El TSE tiene agenda llena hasta 2025 y el MAS ratificará censo para 2024

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene en su calendario una seguidilla de actividades desde el 2023 hasta 2025, año de las elecciones generales. Ahí radica la importancia de tener los resultados “oficiales” del Censo de Población y Vivienda hasta septiembre de 2024, plazo máximo, para evitar el choque de tareas electorales como la organización de las elecciones primarias.

En esa línea, el MAS desde la Cámara de Diputados adelantó que ratificará, mediante ley, los plazos establecidos en el Decreto Supremo (DS) 4824, es decir, censo para el 23 de marzo de 2024 con entrega de resultados en septiembre de ese año para la distribución de recursos y escaños. Sin embargo, la oposición insistirá en realizar el censo para la gestión 2023.

“Hay un trabajo secuencial del TSE. Si los datos censales se entregan en diciembre (como había anunciado el Gobierno) no habría posibilidad de realizar, pensando en los comicios de 2025, las elecciones primarias como señala la Ley de Partidos Políticos”, explicó el vocal de Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Saúl Paniagua.

La autoridad explicó que el problema no está en la redistribución de escaños y la modificación de la ley sino en el calendario electoral nacional que tiene una secuencia de tareas que inician en diciembre de este año.

El calendario expuesto por el presidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Óscar Hassenteufel, contempla las actividades de largo aliento entre diciembre de 2022 y noviembre de 2025.

En diciembre de este año, se realizará el encuentro nacional de vocales electorales para organizar la elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La reunión será en la ciudad de Tarija para discutir los hitos más importantes de las elecciones judiciales.

Este proceso se organiza de forma paralela a la recolección de firmas para el referéndum de reforma al sistema judicial por parte del grupo de juristas independientes. En caso de obtener el millón y medio de adscripciones a la propuesta, el TSE tendrá que organizar el plebiscito sino llevar adelante las elecciones en octubre de 2023.

En mayo de 2023, al cumplirse dos años en los mandatos nacionales, departamentales y municipales se abre la posibilidad de los revocatorios a pedido de la ciudadanía.

En 2024, el calendario está marcado por la organización de las elecciones primarias y presidenciales. Antes de estas actividades, según el compromiso asumido por el Ejecutivo, se remitirán los resultados oficiales del censo en septiembre de ese año para que el OEP trabaje en la distribución de escaños y la delimitación de circunscripciones.

La distribución de escaños establece un trabajo técnico donde se aplicará la metodología establecida en el parágrafo II del artículo 56 de la Ley 026 de Régimen Electoral. Para este efecto, el TSE requiere contar con los datos oficiales del censo y del Índice de Desarrollo Humano.

Una vez concluida esta tarea, la Asamblea Legislativa se encargará de emitir una ley con la nueva distribución de escaños para que el TSE pueda iniciar con la delimitación de las circunscripciones uninominales.

“Es importante que esta ley pueda ser aprobada sin mayores diluciones porque recién una vez que se apruebe esta ley el TSE podrá iniciar la segunda actividad”, dijo Hassenteufel. Con esta información, se podrá convocar sin inconveniente a las elecciones generales que se realizarán en septiembre de 2025 con una posible segunda vuelta para octubre de ese año y entrega de mando presidencial para el 8 de noviembre.

Ley de Censo

Ante los plazos justos para la distribución de escaños y la delimitación de circunscripciones que debe hacer el Órgano Electoral, los legisladores de oposición mantienen su postura de asegurar los compromisos del Gobierno a través de una ley que no solo establezca la fecha del empadronamiento para 2023 sino la entrega y aplicación de los resultados censales.

Sin embargo, desde el oficialismo hay dos posturas que podrían trabar el debate. El ala que responde al presidente Luis Arce adelantó que ratificará los plazos contemplados en el Decreto Supremo 4824, es decir, la realización del censo para el 23 de marzo y la distribución de recursos con datos preliminares para ese mismo año. Añadirán la entrega de resultados censales hasta septiembre de 2024 para facilitar el trabajo del OEP.

“No habrá un choque entre la ley del censo y la Constitución porque nosotros no estamos dando un mandato al Órgano Ejecutivo, ellos han definido cuándo y cómo van a hacer el censo. Solo ratificaremos la decisión que ellos han tomado y también complementar con la distribución de escaños”, sostuvo el presidente de Diputado, Jerges Mercado.

Otro escenario ya anunciado por los ‘evistas’ es que al menos 35 diputados no apoyarán ningún proyecto de ley, porque consideran suficiente el decreto emitido por el Gobierno. Aunque ven conflictiva la fecha programada para el censo porque coincide con el Día de la Reivindicación Marítima.

“¿Cómo y por qué se ha fijado la fecha del censo el 23 de marzo? Se va a declarar feriado ese día, se van a prohibir actividades del Día del Mar. No entiendo si ha sido una falta de previsión o es una chambonada nuevamente del INE. No estoy de acuerdo con que el censo se realice en esta fecha. Estamos cursando una nota al INE”, informó el diputado Héctor Arce.

Por su lado, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos insisten en fijar el censo para octubre del 2023 como pidió el cabildo cruceño. Sobre el debate en Diputados, ninguna alianza quiso adelantar criterios ya que no se fían de la postura del MAS y esperarán hasta la sesión programada para las 17:00 de este lunes.

“Nosotros insistiremos en nuestro rol de defender la posición de un pueblo que está movilizado y que está acatando el paro por eso vamos a seguir en la defensa del censo para 2023”, dijo la diputada María René Álvarez, de Creemos.

El parlamentario Marcelo Pedrazas, de CC, sostuvo que en la sesión del lunes el MAS impondrá su proyecto “ambiguo” que define la redistribución de recursos con datos preliminares con riesgos de márgenes de error.

“El MAS quiere elevar a rango de ley el decreto. Dejo la posibilidad de que el MAS nos haga una jugada. Mientras no se lleve adelante este debate tomaremos la palabra circunstancial del presidente de Diputados”, aseguró.

Las propuestas a discutir piden censo para 2023 (oposición) y censo 2024 (MAS). La distribución de recursos en 2024 con resultados oficiales a pedido de los opositores y el oficialismo con resultados preliminares. Ambos bandos coinciden en la entrega de resultados oficiales en septiembre de 2024 para la distribución de escaños.

Mientras, la situación en el Senado es incierta ya que luego de enviar un proyecto de ley del censo a la comisión correspondiente no se conoce cuándo se debatirá la norma en el pleno. Mercado aseguró que Andrónico Rodríguez, del MAS, está en ‘sintonía’ con lo planteado en Diputados.