El paro de los 36 días se juzgará en La Paz como el caso Terrorismo
Pocos días después del asalto al Hotel las Américas se aprobó el Decreto 138 que ordenó llevar a esa ciudad los procesos relacionados con la seguridad del Estado
El juez primero anticorrupción de La Paz, Elmer Laura, retendrá en su despacho el caso del paro de los 36 días a pesar que los sucesos sobre los que se planteó esta denuncia tuvieron lugar en Santa Cruz.
Ayer, la Sala Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz resolvió que los actuados se queden en La Paz sobre la base del Decreto 138 que fue aprobado en mayo de 2009, pocos días después del asalto al Hotel las Américas, un evento que activó al menos 12 denuncias contra el Estado boliviano por ejecuciones sumarias y otras graves vulneraciones a los derechos humanos ante la Comisión de Derechos Humanos (CIDH).
La entidad judicial rechazó, de este modo, las apelaciones para que el proceso sea bajo el principio del juez natural.
El caso fue planteado el 11 de noviembre de 2022 por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca. Posteriormente, el Viceministerio de Transparencia se sumó al proceso en representación del gobierno del presidente Luis Arce.
La denuncia fue planteada por los cargos de racismo y discriminación; asociación delictuosa, y desórdenes o perturbaciones públicas, además de terrorismo, una causa que fue observada por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) que halló motivaciones políticas detrás de estos procesos. El GIEI-Bolivia fue organizado para esclarecer las vulneraciones de derechos de 2019 a pedido de la CIDH.
El rector y el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar y Reineiro Vargas, además del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el expresidente cívico Rómulo Calvo y el abogado José Luis Santistevan, quien fue asesor del Comité Interinstitucional por el Censo, son los acusados.
“El juez de La Paz, de acuerdo con la resolución de esta apelación, es el competente para llevar esta causa, nos sorprende de sobremanera. Se amparan en el Decreto Supremo 138 al que le han dado un valor por encima de las leyes y de la Constitución que hablan del juez natural”, señaló el rector Cuéllar y recordó que el paro de los 36 días permitió llevar adelante el censo a merced de una ley que antes no estuvo contemplada. Recordó que el Gobierno postergó el censo y fue la región que se movilizó por ello.
“Nos están siguiendo un proceso por exigir censo y el mismo Gobierno ha promulgado la Ley 1492 que permitió que el censo se lleve adelante el 23 de marzo. En base a esa solicitud de toda esta región y del pueblo boliviano, a partir de septiembre van a empezar a distribuir los recursos económicos en base a los nuevos datos del censo. ¿Cuál es el delito? No existe delito”, reclamó.
De todos los acusados en este caso el gobernador Camacho es el único que guarda reclusión, pero por cinco causas distintas, incluyendo la del “Decretazo” que debería resolverse el 11 de abril en Santa Cruz, según la disposición del Tribunal Octavo de Sentencia de la capital oriental.
El 8 de marzo, el juez Laura decidió ampliar la detención preventiva contra Camacho por el caso del paro de los 36 días. Esta autoridad jurisdiccional fue fiscal entre 2013 y 2015, cuando fue despedido por “faltas gravísimas”. Se refugió luego en la docencia universitaria en El Alto hasta 2021 cuando fue repuesto como juez anticorrupción de La Paz. Varios de sus propios colegas cuestionaron esa determinación.
Laura entregó su documentación a la Asamblea y está en carrera para ser candidato para el Consejo de la Magistratura.
