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El decreto emitido por el Gobierno interino para sancionar la desinformación durante la emergencia sanitaria por coronavirus, será evaluado por el Tribunal Constitucional  Plurinacional (TCP), luego de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) presentara una acción abstracta de inconstitucionalidad.

El Decreto Supremo 4231, según la demanda, es contrario a la Constitución Política del Estado porque restringiría la libertad de expresión al criminalizar las opiniones respecto de la pandemia del Covid-19.

La demanda fue presentada por el asambleísta departamental Manuel Alfaro y la senadora María Oporto quienes objetan la aprobación de esta norma porque atenta contra la libertad de expresión.

Alfaro sostuvo que no es posible que se restrinjan las libertades de opinión y de expresión que están garantizadas, no solamente en la constitución boliviana, sino que han sido ratificadas en pactos y convenios internacionales.

“En Bolivia, dignísimos magistrados del TCP, se gobierna con decretos supremos, resoluciones ministeriales y circulares administrativas, en tiempos de pandemia y emergencia sanitaria, desplazando e ignorando la Constitución y las leyes, e inundando de policías y militares las calles”, señala parte del memorial presentado este miércoles.

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