El MAS validará con la gaceta legislativa 10 leyes que ya no serían posibles sin dos tercios

Con la creación de la Gaceta Legislativa, el MAS en la Asamblea Legislativa busca consolidar y poner en marcha al menos 10 leyes que el partido del presidente electo Luis Arce no podrá aprobar sin dos tercios y que perfilan cambios de fondo en la justicia constitucional y también darán pie para procesar a las exautoridades.

El diputado de Demócratas Gonzalo Barrientos denunció que “ya están sueltos los diablos azules, ya empezó la cacería de brujas, la guillotina de los dos tercios del MAS con estas leyes que aprueban al salirse y que serán instrumento de persecución política, lo denunciamos, hubo un doble discurso de Luis Arce, que muestra el verdadero rostro que su partido tuvo en 14 años”.

El MAS promulgó una decena de leyes desde el Legislativo porque la mandataria Jeanine Áñez se opuso a hacerlo. Por esa razón la presidenta del Senado, Eva Copa, las sancionó pero no están vigentes, porque según la Constitución Política del Estado (CPE), la ley solo entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, que depende del Ministerio de la Presidencia. Todos los decretos y leyes se deben publicar en sus imprentas.

El MAS, ante esta barrera, tomó la decisión de “puentear” al Ejecutivo y generar, en los hechos, un paralelismo presidencial, creando la Gaceta Legislativa a través de una ley, para saltar al Ejecutivo. 

Así, asambleístas del MAS admitieron que la idea es dejarle a la siguiente legislatura, bajo el paraguas de los dos tercios que ya no tendrá a partir del cambio de Gobierno, una serie de normas que plantean cambios en la norma constitucional, que permitirán procesar a las actuales autoridades y favorecer a los movimientos sociales en las investigaciones de hechos de violencia.

En la lista están leyes como la que prohíbe a ministros censurados volver a tener un cargo en el Estado tres años después de su destitución, la que arraiga a autoridades salientes para que “rindan cuentas”, que la Policía y FFAA lleven todo el peso penal de una represión durante conflictos sociales, mientras los sectores sociales tendrán castigos menores, entre otras. Entre ellas, modificar el ámbito constitucional y quitarle poder al TCP.

La Ley 1104 que creó las salas constitucionales en todos los departamentos y que estaban a cargo de los tribunales departamentales de justicia ahora plantea cambiarlas por los juzgados constitucionales. Otra ley acelera cambios en la normativa para sancionar a las autoridades transitorias del Gobierno.

En carpeta de Diputados se encuentra la modificación a la Ley 044 de Juzgamiento del Presidente, Vicepresidente y otras altas autoridades. Barrientos advirtió que esa es la muestra de que el MAS toca leyes estructurales, de fondo.

  En Twitter, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que comenzó la persecución, “sigue manipulando la justicia una asamblea ilegítima que acomoda leyes a su medida.

El MAS modifica la ley de juicio de altas autoridades para acelerar proceso contra el Gobierno de transición”. Según Barrientos, el MAS alista la “cacería de brujas”. Igual, las comisiones (que investigan) la compra de gases, respiradores, los hechos de Sacaba y Senkata “muestran que se viene una persecución política”.

Cabrera respondió que “todos debemos rendir cuentas, yo fui muy crítico con la salida de exautoridades el año pasado”, pero no incluyó en esa lista a Evo Morales ni a sus exministros que salieron o se refugiaron en embajadas. 

El parlamentario del partido azul minimizó el alcance de la ley y explicó que el objetivo principal es que una vez que se aprueben las leyes en Diputados y Senadores, el Legislativo tenga un mecanismo para poner en marcha las leyes, mientras el Ejecutivo las imprime en la Gaceta Oficial. 

La bancada del MAS propuso así una salida para enfrentar lo que califican de trabas del Ejecutivo para no publicar las leyes y llevarlas a su cumplimiento obligatorio.

“En tanto la Gaceta Oficial del Órgano Ejecutivo realiza la publicación impresa de los textos, la Asamblea Legislativa publicará las leyes promulgadas por el presidente de la Asamblea Legislativa en la Gaceta Oficial Legislativa y la Jurisprudencia será publicada por el Tribunal Constitucional, la publicidad en las páginas web determina el cumplimiento obligatorio de la ley”, señala el segundo párrafo del proyecto que está en la Cámara de Diputados.

Cabrera recordó que en etapa de pandemia hubo “leyes importantes” que no se publicaron en la gaceta. Por ejemplo, la del diferimiento de créditos, pago de bonos para las familias, hasta la aprobación de la ivermectina como tratamiento autorizado en contra del Covid-19.

“La señora Áñez se negaba a sancionarlas y no las publicaba. Esto fue un impedimento para que la población conozca las normas aprobadas y que estas entren en vigencia”. 

Cabrera complementó que se modifica esto, para que la nueva Asamblea, que en los próximos días será posesionada, “tenga este mecanismo institucional”.

El proyecto de ley también obliga la publicación inmediata de las normas aprobadas desde el Legislativo. “La Gaceta Oficial (...) deberá realizar la publicación de estas leyes de manera inmediata a la remisión por correo electrónico institucional”, señala el proyecto en el segundo párrafo.

“Una vez publicada en la gaceta legislativa, esa ley entra en vigencia. Lo que haría la Gaceta Oficial, que maneja el Gobierno, es solamente imprimir y publicar los textos. Hemos tenido muchos conflictos, indiferencia por parte del Ejecutivo.

"Si no eran proyectos de ley presentados por ellos, los rechazaban. El Gobierno se convirtió en una tranca. Así ponemos fin a este problema”. Consultado si es que esta ley no le quita a la presidenta o presidente del Estado la potestad de vetar las leyes, el diputado Cabrera respondió que ya era insostenible. 

Eva Copa promulgó esta semana contratos mineros en Santa Cruz. “Todo este tiempo la señora Áñez obstaculizó aquello. Tuvimos que esperar los 10 días para que ella pueda promulgar”. Cabrera concluyó descartando que sea otro paso para aumentar la inseguridad jurídica en el país,