El MAS pide a Arce dictar estado de excepción en Santa Cruz; pero la ley protege esta protesta
Los masistas piden que se aplique la Ley 1341 que fue promulgada por la expresidenta Jeanine Áñez
Apoyados en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, varios diputados del MAS enviaron una carta al presidente Luis Arce, sugiriendo se dicte el estado de excepción en todo el departamento de Santa Cruz; sin embargo, la Ley de Estados de Excepción protege la protesta que impulsa el comité cívico cruceño.
“Mediante nota, estamos mandando al hermano presidente Lucho (Luis Arce), estamos sugiriendo se dicte estado de excepción en el departamento de Santa Cruz, porque la intolerancia está primando en los grupos radicales que tiene Fernando Camacho, quien no quiere asistir a ninguna reunión y si asiste se sale amenazando”, dijo el diputado Patricio Mendoza en conferencia de prensa.
Desde el sábado el departamento de Santa Cruz declaró un paro general indefinido, lo que obligó al Gobierno a buscar una mesa de negociación, sin embargo, los acercamientos fracasaron. El presidente Luis Arce convocó a una reunión nacional a todos los sectores afines al MAS en Cochabamba, el viernes 28 de octubre.
“En caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la presidenta o el presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción, en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario”, señala el artículo 137 de la Carta Magna.
Mendoza dijo que existe suficiente argumento legal y jurídico para justificar una medida de esa naturaleza y dijo que como legisladores están habilitados para presentar ese tipo de iniciativas legislativas.
La Ley
Curiosamente, el diputado cruceño dijo que esa medida está reglamentada por una ley, la número 1341 “Ley de Estados de Excepción” sancionada durante la gestión de Eva Copa, como presidenta del Senado, y de Jeanine Áñez, como presidenta del Estado.
La norma fue promulgada el 23 de julio de 2020, cuando el país estaba sumergido en la pandemia del coronavirus y en su artículo 24 impide que el Gobierno dicte una medida de esa naturaleza por conflictos sociales.
“Los conflictos, agitación popular, movilizaciones sociales o las dificultades u obligaciones financieras, por sí solas o por su subjetiva vinculación a entidades externas, no serán justificativos para la declaratoria de este tipo de estado de excepción”, señala el parágrafo II del artículo 24.
Esta ley prevé todo el funcionamiento del estado de excepción, y conmina al Ejecutivo a presentar su petición a la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de 72 horas. Este Órgano del Estado tiene 24 horas para aprobar por mayoría absoluta de sus miembros la medida de excepción.
