El transporte cruceño irá a un paro que se proyecta con fuerza en ciudades del eje

Luis Arce enfrentará un segundo paro que esta vez tiene una convocatoria sin límite de conclusión. Son al menos ocho sectores que están en contra de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo que prevén mantener la presión hasta que el Gobierno anule o ajuste está normativa.

De acuerdo con preparativos de los sectores, la medida se proyecta con fuerza en las capitales del eje, pero especialmente en Santa Cruz de la Sierra, donde el transporte sindicalizado anunció que se plegará a la medida de presión.

El secretario general del Sindicato de Transporte Santa Cruz, Mario Guerrero Gonzales, confirmó esa determinación que le cayó como un balde de agua fría al Gobierno que se movilizó en varios niveles para conjurar la medida. De hecho, ayer el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, pidió a su colega de Gobierno, Eduardo del Castillo, que se garantice la circulación de los transportistas que no acaten el paro, especialmente en Santa Cruz.

Hasta el viernes, Guerrero afirmaba que los choferes no acatarían el paro. “La posición inicial de muchos transportistas es la de cuidar la economía del día a día, pero después de un intercambio de ideas decidimos que es necesario el sacrificio del paro, porque no habrá reactivación económica con estas leyes confiscatorias, situación por la que hemos decidido suspender actividades hasta la abrogación de la ley 1386”, menciona el comunicado emitido por el sector.

La principal observación tiene que ver con el artículo 7 de esa ley que permite al Gobierno ajustar la estrategia del lavado de activos a través de decreto. El plan prevé ajustes en el código penal y considera que la informalidad es un factor para este tipo de delitos. Los sectores movilizados creen que esto puede provocar la extinción de bienes y afectar su trabajo.

De hecho, el comunicado de los transportistas detalla que suspenderán sus actividades porque consideran que la “ley 1386 es una amenaza a la calidad de ciudadanos libres. Sin libertad, seguridad jurídica y sin justicia, no habrá reactivación económica”, según se lee en el comunicado del sector.

Agregan que la norma pone en duda sus ahorros y la de los sectores populares como gremiales y cooperativistas. “Es necesario garantizar el esfuerzo de todos los ciudadanos y que esté claramente precautelado y no amenazado”.

El ministro Montaño explicó que el Gobierno está abierto a socializar la normativa con todos los sectores. De hecho, ayer sostuvo un encuentro con los dirigentes nacionales, quienes rechazaron el paro, pero sin aceptar la cuestionada ley.

Orlando Gutierrez, de las cooperativas de transportistas de Bolivia, afirmó “que no se puede parar” en un momento de recuperación de la economía. Pidió a sus compañeros de Santa Cruz que dialoguen con el Gobierno y garantías para el desarrollo de sus operaciones.

Fernando Larach, vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, aseguró que existe coordinación con el sector gremial y otras entidades que conforman el comité cívico para el cumplimiento del paro y negó la versión del gobierno que les acusó de provocar la desestabilización de Arce.

Los hospitales deben atender —dijo— y todavía está en suspenso si las entidades bancarias abrirán sus puertas. El aeropuerto de Viru Viru funcionará, según informó el Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa).

Édgar Álvarez, dirigente gremial de Santa Cruz, informó que los mercados permanecerán cerrados. “Estamos organizados para bloquear varios puntos de la ciudad. Realizaremos una marcha el día de inicio para concentrarnos y luego ir a los bloqueos”, anunció.

La Gobernación de Santa Cruz anunció que no abrirán sus puertas, pero los hospitales atenderán con normalidad, explicó desde el Servicio Departamental de Salud.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, afirmó que el sector salud municipal, seguridad ciudadana y alumbrado público trabajarán con normalidad. “Si hay que derogar esa norma, que lo hagan. Luego con diálogo se trabaja otra sin vulnerar la Constitución”, afirmó el edil.

El representante de los cívicos de Cochabamba, Marcelo Piérola, anticipó que “va a ser un paro contundente y movilizado”. Reveló que “el transporte internacional preparó el bloqueo de carreteras y puentes, mientras las plataformas, estarán en bloqueos en calles y lugares de circulación”.

Además de los cívicos, en la capital cochabambina acatarán el paro indefinido el Colegio Médico de Cochabamba, la Federación de Profesionales, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), sector de autoventa, la Cámara de la Construcción, las cooperativas, la Asociación de gremiales, la Cámara de Transporte Internacional, la Cámara de Minería y la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines (Aserac).

El presidente de los empresarios cochabambinos, Luis Laredo, afirmó que “los paros realmente perjudican a la economía”, pero remarcó que “tampoco se puede trabajar con leyes con la que realmente va a ser difícil poder invertir y generar empleo”.

El líder de los gremialistas cochabambinos, César Gonzáles, aseguró que no se levantarán las medidas de presión hasta que el Gobierno abrogue la Ley 1386.

En La Paz hay división. El Alto no tiene sectores que impulsan el paro indefinido. La alcaldesa Eva Copa adelantó que no acatarán la medida debido a que en su ciudad un 80% de la población depende de la economía informal.

Un bloque de los gremiales de El Alto, liderado por Antonio Siñani, acatará el paro, pero admiten que será difícil bloquear algunos puntos de esa ciudad. El transporte sindicalizado no se sumará

En la sede de Gobierno el paro tendrá efecto en algunos barrios. Las plataformas decidieron organizar puntos de bloqueos, sobre todo en la zona sur de La Paz.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) recomendó a la ciudadanía aprovisionarse de alimentos y medicamentos para enfrentar el paro. “Alentamos a que la ciudadanía salga a las calles y que la lucha es indefinida”, declaró Manuel Morales, dirigente de la organización.

En Tarija la Gobernación se sumará a la medida, como también los cívicos y transportistas del sector internacional. No así los gremiales, empresarios, microempresarios y transporte urbano tarijeño.

“Hablar de paros es señal de mala palabra, señal de que estamos yendo en camino contrario al desarrollo”, afirmó Marcelo Romero, presidente de la Federación de Empresarios de Tarija (FEPT).

En Potosí el comité cívico está al frente del paro y el transporte urbano anunció que se suma a la medida. En Chuquisaca la coordinación con los cívicos fue escasa y en Oruro acatarán el paro los gremialistas y no así los cívicos.

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