Una nueva elección judicial para completar los cargos que están en acefalía significaría para el país un gasto aproximado de Bs 180 millones. El vocal Carlos Alberto Goytia consideró que sería un gasto innecesario para elegir cargos de un sistema que ya está en entredicho y pidió a la Asamblea concentrar sus esfuerzos en modificar la forma de designación de los altos magistrados.
“Una elección de siete personas para completar el Órgano Judicial requiere más o menos 180 millones de bolivianos. ¿Bolivia está en condiciones de soportar ese gasto?, ¿vamos a seguir llevando adelante las elecciones judiciales de esa forma, como está diseñada actualmente?, o cabe llevar a cabo el debate sobre la reforma constitucional para encontrar otro mecanismo de designación”, declaró el vocal, aclarando de inmediato que esta es una posición personal y no institucional del ente electoral.
Existe acefalía de cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de dos magistrados, y en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de cinco magistrados, entre titulares y suplentes. La Asamblea había propuesto un plazo hasta junio para solucionar este problema, pero la coyuntura demoró los pasos.
Ahora, los vocales fueron convocados para informar sobre el proceso y el presupuesto que se requiere. Goytia, en su comparecencia ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, dejó en claro que el ente electoral no tiene ninguna propuesta ni un presupuesto elaborado para el proceso.
En este momento, el TSJ tiene siete magistrados de los nueve que establece la ley. Asimismo, el TCP tiene elegidos a cuatro de nueve magistrados. Este es el caso más crítico, pues los magistrados no pueden conformar quórum de sala plena porque son minoría, y esa falencia ha provocado que miles de casos empiecen a acumularse por la falta de cinco magistrados.
Los partidos con presencia legislativa tienen como iniciativa la eliminación de la elección judicial. El diputado Juan del Granado presentó una propuesta para que los magistrados sean nominados por un ente colegiado y que sean los partidos, con dos tercios de la Asamblea, los que nombren a las nuevas autoridades. Para ese cometido, sin embargo, se debe cambiar la Constitución, ya que la norma obliga a designar magistrados mediante elección judicial.