El ministro de Economía abre una posibilidad de diálogo para ajustar la Ley 1386

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que existe la apertura a escuchar las observaciones y sugerencias para cambiar la Ley 1386 que dio vida a la Estrategia de lucha de ganancias ilícitas y que es rechazada por varios sectores sociales y gremiales del país.

Estas observaciones y la posibilidad del diálogo con sectores aún no implica de manera directa al Gobierno, pues fue planteada más temprano a través del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

“Se ha hecho una invitación a los sectores para que puedan plantear ante la Asamblea Legislativa las solicitudes de cambio tener la Ley 1386 y hasta ahora no han enviado esas solicitudes”, señaló Montenegro luego de destacar la iniciativa de Mamani.

El ministro también precisó que se espera que los sectores movilizados soliciten se parte de la “socialización” de la ley así como “ajustes que pueda ejecutar la Asamblea Legislativa”.

“Creemos que el diálogo es el mejor camino para este tipo de sugerencias de cambios a las normas que se están planteando. Se lo ha hecho, no hoy, esto está abierto hace más de tres semanas y esperamos que los sectores puedan hacer esas solicitudes de cambio a la ley 1386”, remarcó Montenegro.

La postura de la autoridad fue planteada en un momento de movilizaciones y protestas en  al menos seis regiones del país, donde se pide abrogar la Ley 1386 que fue promulgada en agosto. La normativa de nueve artículos tiene un anexo de 51 páginas que activa la política pública contra el lavado de activos y prevé ajustes en Código Penal.

El rechazo a la estrategia, que en su diagnóstico plantea a la informalidad como un factor de riesgo para el lavado de  dinero, provocó una declaratoria de paro nacional. Muchos de los movilizados también cuestionan el artículo siete de esa norma que abre la posibilidad de que la estrategia sea modificada por decreto.

En ese sentido, la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) propuso hace dos semanas la modificación de ese artículo de manera que no sea usado por los gobernantes “para generar condiciones de persecución política”. La propuesta no fue respondida por el Gobierno.

Las protestas contra esa ley y otras que fueron observadas, generaron una “escalada de violencia” que fue alertada por la Defensoría del Pueblo, que también alentó la posibilidad de un escenario de diálogo para que los hechos de violencia no prosigan, especialmente en Santa Cruz de la Sierra y Potosí donde la situación es de “alta tensión” por el fallecimiento de un joven campesino.

“El presidente Luis Arce debe llamar a la calma y al diálogo, asegurar el derecho a la protesta pacífica sin importar la posición política y garantizar el trabajo de la prensa”, afirmó el director de la Human Right Watch, José Miguel Vivanco.

“Son muy preocupantes los enfrentamientos entre civiles en el contexto de las protestas y las agresiones de policías a periodistas. Es imperativo que las autoridades investiguen la muerte de una persona y los múltiples casos de lesiones”, afirmó Vivanco.

Por su lado, a través de un comunicado, la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresó “su preocupación por la creciente violencia generada en el marco de la protesta social” y llamó a la calma y al respeto de los derechos a la libre circulación, reunión pacífica y asociación.

“Las autoridades deben procurar el diálogo entre todos los actores y restringir el uso de la fuerza a lo estrictamente necesario, protegiendo la labor de periodistas y medios de comunicación”, apuntó el comunicado emitido desde el Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos.