El rostro de mujer en la batalla ambiental, violentadas cuando defienden su espacio

Paola Gareca vive al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el sur de Bolivia. Una madrugada del año pasado salía rumbo a la ciudad de Tarija y, mientras caminaba, escuchó ocho disparos al aire muy cerca de ella. Entró en pánico y corrió hacia un lugar seguro, dejando su mochila en el piso. No alcanzó a ver a nadie, pero desde ese día el temor la persigue a todos lados. Ella es una de las muchas víctimas en Bolivia por ser defensoras del medio ambiente. 

Bolivia es uno de los países con menor desarrollo normativo a favor de quienes protegen los derechos humanos y ambientales. Los ataques contra las defensoras ambientales se focalizan en mellar su imagen pública, señalarlas, estigmatizarlas, hostigarlas, acosarlas por vías indirectas -que pueden ser administrativas o laborales-, intimidarlas y desgastarlas psicológicamente. Entre todas estas formas de ataque, también hay una estrategia que es muy común en Bolivia a la hora de agredir los liderazgos ambientales: la división de organizaciones indígenas o campesinas. 

Gareca es la actual ejecutiva de la Subcentral Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tariquía. Comenzó a involucrarse en la defensa de su territorio luego de que el gobierno boliviano intentara iniciar el proyecto de exploración y explotación de gas dentro de Tariquía. El plan compromete más de 136 mil hectáreas de bosque, lo que equivale al 55% de la reserva, según información del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
En 2015, Gareca decidió asumir la representación a pedido de su comunidad. “Nuestros antepasados cuidaron el medio ambiente y por eso ahora tenemos aire puro. Si no seguimos haciéndolo, ¿qué van a respirar nuestros hijos y las siguientes generaciones?”, preguntó la activista. 

El inicio de la perforación en abril de este año del pozo Astillero X1, en parte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia, tomó por sorpresa al movimiento cívico de Tarija, a las comunidades que se oponen al proyecto exploratorio y a las defensoras del medio ambiente.
YPFB Chaco comenzó los primeros días de abril la actividad extractivista con el alquiler de una perforadora de la empresa china Sinopec International Petroleum Service.

 Gareca lamentó la perforación en una zona que no es para el uso de extracción. La lideresa afirmó que la empresa se salió con la suya, sin respetar a las comunidades que rechazan la exploración, al no cumplir con la normativa porque “se inventaron un Plan de Manejo que hicieron a espaldas” de los pobladores.

Miguel Miranda, investigador del Cedib y responsable de la base de datos sobre agresiones a defensores del medio ambiente, explicó que la mayoría de las defensoras del medio ambiente son personas que siempre hicieron uso de medios pacíficos para proteger los derechos de la naturaleza y de sus territorios. Según el Cedib, el año pasado 19 mujeres y 12 hombres fueron agredidos por defender su territorio y el medio ambiente, siete de los cuales pertenecen a territorios de la Amazonía boliviana. Esa cifra aumentó este año. 

Silvia Lipa Piloy es dirigente del pueblo indígena leco en el norte del departamento de La Paz y está entre las personas registradas como víctimas por Cedib. Está convencida de que la mujer defensora del medio ambiente en Bolivia tiene más riesgos y que, lo peor, es que muchos de esos riesgos no se hacen públicos por temor a las represalias. En su región, que es parte del parque nacional Madidi, luchan contra la invasión de empresas que extraen oro sin ningún tipo de control estatal.

“El tema del oro y sus consecuencias es el mayor reclamo que tenemos en el norte de La Paz. Por eso nos atacaron y hasta amenazaron a los dirigentes del pueblo leco, pero sobre todo a las mujeres, porque incluso quieren dañar hasta nuestras familias”, lamentó Lipa.

País agresivo
En Bolivia existe un contexto altamente agresivo contra las mujeres defensoras de derechos territoriales y ambientales. Los factores económicos del contexto -el extractivismo- se mezclan con la construcción social de las estructurales relaciones de poder, donde las mujeres están relegadas de la toma de decisiones políticas. Se delimita y reduce para ellas los lugares y su participación en el escenario público político.

Según el Cedib, las necesidades de las mujeres defensoras son amplias a raíz de las amenazas que vienen de diferentes actores y estructuras sociales. “El modelo económico extractivista es el factor determinante de las violencias contra las defensoras.

 La mayor necesidad va a ser siempre que el modelo económico extractivista se extinga buscando la implementación de otro tipo de modelo económico sustentable y coherente con preservar la vida digna”, dice parte de un informe del Cedib. 

Y Ruth Alipaz Cuqui confirma esa dificultad de luchar por el medio ambiente en Bolivia. Ella defienda su territorio, que está en pleno parque nacional Madidi, en el departamento de La Paz.

 Ahora está preocupada por lo que está pasando en el río Tuichi, esas aguas que ha navegado tantas veces y que evocan inevitablemente pasajes de su infancia en Bolivia.

“Ante la sola idea de que mi territorio pueda ser inundado y que todo eso desaparezca, que mi río desaparezca, es como si me borraran la memoria”, lamentó Alipaz. 

Aunque el título de “defensora” no le agrada mucho, Alipaz, que está orgullosa de ser parte del territorio indígena uchupiamona, mantiene una férrea lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica Chepete – El Bala, pero también lucha contra la minería ilegal que se asentó en la cabecera del río Tuichi y que está contaminando esas aguas y depredando esa tierra. 

Y esa lucha le está afectando su vida. En su comunidad existen personas que la quieren expulsar y que llegaron a agredirla, solo porque está en contra de la minería. Esa actividad minera está contaminando los ríos del Madidi y está dañando la salud de sus habitantes, por el alto índice de mercurio en sus alimentos. 

“A mí, en mi pueblo, me vienen amenazando por oponerme a la minería. Me dicen: ‘¿Qué vas a hacer cuando lleguen y te vuelen la cabeza con dinamita? A ver si vas a seguir resistiendo’”, aseguró Alipaz, que ahora se dedica a actividades turísticas sostenibles en su región y también es parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). 

En el informe del Cedib se hace un fuerte énfasis en las causantes de las agresiones. Según los datos, las mujeres que pertenecen a entidades del Estado son los principales perpetradores de los ataques. A eso hay que sumar personas, grupos y organizaciones de civiles que atacan a las defensoras motivados por su apoyo al partido gobernante y sus políticas extractivas.