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17 años después de haber sido presentados, tres juicios de responsabilidades en contra de ex autoridades fueron aprobados por la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores. Otra veintena de procesos de privilegio esperan su tratamiento. Los opositores desahuciaron esos procesos porque en su criterio algunos ya prescribieron.


“Hemos podido ver tres juicios de responsabilidades, que estaban retrasados desde el 2004, que no se habían tocado en todo este tiempo. Hemos empezado en orden cronológico según su ingreso”, dijo la senadora Patricia Arce (MAS) a través de una nota de prensa.


Su colega opositor Walter Justiniano (CC), dijo que los delitos  prescribieron en algunos casos y en otros, como el que involucra al ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ya fue juzgado y el proceso no puede repetirse.


El primer caso, es precisamente contra el expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada y 19 de sus ex ministros, cuatro de ellos fallecidos hace  años. Los enjuiciados serían Carlos Sánchez Berzaín, Carlos Saavedra Bruno, Javier Torres Goitia Caballero, Hugo Carvajal Donoso, Guido Añez Moscoso, Dante Pino Archonclo, Erik Reyes Villa Bacigalupi, Mirtha Quevedo Acalinovic, Javier Comboni Salinas, Carlos Morales Landívar, Jorge Berindoague Alcócer, Jorge Torrez Obleas, Alberto Vargas Covarrubias, Rubén Ferrufino Goitia y José Barragán Bauer. Los ex ministros acusados y fallecidos son Adalberto Kuajara Arandia, Yerko Kukoc del Carpio, Guillermo Justiniano Sandoval y Franklin Anaya Vásquez.



La proposición acusatoria fue presentada por el entonces presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Sacha Llorenti, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; genocidio y lesiones gravísimas, lesiones graves y leves; conducta antieconómica, malversación y delitos contra la libertad de Prensa.


El segundo caso, también tiene origen en 2004 y el denunciante era el ex prefecto de Chuquisaca, Mario Ramírez Arce, quien acusó a su antecesor y varios de sus colaboradores. De ese modo se pidió procesar a Marcelo Arana Ostria, ex prefecto; Víctor Cervantes Durán funcionario de la prefectura de Chuquisaca; y los particulares Yolanda Alurralde Buitrago, Jesús Mamani Ortega y David Zenteno Benitez .


La acusación también es de octubre de 2004 y los delitos son incumplimiento de contratos, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.


La tercera denuncia es más reciente y está dirigida contra el exministro de Educación de Evo Morales, Félix Patzi (también ex gobernador de La Paz). En abril de 2007 el entonces Fiscal General requirió el procesamiento de Patzi por los delitos de desobediencia a resoluciones en procesos de habeas corpus y Amparo Constitucional.


Todos estos casos son anteriores a la Ley 044, de octubre de 2010 que redujo los juicios de privilegio al Presidente, Vicepresidente y altas autoridades de los órganos del Estado.  

 

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