El paso por el río Mamoré: un caudal peligroso de la trata y tráfico desde Brasil

Solo son unos pocos metros los que separan el control legal y el paso ilícito. Es la ciudad de Guajará-Mirim, al frente del municipio de Guayaramerín, en Beni. El río Mamoré separa ambas poblaciones y por ese inmenso afluente pasa lo ilegal desde Brasil. Por un precario paso se llega a un improvisado puerto. De ahí salen los “peque-peque”, que son canoas con pequeños motores. Ahí suben los sueños de mujeres brasileñas de escasos recursos que, tras pasar el río, se convertirán en pesadillas.

Guajará-Mirim es una pequeña ciudad que está en el Estado de Rondonia de Brasil. Muy alejada del poder político y de los lugares más turísticos del vecino país. Ahí llegan mujeres brasileñas de regiones cercanas con falsas promesas. Les dicen que podrán tener trabajo en zonas orientales de Bolivia, pero ya en suelo nacional son explotadas sexualmente.

Un estudio del Ministerio de Justicia de Brasil revela que el 70% de las mujeres brasileñas que sufren trata y tráfico hacia otros países son víctimas del comercio sexual. Ponen a Bolivia como una ruta “permanente” para la ejecución de este tipo de delito.

El informe brasileño indica que de las 46 operaciones de cooperación jurídica internacional para combatir el tráfico de personas en las que participó Brasil, entre 2017 y 2021, 32 se llevaron a cabo para rescatar a víctimas de explotación sexual. Las otras 12 fueron operaciones de rescate de personas sometidas a trabajo esclavo (26%) y dos las destinadas a rescatar a víctimas que sufrieron procesos de adopción ilegal (4%).

En este estudio se muestra a Paraguay y Perú como los países vecinos de la región que son destino de las víctimas brasileñas de explotación sexual. Bolivia también ingresa en la lista.

Policía brasileña

La Policía en Guajará-Mirim tiene datos de rescate de víctimas de trata y tráfico desde Brasil a Bolivia. Uno de los efectivos explicó a este medio que las redes usan vías ilícitas para cruzar a Bolivia. Uno de los medios son los “peque-peque”, que operan a escasos metros del punto fronterizo legal.

Ya en Bolivia las redes utilizan las vías para llegar a La Paz o Santa Cruz de la Sierra. Otras víctimas son mandadas a otras ciudades. En Guayaramerín a algunas les quitan sus documentos y a otras les mantienen la mentira hasta llegar al punto final de destino.

La carretera que une Guayaramerín con Riberalta tiene dos controles. Uno policial, donde se paga el peaje, y otro militar. En el primero los policías no revisan ningún tipo de motorizado. Este medio utilizó esa vía y en ese punto había tres efectivos. Los tres estaban juntos y ni siquiera levantaron la vista para ver qué tipo de movilidad pasa por la vía y si está con extranjeros.

En el otro punto de control solo hay soldados. Ellos se limitan a levantar los conos que están obstaculizando el paso. Miran tímidamente quiénes pasan por ese punto, pero no hacen nada más. La vía hacia el occidente está expedita.

Esta travesía minutos antes había tenido similar accionar de los efectivos militares bolivianos y brasileños. En el punto de control de Guajará-Mirim solo había un efectivo dentro de una caseta. El uniformado miraba quiénes pasan, pero nunca salió de su oficina para revisar o exigir documentos.

Al frente, en Guayaramerín sucede lo mismo. Los militares bolivianos no exigen documentos a las personas que cruzan el río Mamoré. Por la vía legal el cruce cuesta 12 bolivianos en embarcaciones acondicionadas. Y por los “peque-peque” el paso cuesta diez bolivianos, que se los paga a las personas que operan la lancha.

Las canoas de los “peque peque” miden aproximadamente 10 metros de largo y un ancho de entre 1,60 y 1,80 metros. Su fabricación tiene un costo que oscila entre los Bs 6.000 y 7.000. Pueden transportar hasta 5.000 kilos por viaje. La competencia es feroz, ya que además de las asociaciones de “peque pequeros”, existe transporte legalmente establecido.

En un informe de la Policía de Rondonia se detalla que las víctimas que van hacia Bolivia sufren explotación sexual en lenocinios lujosos. Ellas son desconectadas de sus familias bajo amenazas. Son sus allegados los que ponen denuncias de desaparición y la Policía del vecino país debe actuar en coordinación con sus colegas bolivianos. La mayoría de las personas desaparecidas son llevadas a Bolivia, según los oficiales de una oficina en Guajará-Mirim.

“Esta es una ruta crítica de las muchas que existen en el delito de trata de personas. Bolivia, Perú y Paraguay se convierten en los destinos más codiciados por las redes de trata”, explicó un oficial de la Policía brasileña.

El uniformado, que pidió no publicar su nombre por temas de permisos en la entidad brasileña, informó que “muchas veces” se desconoce las rutas que siguen las redes de trata y tráfico al interior de Bolivia. “No sabemos exactamente dónde llevan a las víctimas, pero conocemos que van a ciudades más urbanas, muy diferentes a Guayara (merín). También vemos que son llevadas a centros nocturnos donde son explotadas de manera sexual”, dijo el oficial.

De Guayaramerín existen dos rutas principales de salida. Una va a Trinidad y otra a Riberalta. La primera es un camino de tierra en la mayor parte del trayecto y se puede llegar a la capital beniana en 12 horas. De Trinidad a Santa Cruz de la Sierra son ocho horas de viaje en autobús.

La otra vía, que es puro asfalto y va a Riberalta, es donde existe más presencia de uniformados, pero con escaso control. Desde Riberalta se puede conectar a La Paz en 18 horas de viaje en bus. Tanto en Guayaramerín y Riberalta existen aeropuertos donde solo opera una aerolínea.

El comandante de la Policía Fronteriza en Guayaramerín, coronel Juan Céspedes, informó a un medio local que desde los actos de las fiestas patrias se instalaron cámaras de vigilancia y que existen controles permanentes a hospedajes del municipio.

También, la Defensoría del Pueblo en las localidades de Guayaramerín y Riberalta realiza diferentes trabajos para evitar que haya víctimas de trata y tráfico, ya sean nacionales o extranjeras. Uno de los pedidos a las autoridades es que exista el control de documentación de adolescentes en las carreteras.

La coordinadora de la Defensoría del Pueblo en Riberalta, Deysi Riveros, propuso realizar actividades educativas a la ciudadanía conjuntamente la Red Provincial Contra la Trata y Tráfico de Personas, conformada por autoridades municipales, policiales, militares y el Consulado de Brasil en la ciudad de Guayaramerín.