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El MAS y sus aliados elevaron el tono del estado de alerta que habían declarado hace dos semanas para respaldar al presidente Luis Arce, esto en el tercer día de movilizaciones y un paro multisectorial que tuvo efecto en una buena parte de Santa Cruz y Potosí.

De hecho, las protestas en la Villa Imperial estuvieron marcadas por un cabildo y el luto que provocó el fallecimiento del joven campesino Basilio Titi, en el contexto de las protestas contra la vigencia de la Ley 1386 que se sienten en siete regionales.

Desde La Paz, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció una investigación para esclarecer las causas de la muerte y las circunstancias en las que perdió la vida el campesino de 23 años. El informe forense estableció que la causa de la muerte fue por broncoaspiración por un bolo de coca mientras corría.

El presidente de las cooperativas mineras de Potosí, Edgar Freddy Huallpa, dio un plazo de 24 horas al Gobierno para que la cuestionada norma sea abrogada, mientras que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) aprobó en un cabildo un similar ultimátum.

La declaración también pide la anulación “de leyes inconstitucionales”, declara a Arce como persona no grata en la región y que el Legislativo reponga los dos tercios para el consenso de futuras normativas, además de la liberación de los presos políticos.

 “Estamos en emergencia”, afirmó el vicepresidente David Choquehuanca, en un encuentro con campesinos de La Paz a los que pidió levantarse para proteger el mandato de Arce ante “un plan de desestabilización”.

El MAS prepara para este jueves una gran concentración en el poblado de Shinaota, en el Trópico de Cochabamba, donde adelantaron que “reflexionarán” al recordar el segundo año de la renuncia de Evo Morales y expresarán el respaldo en favor de Arce. El senador Leonardo Loza (MAS) anticipó que se trata de mostrar el poder del partido que ganó las elecciones en 2020.

“Tenemos que levantarnos en todo el país para defender a nuestro gobierno legítimo, democráticamente elegido”, afirmó. Más tarde, en la Casa Grande del Pueblo, Arce se reunió con la Central Obrera Boliviana (COB) como una medida “contra la desestabilización”.

Mientras eso ocurría, en las calles de la Sede de Gobierno seguidores de Arce y miembros de los colectivos ciudadanos que rechazan la Ley 1386 se movilizaron casi al mismo tiempo con el riesgo de posibles enfrentamientos.

La marcha contra la norma desvió su curso y evitó un choque con los oficialistas. Fue, junto a la movilización oficialista, la que más convocatoria  tuvo desde el inicio del paro multisectorial. Los colectivos de las plataformas ciudadanas anuncian una similar movilización este jueves.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, también rompió el silencio y la cautela con la que comenzó esta semana y pidió al presidente Arce que cambie al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y al viceministro Nelson Cox, a quien calificó como el “viceministro del odio”.

Los gremiales de La Paz también elevaron la voz. El dirigente Zenón Yupanqui señaló que ellos esperan que la norma sea abrogada hasta el 30 de noviembre. Advirtió que se desarrollarán  más movilizaciones en caso de que no se cumpla el pedido de su sector en ese plazo.

En Cochabamba se registró una masiva protesta del Transporte Pesado Internacional. Héctor Mercado, dirigente del sector, aseguró que sus bases salieron a protestar “sólo contra la Ley 1386” y esperan que “el presidente la anule para que todo vuelva a la normalidad".

Por la noche, los vecinos de 15 distritos se movilizaron para expresar su rechazo contra las leyes y aseguraron que la lucha continuará  en los próximos días.

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Marcelo Piérola, reconoció que el paro no ha sido total en la ciudad porque hay mucha necesidad en la población que tiene que trabajar. Sin embargo, esta jornada en la Llajta se realizó un multitudinario cabildo que terminó en una concentración en la plaza central 14 de Septiembre.

Piérola, a tiempo de ofrecer la posibilidad de que esa capital sea la sede de un diálogo nacional, reclamó al Gobierno por la violencia ejercida por la fuerza pública en los puntos de bloqueo.

“Con mucha fuerza en los desbloqueos que se registraron entre el lunes y martes y no hizo nada para desactivar el bloqueo de los vecinos de Kaka Kara”, que impiden el acceso de camiones al botadero de la ciudad.

Entre tanto, este viernes, Chuquisaca va al paro de 24 horas con bloqueo de caminos, por determinación del Comité Interinstitucional, que tomó el mando de las movilizaciones en contra de la Ley 1386 y todo el paquete de normas consideradas "malditas".

Este comité marcó diferencias con el ente cívico chuquisaqueño, que tiene dos cabezas y tampoco quiere sumarse al paro multisectorial, que, en su criterio, "tiene intereses políticos".

"La lucha va a continuar, después de la contundente movilización de ayer. Para este viernes se ha establecido un paro movilizado de 24 horas con bloqueo de caminos", señaló el dirigente Rodrigo Echalar.

En Tarija, cinco micros, que eran utilizados para el bloqueo de arterias, resultaron dañados por grupos afines al MAS en su afán de levantar el bloqueo instalado entre la avenida Circunvalación y la calle principal de ingreso al barrio San Bernardo, en la ciudad de Tarija.

Ante este escenario, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que espera que las organizaciones que rechazan la ley presenten sus observaciones a través de la Cámara de Diputados.

Contrario a este atisbo de apertura al diálogo, el presidente Arce acusó a los sectores que protestan de no interesarles la norma sino de buscar frenar los procesos legales contra las personas que están siendo procesadas por la crisis política de 2019.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó que esa posibilidad de diálogo es para "reglamentar la ley" y no para ajustarla, pues ya fue promulgada en agosto. 


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