del genocidio y atrocidades masivas.






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