Las redes de narcotraficantes captan con mayor frecuencia a pilotos jóvenes. La DGAC asegura que está a cargo de la regulación de la aviación “lícita” y anuncia certificación de unos 100 aeródromos legales

24 de julio de 2022, 4:00 AM
24 de julio de 2022, 4:00 AM

El icónico aeropuerto El Trompillo ocupa un área de 151 hectáreas dentro de la mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra. No operan desde allí vuelos regulares con itinerarios definidos, pero hay conexiones con unas 1.000 pistas dispersas en la región, también con Beni, Tarija, Pando y el trópico de Cochabamba.

Las cifras varían de acuerdo con la temporada y el clima, además de las necesidades de cada vuelo, muchos de ellos motivados por razones empresariales y humanitarias como es el recurrente traslado de pacientes, explicaron a EL DEBER especialistas, pilotos y técnicos de la empresa estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), la empresa estatal que desde 2021 se dedica al control de las rutas aéreas locales.

Celier Arispe, jefe de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), reveló, al respecto, que existen 41 aeródromos certificados por Naabol y que hay al menos 100 que están cumpliendo ese trámite.

“La parte ilícita viene de las pistas clandestinas, desde donde prácticamente no se tiene todavía el control suficiente en esas pistas, porque ni siquiera están debidamente registradas en la DGAC. Hemos tenido reuniones con nuestros productores y ganaderos con la idea de registrar los aeródromos privados lo más que se pueda y, en esa línea, una vez que hemos consensuado con ellos, mandaremos un equipo a Trinidad para hacer los registros por un tiempo determinado de una semana para que podamos registrar esos aeródromos”, declaró Arispe a los periodistas, en el contexto de las investigaciones sobre posibles operaciones irregulares que tuvieron lugar en aeropuerto El Trompillo.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz, Cristian Lemcke, señaló a esta redacción que la DGAC “está sobre regulando” al sector con trámites que hacen “casi imposible” la certificación oportuna de aeródromos. “Por eso es que en el país no tiene ni el 5% delas pistas certificadas”, apuntó.

El dirigente consideró que la “excesiva burocratización” afecta y permite condiciones para la corrupción y, con ello, fallas en el control de la navegación aérea.



Pero, la autoridad aeronáutica aseguró que existe un marco legal suficiente para la regulación del sector en el ámbito de las operaciones “lícitas”, pues existen otras autoridades que están a cargo de las investigaciones de delitos. Aclaró que la DGAC cooperó con la Fiscalía cuando se le solicitó información, por ejemplo, del vuelo en el que viajó el ciudadano Juan José Dorado antes de desaparecer de los radares, el pasado 7 de julio.

Pero Dorado (27), quien estudiaba para ser piloto civil, fue asesinado y su cuerpo fue encontrado en Paraguay, en una zona próxima a Bolivia, donde los traficantes “recuperan” alijos de cocaína, según reportes policiales divulgados por medios del vecino país.

Según el informe de la DGAC, el aprendiz de piloto abordó en avioneta Cessna 206 con matrícula CP-3172. Ernesto Cortes Tomas, un joven cochabambino de 25 años, quien también desapareció de todos los radares, fue quien condujo la aeronave que partió del hangar 101 de El Trompillo para dirigirse hacia el aeródromo Cupesí de la provincia Chiquitos. Además, las autoridades de la DGAC informaron que, según su plan de vuelo, la aeronave debía retornar ese mismo día a Santa Cruz, pero no lo hizo hasta el día siguiente (8 de julio). La Fiscalía allanó el hangar y no encontró rastros del aparato, pero secuestró varios documentos.

El 4 de julio, la DGAC confirmó que el principal acusado de la muerte de dos policías y un civil del Gacip, Misael Nallar Viveros, viajó el 21 de junio, el mismo día del crimen, desde El Trompillo a San Joaquín (Beni). Se anunció una investigación y la entidad descartó que Nallar haya piloteado su nave, pero tampoco reveló el nombre del comandante de ese vuelo considerado irregular.

Otras operaciones aéreas relacionadas con el narcotráfico se hicieron notorias en los últimos dos meses, aunque para las autoridades y pobladores de la región del Chaco la actividad está en ascenso debido a la apertura de narcorutas a Paraguay y el norte de Argentina.

El alcalde del municipio de Cabezas, Omar Rosales, estuvo la semana pasada en Santa Cruz de la Sierra para solicitar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico la realización de patrullajes en la zona. “Ya son dos avionetas que se han encontrado en menos de un mes y los habitantes de allá estamos totalmente preocupados por los casos de narcotráfico. El problema es que esta gente que se está dedicando al narcotráfico están utilizando parcelas y predios rurales de los comunarios sin ninguna autorización. Ellos lo usan como pista y se asientan en caminos vecinales”, declaró.

El control de navegación de El Trompillo se hace a través de comunicaciones de radio que tienen un alcance de media hora de vuelo y “con una conexión vectorial” con el radar del aeropuerto Internacional de Viru Viru. Para ello, cada aeronave posee un equipo llamado “transponder” que permite que sea visualizada en las pantallas de los controladores aéreos. Cuando el vuelo es irregular, explicó a EL DEBER personal especializado, el piloto apaga el transponder y desaparece de los controles. “Los equipos que tiene Viru Viru son buenos, pero están un poco desactualizados, pues en la región existe otra tecnología 3D y térmica”, explicó el especialista.

Bolivia suscribió en agosto de 2016 un contrato con la empresa francesa Thales Air Systems para la fabricación de 13 radares por $is 214 millones. Estos equipos no están operables a pesar de los recurrentes anuncios. “Pronto estarán en operación”, apuntó Arispe.

La cantidad de avionetas confiscadas al narcotráfico en los primeros siete meses de este año por poco duplica al registro de todo el 2021, según cifras del Viceministerio de Defensa Social. En 2021, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se incautó de 46 aparatos que estaban involucrados en el puente aéreo que se estableció ilegalmente entre Bolivia, Perú y Brasil. En lo que va del año ya son 84 avionetas y tres helicópteros confiscados.

“Las rutas de tráfico de drogas no son exclusivas de esas drogas; se trafican bienes ilícitos en general. Hay un vínculo con el tráfico de armas, por ejemplo”, señaló en un contacto con EL DEBER Andrei Serbin, un especialista argentino en seguridad con un doctorado en Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid.

“Somos una región productora y, a la vez, hay condiciones socioeconómicas que facilitan el accionar de grupos organizados. Esas condiciones socioeconómicas tienen que ver con la falta de oportunidades, por ejemplo, de ascenso social. Eso permite el reclutamiento de jóvenes en estructuras criminales y generan condiciones para la corrupción dentro en las estructuras estatales”, dijo.

El experto también señaló que se trata de un “problema muy amplio” que pone a prueba a las instituciones de su país y la región. De hecho, explicó que su país tiene una buena “radarización”, pero que se requiere de cooperación para interceptar vuelos ilegales.

Rutas
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), sobre la base de los reportes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), alertó este año de un crecimiento del tráfico de cocaína boliviana y peruana a través de la hidrovía.

Vía Tarija
En 2021 fueron intervenidas 46 pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico. De esas, 22 estaban en Santa Cruz y 17 en Beni. Se hallaron cinco en La Paz, una en Cochabamba y otra en Tarija. La ruta a Paraguay se está consolidando

Armas
La Policía reveló que Nallar usó armas largas cuando ejecutó a los policías en Porongo. El tráfico de municiones es una actividad que está en la mira.