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Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declara que la reelección presidencial indefinida no es “un derecho”, la justicia boliviana tendrá el reto de asumir decisiones o adecuarlas en función a la nueva jurisprudencia.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó ayer a EL DEBER que en el caso de Bolivia, será el Tribunal Constitucional que determine el alcance de la aplicación de la opinión de la Corte IDH, puesto que “ellos tienen una posición que debería ser modulada por la Corte, la disposición 084/2017”.

Ese fallo constitucional habilitó la candidatura de Evo Morales para la reelección en 2019, a pesar de que lo prohíbe la Constitución Política del Estado.

Lima admitió que las opiniones consultivas de la Corte IDH tienen un alcance obligatorio para los países del hemisferio, pero en función de la pregunta que motivó este recurso. En este caso, Colombia pidió establecer si la reelección presidencial es un derecho humano protegido por la Convención Americana.

“Lo más probable es que la Corte cambie la pregunta y que nos pronunciemos sobre el carácter vinculante de esa decisión una vez que la conozcamos”, afirmó.

Ante este escenario, el constitucionalista Marco Antonio Valdivieso consideró que el fallo no solo es de cumplimiento obligatorio, sino que puede generar una responsabilidad política del Estado ante la comunidad internacional.

Concretamente, una decisión de la Corte puede impactar en Sentencia Constitucional 084/2017 que habilitó la reelección indefinida de Evo Morales, sobre la base del Artículo 23 de la Convención Americana que establece el derecho de “elegir y ser elegido”. Además, desconociendo el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa coincidieron en que el dictamen de la Corte puede generar responsabilidades penales en los magistrados que aprobaron la reelección indefinida.

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