El ministro Lima habló con EL DEBER después de la difusión del video del “testigo protegido”, mirá lo que dijo

El testigo clave del caso ABC, por el supuesto pago de una coima por parte de la empresa china Chec de Bs 9 millones para que se le adjudique la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez, antes de morir, dijo que sufrió hostigamiento de parte del Ministerio de Justicia. Iván Lima Magne, en esta entrevista con EL DEBER, responde.

Ministro, ¿por qué reveló primero que el testigo protegido falleció en un accidente de tránsito y luego reveló su nombre?

En general, lo que hemos quedado es que no volveremos a pronunciarnos después de dar conferencias de prensa. Yo (Nosotros), en este punto, como es un tema tan procesal, le pedimos al Ministerio Público que continúe con todas las investigaciones y que se presente toda la evidencia necesaria. Hemos pedido a todas las instancias que se compruebe oficialmente.

Hay un memorial fechado en marzo, en el que el viceministerio de Transparencia pide a la Fiscalía que informe sobre la situación del testigo protegido, sin mencionarlo, si falleció o no, y si hay actas de defunción, pese a eso usted revela el nombre, ¿es esto correcto?

La información que nosotros tenemos es que Chec ha presentado una denuncia por extorsión contra el testigo protegido. Es en base a esa información que nosotros entendemos que el Ministerio Público levantó el status de ‘testigo protegido’, porque esa instancia tiene un principio de unidad, que señala que sus actuaciones tienen que ser coordinadas entre las diferentes instancias. El momento en que se inicia la investigación, con relación al testigo protegido en la ciudad de La Paz, entendemos que se ha levantado ese status. Si bien esa decisión ha quedado revocada, ha sido objetada y actualmente está en control y decisión del fiscal Williams Alave, en La Paz.

Hay voces que hablan de asesinato o suicidio, ¿será así?

Desconocemos. La información que tenemos es que Chec presentó una denuncia por extorsión y en ese momento se levanta el estatus de testigo protegido por el principio de unidad del Ministerio Público. Los aspectos que tienen que ver con esta persona, no son aspectos que nosotros conozcamos.

¿Se levanta el estatus de “testigo protegido” cuando Chec presenta la denuncia por extorsión?

Cuando el Ministerio Público acepta la denuncia e informa el inicio de investigaciones.

¿Pero eso abre la posibilidad de que el Ministro de Justicia pueda revelar el nombre del ‘testigo protegido’ en el otro caso?

Lo que pasa es que ambos están relacionados. En el de la situación que se presenta de solicitud de testigo protegido, nosotros hemos impugnado esa condición y no ha habido una decisión judicial. Nosotros, cuando conocimos que el Ministerio Público otorgó esa calidad, señalamos que no estamos de acuerdo con esa situación y que él debía tener la calidad de partícipe dentro de este proceso penal. Nuestra posición es coherente. Nosotros lo que le pedimos es responsabilidad a todos los actores; información principalmente. La gente tiene derecho a quedar informada sobre cualquier aspecto de interés público, y éste lo es, y nos ha parecido que no era correcto emitir informaciones que sean contrarias a la verdad.

La información que se tiene. Y si busca en redes sociales el nombre del testigo protegido, ahí encontrará que habría fallecido el mes de enero de 2023.​​¿Murió en un accidente de tránsito?, eso dijo usted.

Es la información que se tiene extraoficialmente. Por eso hemos pedido que se verifique oficialmente en otro estado, como EEUU, la documentación que pueda tenerse o pueda referirse a esta temática.

¿El Ministerio no tiene ya certificados de defunción que determinen cuál fue la causa de muerte?

Nosotros tenemos información que estamos aportando al proceso, y estamos haciendo la solicitud vía el Ministerio Público.

¿Está confirmado que el testigo protegido está muerto?
La información que tenemos en este momento es que debe solicitarse oficialmente la certificación al Gobierno de EEUU.

¿No se puede confirmar entonces que Sandy esté muerto?

Mire, en este momento lo que tenemos es información no oficial, en tanto tengamos un documento del lugar donde se produjo el hecho, que es EEUU. Sin un documento oficial creo que nadie podrá hacer una afirmación absoluta de que el "testigo protegido" falleció.

En su grabación él acusó al ministerio de Justicia de haberlo hostigado, ¿fue así?

La verdad es que no tengo ningún elemento que permita afirmar que algún funcionario de este ministerio hubiera hostigado a nadie. Si usted revisa todos nuestros memoriales, desde el momento en que se conoce este caso, solicitamos que se lo incorpore, que se lo incluya como un sujeto investigado. No hay ninguna acción que no esté en el marco del debido proceso. Nuestra posición es firme, en el caso de la determinación de calidad de testigo, ésta no puede darse porque la participación criminal es clara. Hubo una intervención esencial de esta persona en el caso, por lo tanto, no se la puede considerar un testigo. Si se considerara a cualquier persona como testigo, se estaría excluyendo la posibilidad de un juicio penal. Un proceso que tiene como objetivo averiguar la verdad de los hechos, tiene que considerar a los posibles autores. Sería muy fácil que la Fiscalía, el mismo Ministerio de Justicia, o todos los que están autorizados a iniciar un programa de protección de testigos, definan que alguien lo sea para que exista un manto de impunidad; no puede darse una posición indefinida y absoluta a ninguna persona.

Cuando hay un hecho que se considera un delito, la determinación de responsabilidad penal solamente la puede hacer un juez, luego de un proceso.

¿Sería testigo de un caso que nunca existió, porque resulta que apareció el dinero y supuestamente no hubo coima?
Esa es una hipótesis respetable pero no correcta.

Él lo dice en la grabación, yo le pido la contraparte…

Claramente, en este caso, lo que hay es un proceso de contratación que tiene dos posiciones. Y las dos no son ni de la Fiscalía ni del Ministerio de Justicia. Son de Chec y del denunciante que, en este caso, es el diputado Héctor Arce, que sustenta toda su teoría del caso en la declaración de una persona que le da estatus de “testigo protegido”.

Chec sostiene que un empleado, el gerente de su empresa, sin haber firmado ningún contrato escrito -lo dice el mismo testigo- en base a un acuerdo verbal, realizó gestiones respecto a este contrato y, como resultado de esas gestiones, existen fotografías en un hostal en Sucre, una denuncia concreta del cambio de formulario de propuesta y de un poder de representación.

A consecuencia de ese acto irregular se habría registrado el pago de sumas de dinero, esa es la denuncia de Héctor Arce, ya no del testigo. Ahí, Héctor Arce construye, en base a ese primer hecho, la hipótesis de corrupción, de cohecho y sindica de haber recibido ese dinero a Henry Nina y otros funcionarios de la ABC. Esa teoría no depende del testigo protegido, depende de la comprobación de los elementos que señala la investigación penal, el elemento que nosotros sustentamos es en relación al poder notarial.

Conforme lo que he explicado, el poder notarial no podría haber sido presentado el mes de diciembre legalmente, porque recién esos documentos se venden el año siguiente. Por lo tanto, esa situación me permite afirmar que hubo un acto irregular. Los documentos que solamente pueden presentarse hasta diciembre han sido adulterados, incorporados por alguien en ABC, que permite que Chec presente ese poder.

Cuando uno compara los dos poderes, el inicial y el que está actualmente en la carpeta, porque han circulado fotocopias de ambos -y esta es una segunda licitación, la primera fue declarada desierta- las diferencias entre ambos documentos no son sustanciales, por eso Chec, si usted revisó la denuncia que hacen, sostienen que fue una estrategia de Felipe Sandy (el testigo protegido) para luego extorsionarles y pedirles sumas de dinero a cambio de los servicios profesionales que hubiera brindado. Esa es la posición que hay, en este momento, respecto al caso.

Por otro lado, independientemente de toda esa situación, nosotros hemos identificado que el retiro de dinero por parte del gerente de Chec desde la cuenta del Banco Bisa, en efectivo, por alrededor de Bs 19 millones, dos retiros, constituyen una operación irregular, porque ese dinero retirado en efectivo, no tenemos constancia para qué se retiró, se justifica a la ABC mediante la entrega de facturas. Cuando las verificamos, fueron emitidas por el señor Aguilar Suxo, que tiene el NIT cancelado, ya era un elemento de duda.

El segundo elemento fue que este señor no tenía maquinaria. Entonces, cómo es posible que Chec obtenga facturas por millones de bolivianos en base a una empresa que no existe, que no tiene maquinaria y que, por lo tanto, no puede haber emitido esas facturas.

Lo más grave del caso, que tenía el NIT cancelado en el momento de la emisión, ahí iniciamos nosotros una acción penal, contra Aguilar Suxo, contra el gerente de la empresa china y los acusamos de que había una operación de legitimación de ganancias ilícitas. Parte de ese dinero es el que posteriormente Chec informa mediante un memorial, que fue encontrado parcialmente en la ciudad de Sucre. Vea usted que es otro caso completamente diferente al de contratación.

El tercer caso, completamente diferente a los otros, es el de extorsión, que sigue Chec, contra Felipe Sandy.

En el video señala que Sandy dio pruebas para confirmar que en el caso hubo la alteración y el cambio de documentación en las carpetas de la licitación para la adjudiciación, la alteración y el cambio del poder para la firma del contrato, la suscripción de un contrato ficticio y la operación de lavado de dinero para materializar en efectivo la coima y su posterior entrega ¿Todos estos hechos acaso no han sido comprobados por la investigación?

Es lo que él dice en el video exhibido por EL DEBER. Señala que, a lo largo de la relación que tiene con Chec, hizo una serie de acciones, llámele amablemente lobbie y, en algún momento, sobre esta operación, asesora al gerente de Chec para que se concrete su contratación en este caso. Y la intervención que señala que él realiza es el cambio de los formularios y del poder.
Ahí usted ve que su participación no es de testigo, de alguien que está viendo los hechos. Él se manifiesta como quien realizó la acción y luego le cobra honorarios a Chec por haberlo hecho. Claramente no es un testigo, sino una persona que ha intervenido de manera esencial en la situación de la que estamos hablando y es objeto de investigación, y no puede cerrarse porque hubiera fallecido.

¿El haber revelado un caso de corrupción no le da la facultad de un testigo protegido, como la persona que comprueba el tráfico de drogas en una organización de narcotraficantes?

No, no es así. Un testigo no puede ser partícipe. Cuando se comete un hecho delictivo, en el caso de la muerte de una persona, un asesinato, si alguien dispara contra otra se convierte en autor. Si le dispara en un lugar que no causa la muerte inmediata y la persona que la auxilia le causa un daño mayor, al llevarlo al hospital choca y termina matándolo, hay diferentes grados de participación criminal. En todos ellos la autoría, la complicidad y el encubrimiento no tiene que haber una participación de los sujetos. Si la hay, son partícipes y hay que investigarlos como autores, coautores, cómplices o encubridores.

El testigo protegido tiene la característica de que ha visto y oído los hechos sin intervenir de ninguna manera en las acciones delictivas. Será testigo quien hubiera visto desde el edificio del frente, quien hubiera visto cómo se chocaba la ambulancia, quien hubiera retirado del lugar a los heridos, pero no puede haber una intervención.

En el caso de este señor su participación es esencial para que se produzca el hecho, por lo tanto, existe una participación penal y no puede ser testigo. Esa es la gravedad del caso.

¿Por qué usted confirma que el presidente de la ABC, Henry Nina, no ha sido partícipe de este hecho delictivo?

Porque en el hecho que se investiga, que tiene que ver con la comisión de un delito de cohecho, es lo que acusa Héctor Arce, y el Ministerio Público también lo presenta como una hipótesis de investigación penal, no se ha determinado que hubiera existido un pago de dinero, cohecho, a ningún funcionario de la ABC, esa es la situación que se ha presentado en este caso.

Ahora, permítame señalarle con precisión, todos los que están actualmente investigados en este caso de Sucre, han señalado su participación. Todos ya prestaron declaración y si tuvieran el cuidado de revisar, verían qué es lo que ocurrió con la comisión en cada uno de los momentos del proceso. Y la acusación de que se hubiera utilizado ese dinero para pagarles a todos ellos no ha podido ser demostrada por el Ministerio Público ni por Héctor Arce, quien sostuvo en algún momento que había recibido el dinero en una ciudad de Bolivia, Sucre. Otro momento, en La Paz, y Nina ha demostrado que ese día de la denuncia, estaba en Cobija, Pando, entregando una obra. No se puede sostener una acción penal en base a los sentimientos. Se hace en base a la prueba y a la acusación.

Si hay otros elementos que puedan ser cuestionados, tienen que ver con la conformación de la comisión. Debía habérselo hecho de acuerdo a la norma administrativa, y se hizo de otra manera. Ahí la responsabilidad no es penal, sí administrativa. Y todo lo que tiene que ver con la contratación misma, el proceso de contratación, no permite inferir que Nina sea responsable penal.

Ahora, esa decisión no es del Ministro de Justicia. Yo no dicto sentencias, explico en el diálogo con usted o en una conferencia de prensa lo que yo pienso, mi posición como autoridad de Gobierno para llevar adelante una investigación. Quien define si el señor Nina es inocente o culpable, o incluso que esté siendo investigado es el Ministerio Público y en este momento no es indagado, no es parte del proceso, no hay ningún juez que haya iniciado una pesquisa contra él. Por eso me parecen excesivos los titulares de algunos medios de comunicación, o incluso la consulta que me hace, de decir que se está absolviendo a alguien porque da a entender que lo estuviera haciendo yo. Cómo puedo declarar la inocencia de alguien que ni siquiera es parte del proceso.

Vuelvo a insistir, ¿por qué usted anunció el fallecimiento de esta persona y luego reveló su nombre?

Porque la persona está siendo acusada por Chec por el delito de extorsión. No hay en este momento un estatus de testigo protegido indefinido, éste fue cuestionado por el Ministerio de Justicia desde el primer momento. Y desde nuestra posición, él nunca lo fue. Siempre tuvo la condición de coautor de estos delitos. Lamentamos su muerte y su fallecimiento, pero no se puede crear un manto de impunidad en un hecho delictivo, con la declaración de testigo protegido.

Nuestra posición, y lo hemos dicho siempre, no la define ni el Fiscal General ni el Ministro de Justicia. Esta determinación de si él es o no un testigo protegido la tiene que tomar un juez. En este caso el juez cautelar de Sucre, y la situación que se definirá por el juez cautelar de Sucre desaparece en el momento en el que se presenta una nueva acción penal, en este caso, la de Chec contra esta persona por el delito de extorsión.

Ahí, el documento presentado por Chec contra él, le da una característica de publicidad a su intervención, por lo tanto, no hay una determinación que pueda implicar la vulneración de la Ley de Protección de Testigos u otra normativa.

¿Cuándo se enteró usted que murió, en enero me dijo, no?

No. La información en las redes sociales señala que habría fallecido en enero de 2023.

¿En qué redes sociales?

Usted lo tiene en diferentes avisos de comunicación, en diferentes momentos de información. Pero la información oficial y me extraña su consulta, más que nada por la profesionalidad que usted tiene; la respuesta mía tiene que ver con la presentación de la denuncia de Chec contra esta persona, en calidad de autor del delito de extorsión.