Elvira Parra, la denunciante del desfalco en Fondioc, sale del penal

La primera directora del Fondo Indígena, Elvira Parra, salió de la cárcel con detención domiciliaria, luego de permanecer recluida por ocho años y 15 días, acusada de firmar contratos lesivos al Estado, por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El abogado de la exfuncionaria, Vladimir Gonzales, dijo que el Ministerio Público “no logró demostrar” ninguno de los supuestos delitos.

Se trata del caso de corrupción que desfalcó más de $us 180 millones al Estado y en el que hay varios acusados en libertad.

Ocho años después de que Parra estuvo presa sin sentencia, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que Parra no tiene ninguna responsabilidad penal y adelantó que abogarán por otros dirigentes detenidos. Sin embargo, los opositores consideran que el Gobierno trata de subsanar sus errores a una semana de la llegada de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La pena máxima es de cinco a 10 años por los tres delitos de los que se acusa a la señora Elvira Parra. Ella ya cumplió más de lo debido y no ha tocado ni un centavo de esos dineros destinados a proyectos, la idea es establecer los descargos que tenían que haber hecho los beneficiarios de las provincias, ahí está ese dinero y el Ministerio Público tiene que demostrar con pruebas de que nosotros hemos malgastado y desviado, pero no hay prueba alguna”, sostuvo la defensa.

Parra, en contacto con este medio, aseguró que en varias oportunidades le pidieron inculparse y optar por un juicio abreviado, pero al igual que el fallecido Marco Aramayo, primer denunciante de los hechos y también investigado por al caso Fondioc, prefirió defenderse de las “falsas” acusaciones y los procesos penales que suman los 180.

“¡Cuántas veces me plantearon que debía irme a juicio abreviado! y yo dije no, porque no me puedo autoculpar de algo que no hice, entonces yo decía siempre ‘si voy a autoculparme, eso va a ser el inicio de mi muerte’ porque no voy a poder vivir tranquila. Por ahora estoy preocupada en poderme defender y aclarar, aunque no cuento con recursos, pero siempre alguien me prestará algo, no me queda de otra, yo no puedo dejar esta preocupación, esta carga a mis hijos”, contó desde su hogar.

La investigada entró a la cárcel con detención preventiva el 2 de marzo de 2015 y recién el 17 de marzo de este año un juzgado de La Paz emitió una resolución con la detención domiciliaria.

Su abogado consideró que desde la muerte de Aramayo, en abril de 2022, las autoridades se vieron presionadas por lo que colaboraron en la obtención de una medida cautelar a favor de Parra.

En criterio del Ministerio de Justicia, Elvira Parra “no ha cometido ningún delito”. El ministro Lima informó que su cartera presentó informes de inconveniencia e hizo las gestiones a favor de la ex directora del Fondioc y otras autoridades implicadas.

“Le hemos exhortado al Ministerio Público que actúe con la celeridad debida en todos los casos y nuestra posición es que ni Elvira Parra ni Julia Ramos ni otros dirigentes que están sometidos a investigación penal tantos años tengan que continuar en el proceso. No vamos a presentar recursos de apelación”, aclaró la autoridad.

Según reportes de prensa, el 1 de abril de 2015, la entonces dirigente de las Bartolinas y exministra de Justicia Julia Ramos admitió que abrió una cuenta bancaria junto a otra persona para transferir recursos del Fondo Indígena para proyectos.

“La cuenta (la) hemos abierto entre dos personas, yo como ejecutiva y otra compañera de Chapare, no son cuentas privadas. También quiero dejar claro que debe ser cerca de 100 (cuentas), no tengo miedo. Esa plata está en cuentas y se saca (dinero), luego se entrega para que ejecuten los técnicos”, dijo en ese entonces Ramos molesta con los periodistas, a quienes acusó de “satanizar” el caso.

Para Centa Rek, senadora por Creemos, la detención domiciliaria de Parra responde a un interés del Gobierno de evitar posibles observaciones de la CIDH ante “las graves vulneraciones” de derechos en las cárceles bolivianas.

“Los corruptos están libres y esta señora recién ante la inminencia de la visita de los altos comisionados de la CIDH la han puesto en detención domiciliaria. Imagínese un beneficio al que recién le han dado lugar solo por esta visita. Están tratando de subsanar y maquillar algunas cosas más crasas y graves de violaciones a derechos humanos para buscar, lógicamente, cómo desviar la sindicaciones u observaciones que este organismo internacional”, lamentó.

Olvidan los desvíos

Luego de la muerte de Aramayo, quien sufrió torturas y vulneraciones a sus derechos, el millonario desfalco del Fondo Indígena se convirtió en un asunto “del pasado” para varios exdirigentes que accedieron o administraron esos recursos. Aunque la Fiscalía afirmó, el año pasado, que el caso sigue vigente y que 400 personas aún deben responder en los estrados judiciales por varios delitos.

El jurista a cargo de la defensa de Elvira Parra contó que en todos los procesos instaurados dentro del caso Fondioc se evidencia que quienes “fallaron” son los beneficiarios que no hicieron los descargos de los dineros destinados a proyectos.

“Ella está pagando los platos rotos por los beneficiarios que en muchos de los caso se han escapado con el dinero, no han rendido las cuentas, no han hecho los descargos correspondientes. Es ahí donde el Ministerio Público ve conveniente echarle la culpa a Parra que era la directora, cuando había un organigrama completo de diferentes unidades, eran 14 unidades y ¿dónde están los responsables de esas unidades?”, cuestionó el jurisconsulto.

Agregó que en ninguno de los procesos se citó o investigó a los responsables del área de Planificación, Fiscalización o Ejecución, que eran unidades a cargo de la realización de los proyectos. También reveló que con Parra pidieron que estas personas sean investigadas; sin embargo, “el Ministerio Público ha hecho caso omiso y ha hecho de oídos sordos y no le importa nada”.

El Estado boliviano, hasta la fecha, recuperó $us 1,4 millones del desfalco al Fondo Indígena luego de ocho años del escándalo de corrupción. El daño económico alcanzó los $us 182,7 millones en 1.032 proyectos. Es decir, que los $us 1,4 millones equivalen al 0,8% del monto desfalcado.

Cambio de versión

Elvira Parra reveló a este medio que en el último juicio realizado en Santa Cruz, una de sus acusadoras Larisa Fuentes declaró lo contrario y eso ayudó a cerrar algunos juicios.

“La señora Larisa Fuentes, que es la que me ha querellado como interventora, primero, y luego como liquidadora. Ella declaró en el último juicio oral que se ha llevado en Santa Cruz, que lo que yo firmé fue un convenio, no un contrato, así que no existe tal contrato lesivo al Estado, no sé por qué motivos se han inventado, y conducta antieconómica peor, porque dejé los proyectos en plena ejecución”, contó.

La exdirectora desconoce por qué Fuentes retrocedió en su versión y deja toda en manos de Dios. “Ella nomás sabe por qué lo hizo, quién le instruyó, yo no sabría decir quién fue, pero nunca conversé con ella, no sé quién le habrá instruido, o qué pasó en el anterior Gobierno, simplemente entrego a Dios todo, como le dije, todo lo que se hace se paga en esta vida”.

Fuentes fue posesionada como interventora por la exministra Nemesia Achacollo, en medio del escándalo por los malos manejos económicos que hubo al interior del Fondo.