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El Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció que la expresidenta Jeanine Áñez será juzgada sin privilegios por muertes de Sacaba y Senkata, pese a que este caso aún se tramita por la vía de un juicio de responsabilidades debido a que estos hechos se produjeron durante su mandato.

“Sí o sí se va a hacer justicia contra la señora Jeanine Áñez y será por la vía ordinaria”, explicó a los periodistas el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Andrés Flores (MAS), poco después de pedir “paciencia” a los familiares de las víctimas de esos sucesos.

El legislador señaló que el Decreto 4078, que eximía de “responsabilidad penal” a los militares que participaron en las operaciones antidisturbios durante la crisis política de 2019, es el documento que inculpa a Jeanine Áñez en este caso.

La normativa, derogada por los cuestionamientos vinculados a los derechos humanos, fue firmada por Áñez cuando era presidenta. La exmandataria también derogó esa norma, tras los luctuosos sucesos. 

De hecho, la Fiscalía inició una pesquisa inicial por el delito de “genocidio” y el Tribunal Supremo de Justicia solicitó a inicios de septiembre al Legislativo la autorización para que se inicie un juicio de responsabilidades.

Consultado sobre este tema, Flores aseguró que existe un fallo del Tribunal Constitucional que declara que el mandato de Áñez no fue constitucional.  

“Sabemos muy bien que el Tribunal Constitucional ha sacado un fallo que dice que la señora Áñez no fue presidenta constitucional, por lo tanto, corresponde un juicio por vía ordinaria. Se buscará justicia y una sentencia contra la señora Jeanine Áñez”, afirmó.

El diputado también reveló que varios legisladores del MAS viajaron esta semana a Sucre para conocer el estado de los procesos planteados contra las autoridades del gobierno de transición.

“Hemos viajado a Sucre para hacer seguimiento a las acciones que desarrolló el Fiscal General (Juan Lanchipa) de todos los procesos, ordinarios y los procesos de juicios de responsabilidades”, apostilló.

Los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata demandaron al Gobierno resultados de estos procesos legales para que se proceda con la reparación integral de daños. Esto incluye una indemnización para los deudos de fallecidos y asistencia a los heridos.

La Fiscalía prevé presentar en noviembre la acusación formal por los fallecidos de Sacaba, mientras que el Gobierno debe realizar un censo de todas las víctimas de la crisis de 2019.

El MAS, que no tiene dos tercios de apoyo en la Asamblea Legislativa​, congeló el tratamiento de cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez en la Comisión Mixta de Justicia Plural. El líder del partido, Evo Morales, pidió la semana pasada enjuiciar a Áñez por la vía ordinaria. 

La expresidenta está detenida desde marzo acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración, además de incumplimiento de deberes por la forma en la que llegó al poder. Estos procesos fueron codificados como "golpe de Estado I y II".

Al momento, no existe una denuncia por la vía ordinaria contra Áñez por las muertes de Sacaba y Senkata. Eso sí, 13 ex altos jefes militares están detenidos en La Paz y Cochabamba en procesos penales por estos pérdidas humanas.

Informe

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) concluyó que los hechos registrados en noviembre de 2019 en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) constituyen “masacres”.

“Hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. Las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”, indica el reporte sobre los hechos registrados el 15 de noviembre de 2019.

Respecto a los hechos de Senkata, el 11 de noviembre, el documento explica que, “como resultado del uso desproporcional de la fuerza, diez personas perdieron la vida y alrededor de 78 personas resultaron heridas”, enfatizando que “aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron de sus tropas”.


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