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El Movimiento Al Socialismo (MAS) admitió que retrasa el ascenso a generales de las promociones 1989, 1990 y 1991 de las Fuerzas Armadas (FFAA) porque sus integrantes participaron en la transición presidencial tras la renuncia y salida del país de Evo Morales en 2019 y porque fueron ascendidos por decreto durante una gestión después.

El Senado aprobó el proyecto de ley de ascensos la madrugada del 2 de noviembre. Ha pasado casi un mes y una semana y hasta el momento la Cámara de Diputados no trató la norma.

Esta semana, el presidente Luis Arce, a través del decreto presidencial 4633, amplió por 60 días calendario el mando del comandante en jefe de las FFAA, Augusto García; del comandante del Ejército, Hugo Arandia; el jefe de Estado Mayor del Comando de las FFAA, Teófilo Medina; y del comandante de la Armada Boliviana, Francis Franck.

La senadora oficialista Ana María Castillo, quien forma parte de la comisión que elaboró el proyecto de ley, reveló en la sesión del 2 de noviembre, que un hecho político retrasa los ascensos a generales. La legisladora, cuando explicaba la iniciativa, dijo que “evidentemente hay tres promociones que están postergadas”.

La explicación que realizó tiene que ver con un hecho concreto, porque según su versión las FFAA entregaron el poder “de facto” a Jeanine Áñez en noviembre de 2019 y en 2020 admitieron un ascenso a generales por decreto.

La oficialista acotó que “las (tres) promociones están postergadas debido a esa interrupción, porque integrantes de las FFAA, de forma canalla, aceptaron y realizaron el ascenso, o porque criminalmente entraron al Palacio de Gobierno a posesionar a alguien que no correspondía (se refiere a Jeanine Áñez)”.

Ayer, en un contacto con este medio, la senadora se ratificó y complementó que las promociones “en conflicto” son las de 1989, 1990 y 1991. “En esa sesión me referí a eso, efectivamente, pero no es que se saltarán tres promociones, se está regularizando, y conforme corresponde a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Nosotros colaboramos que no se vuelvan a repetir hechos como los que ocurrieron en el gobierno de facto”, aseveró Castillo.

La senadora, en la sesión, señaló que la ley de ascensos se la consensuó con el Alto Mando Militar.

Dentro de la entidad castrense existe malestar por este tema. Uno de los portavoces, el coronel en retiro Jorge Santisteban, denunció que los oficiales de las promociones 1989 y 1990 ya están legalmente calificados, evaluados y clasificados por el Tribunal Superior de Personal de Ascensos.

“Si les quitan el derecho, incurren en un acto de incumplimiento de deberes y violan la Constitución y la Ley Orgánica de las FFAA. El ascenso es un derecho militar, no premio ni castigo”, dijo.

El también abogado denunció que hay un acuerdo entre el comando en jefe de las FFAA, el Ministerio de Defensa y el MAS en el Legislativo “para castigar a estas tres promociones”. Uno de los integrantes de la promoción 1989 es Hugo Arandia, actual comandante del Ejército. “Por qué la vara no es igual para todos. Esto demuestra que hacen una clasificación política, no jerárquica”, criticó Santisteban.

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