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Los cocaleros del municipio paceño de Coripata, que es el mayor bastión sindical del sector, se reconciliaron y decidieron agotar todos sus esfuerzos “para recuperar el mercado legal de Villa Fátima”.

La decisión fue adoptada ayer tras una multitudinaria asamblea celebrada en esa población yungueña. Así, las bases que respaldan al dirigente opositor Armin Lluta y un grupo afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) firmaron “un pacto histórico”.

De este modo, los cocaleros afines al MAS en La Paz sufrieron una inédita ruptura. El grupo que había apoyado a la dirigente Elena Flores y luego a Fernando Calle dejó “en suspenso” su filiación al partido gobernante porque el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reconoció a una mesa directiva “que no goza del reconocimiento del sector tradicional y ancestral” de productores.

En medio de tensiones y agresiones entre dirigentes, Arnold Alanes se proclamó como el nuevo presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) y, poco después tomó control del mercado legal de Villa Fátima, un inmueble que está en disputa desde hace varios años por diferentes facciones de cocaleros paceños.

Pero, el dirigente de la zona tradicional de Coripata, Dilver Mendieta, señaló que la reconciliación de ayer puede ser el inicio de la unidad del sector. Explicó que su sector no reconoce a Alanes “porque ellos son de la zona roja”. Se trata del área de La Asunta que hasta antes de 2017 no era reconocida como zona de coca legal.

“En un principio, la pugna era de derecha e izquierda, pero hoy en día estamos unificándonos. Hemos hecho un pacto”, remarcó.

“Arnold Alanes no representa a la gran mayoría de los socios productores. Representa a la zona excedentaria. Esto ha sido trabajado desde Chapare”, señaló Daynor Chuquimia, dirigente de Adepcoca de Coripata, afín a Lluta.

Explicó que el objetivo principal del acuerdo es “recuperar el mercado” y que, una vez cumplido ese reto se procederá “a la etapa administrativa” para definir la nueva mesa directiva de unidad.

Los productores y comercializadores de coca de Coripata protagonizarán una marcha de protesta para exigir la “restitución del mercado legal”. Además, pedirán la renuncia de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, además del viceministro de la Coca, Juan Pablo Jove, por haber viabilizado acuerdos con la directiva de Adepcoca que representa a una facción minoritaria de productores.

El ministro de Gobierno afirmó que la elección de Alanes se produjo “en un congreso multitudinario”. “No podemos cuestionar lo que se ha definido”, remarcó. El nuevo dirigente aseguró que iba a buscar la unidad del sector. Luego cerró un acuerdo para anular el funcionamiento de un mercado paralelo de coca que era controlado por el sector de Elena Flores, dirigente que era afín al MAS.

Dirigentes

Armin Lluta reapareció ayer tras haber sido hallado ensangrentado. Contó que escapó para salvar su vida y fue amenazado para que renuncie al cargo de Adepcoca. “Decían que si yo no renuncio al cargo me van a matar, que mi hijo corre riesgo, que el único dirigente legal es Arnold Alanes y que el Gobierno lo va a reconocer”.

Lluta aseguró que sigue al frente de Adepcoca, aunque en el ampliado de “unidad” que se celebró ayer en Coripata se dejó esa definición para después. La prioridad de su sector es la recuperación de su sede del barrio de Villa Fátima.

En la asamblea de ayer, los dirigentes anunciaron otras concentraciones y medidas de presión con el apoyo de otros sectores de Yungas, una de las dos zonas autorizadas para la producción de coca en el país. La región es parte de la región tradicional cocalera, pero se amplió a otras regiones como La Asunta, donde existen plantaciones excedentarias.

La opositora Comunidad Ciudadana (CC) emitió ayer un comunicado repudiando que el Gobierno pretenda tomar el control de Adepcoca. “Es una organización cuya naturaleza, composición y representación no puede estar supeditada al control gubernamental”, indica el pronunciamiento de esa fuerza política.

CC señalo que Lluta “fue sometido a vejámenes y posiblemente a tortura, sin que se hayan activado los mecanismos de protección”.

El ministro Del Castillo afirmó que no recibió denuncias sobre estos extremos y que se actuará como se lo haría ante el requerimiento de cualquier ciudadano.

El martes hubo una intervención policial en inmediaciones del mercado cocalero de Villa Fátima. El operativo llegó hasta la clínica donde fue atendido Lluta y resultaron heridos dos reporteros por el estallido de una granada de gas.

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