En el Día Nacional de las áreas protegidas, el fuego acecha al ANMI San Matías; ya afectó a Otuquis y Noel Kempff

A través del reporte del Sistema de Alerta Temprana por Incendios Forestales (Satif), la Unidad de Bomberos de la Dirección de Recursos Naturales (Direna), informó que el departamento de Santa Cruz registró hoy 12 incendios forestales y presenta un 54% del territorio con riesgo extremo de ocurrencia de incendios. La afectación total hasta hoy supera las 70 mil hectáreas quemadas, en los municipios de San José, San Ignacio de Velasco y San Miguel.

Jaime Zorrilla, bombero instructor de la Dirección de Recursos Naturales (Direna), indicó que hasta la mañana de este domingo los incendios activos están en 10 municipios: Concepción, San Ignacio, El Torno, Puerto Suárez, San Antonio del Lomerío, Roboré, Santa Rosa del Sara, Urubichá y en el GAIG Kereimba Iyaambae – Gutiérrez.

El departamento cruceño registró en esta jornada 149 focos de quemas nuevos, sumando 673 en lo que va del mes y dando un acumulado en el año de 18.413, concentrándose estos en los municipios de San José, San Matías, Pailón, el Puente, Concepción, San Julián, Santa Rosa, San Ignacio y San Miguel.

Este 4 de septiembre se conmemora el Día Nacional de las Áreas Protegidas (AP) y también el aniversario del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Lamentablemente, en esta fecha ya hay dos AP con superficies quemadas y en plena lucha contra el fuego, son el Parque Nacional Otuquis y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (Pnnkm), mientras que las llamas también acechan al Área Natural de Manejo Integral (ANMI) San Matías.

En sus redes sociales, el presidente Luis Arce celebró el Día Nacional de las Áreas Protegidas, y reafirmó el compromiso de seguir construyendo una economía para la vida y el vivir bien con base en modelos económicos que busquen la justicia social y ecológica. "Proteger a la Madre Tierra es obligación de todos", posteó. En otro tuit, aplaudió el combate de los incendios por tierra y aire.

"Por primera vez en la historia del país, una misión helitransportada de bomberos bolivianos se dirigió hasta el Parque Noel Kempff Mercado para apagar el fuego en los pastizales y arbustos, con la descarga de más de 500 litros de agua", publicó.

Sin embargo, hasta la fecha, desde la presidencia no se ha respondido al pedido de auxilio que los guardaparques del Pnnkm enviaron a través de una carta el 6 de agosto, en la que hacían una serie de demandas de condiciones para operar.

"Nos dirigimos a usted al agotar todas las instancias correspondientes con el Sernap y el Ministerio de Medioambiente y Agua (MMyA) (...). Nos hemos replegado desde el 26 de julio en reclamo a la falta de recursos y de distintas situaciones laborales y de logística que impiden desempeñar nuestro trabajo de conservación eficientemente", dice la misiva.

También le recordaron que se pronunciaron otras AP, como Kaa Iya del Gran Chaco, Madidi, Pilón Lajas, Estación Biológica del Beni, Otuquis y Sajama, donde los guardaparques se declararon también en emergencia por falta de sueldos y recursos. Todo esto con anticipación a los incendios.

Dieron a conocer a Arce Catacora que el salario de los cuerpos de protección está congelado desde 2015, y que de este a menudo les toca solventar la gasolina para los patrullajes en el Pnnkm, "combustible que jamás llega de manera oportuna y cuando llega tampoco nos devuelven el dinero que gastamos". 

También denunciaron que no existen datos disponibles públicamente para conocer a detalle el manejo del presupuesto para las áreas protegidas. "Sin embargo, tenemos conocimiento de que solo el 23% del presupuesto del Sernap está cubierto por el Estado y lo demás es apoyo de la cooperación internacional. Es necesario y urgente que el Estado vele por un mejor presupuesto para la atención de nuestro patrimonio, que constituye el 16% de la superficie nacional".

En las redes sociales del Sernap también celebraron la fecha, eludiendo la problemática recurrente de los incendios. Compartieron mensajes del director ejecutivo del Sernap, Teodoro Mamani, que felicitó al personal, del que ha recibido cartas de reclamo. Asimismo, se difundieron mensajes de congratulación de distintas ONG, que tampoco hicieron referencia al daño ambiental dentro de las AP.

Minería

Desde hace meses, legisladores nacionales como María René Álvarez, María José Salazar, Cecilia Requena y otros vienen denunciando una serie de autorizaciones e incursiones mineras ilegales dentro de las AP.

Una de las más recientes fue la de ANMI San Matías, donde se otorgaron derechos a MINCRUZ y su proyecto Sagitario, para la extracción de manganeso, con la previa deforestación de 20 ha en zona de protección.

Ante la presión pública, la decisión fue revertida, pero hasta el momento no existen responsables de las autorizaciones emitidas, solo silencio, como en la mayoría de los casos.

El Madidi también es otra AP con fuerte presión de la minería, donde los legisladores no han podido ingresar debido a las agresiones y donde recientemente se ganó un recurso de acción popular, finalmente dirimido por la Sala Constitucional Cuarta de La Paz, que determinó que las autoridades deben generar la regulación del uso y control del mercurio en la actividad minera aurífera.

El Comité de gestión del AP Manuripi también denunció el ingreso ilegal de la empresa minera Pacahuara. "Quieren vulnerar la reserva, trabajando en tierra firme, pero eso igual significa deforestación, contaminación y una serie de cosas. Viene gente con plata y poder y en nombre del desarrollo quieren destruir nuestro ecosistema", dijo Alfonzo Almaraz, miembro del Comité de Gestión de la reserva.

Cuestionó el falso discurso de las autoridades, que aseguran proteger a la Amazonía, "entonces cómo es que dejaron secar el Lago Poopó. Quieren meter una actividad que solo destruye, vayan a ver Perú con la explotación del oro. Este es el reservorio de agua del planeta", indicó. 

La Ley Nº 1333 del Medioambiente establece que las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo con fines de protección y conservación de sus recursos naturales, investigación científica así como la recreación, educación y promoción del turismo ecológico.

Sin embargo, en el último tiempo, organizaciones sociales, cooperativistas mineros, etc., ejercen fuerte presión para modificar los planes de manejo de las AP, y con ello las zonificaciones, 'ablandando' la norma con miras a la incursión de la minería, donde no está permitido.

A algunos les 'estorban' las áreas protegidas

Un claro ejemplo es la reciente carta enviada por diversas organizaciones de Ixiamas, incluso un asambleísta departamental de La Paz, subalcalde de Ixiamas, campesinos, etc., que aprovechando la reunión para la formulación del POA 2023 de Ixiamas, incluyeron en el acta el rechazo a la presencia de la organización Conservación Internacional (CI) en el área protegida municipal Bajo Madidi y anulación de la Ley 0151/2019, que crea el área protegida más grande de Bolivia, con 1,5 millones de hectáreas de bosque amazónico.

Comunidades oriundas de la zona, con otro pronunciamiento, denunciaron la manipulación del acta, que no se dio lectura a ese punto en la sala, pero que se escribió. "No permitiremos ese atropello a nuestros derechos (...). Rechazamos el atentado a nuestros recursos naturales (...). Las actividades productivas deben realizarse en áreas aptas para eso (..,). Nos mantenemos en emergencia y vigilia permanentes", dice la nota de aclaración.

Denuncia internacional

La diputada de Creemos, María René Álvarez, a través de varias cartas enviadas a la ONU, CIDH y OEA, alertó a la comunidad internacional sobre la violación de los derechos de los pueblos originarios y guardaparques, afectando las AP de Bolivia, por el Gobierno de Arce Catacora.

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