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Un juicio de responsabilidades contra Petronilo Flores, magistrado del Tribunal Constitucional; otro contra el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa; y la convocatoria a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) conforman las medidas de contraataque que desplegó el Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó que se admitieron 17 proporciones acusatorias contra distintas autoridades. Los juicios contra Lanchipa y Flores son los que concentraron el interés de los legisladores.

“No son juicios, se ha admitido la demanda, ahora debe ser la comisión de Justicia Plural la que iniciará las investigaciones y establecer si hay indicios para estos procesos; luego de eso, la comisión de Constitución analiza los casos y remitimos el informe al pleno de la Cámara de Diputados”, explicó Borda.

Para el caso de Petronilo Flores, el diputado demandante es Franklin Flores (MAS), quien explicó que el magistrado acusado avaló la sucesión presidencial amparado en un comunicado del TCP y además un documento que no estaba ya vigente porque era sobre la base de la anterior Constitución Política del Estado (CPE).

“El Tribunal se puede pronunciar sobre sentencias, autos y resoluciones constitucionales, no puede hacerlo sobre comunicados que no tienen valor legal, entonces debe venir a explicar eso el magistrado”, dijo el diputado, en alusión a la “Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001” que fue la base para establecer la constitucionalidad de la sucesión con la que Jeanine Añez tomó el poder.

Borda dijo que le toca al comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, cumplir el papel de fiscal e investigar en 90 días todos los pormenores de este caso; luego de eso emitirá su informe sobre la existencia o no de elementos que justifiquen un juicio de responsabilidades.

Ese informe será considerado por la Comisión de Constitución que a su vez debe analizar si se justifica la remisión del caso al pleno de la Cámara de Diputados; y si este cuerpo legislativo aprueba el informe, se inicia el juicio y será la Cámara de Senadores que oficie de tribunal en única instancia que juzgue al magistrado.

Aclaró que en el momento que los diputados aprueben el informe y autorice el juicio, se suspende de manera inmediata a la autoridad.

Para el caso del fiscal General, es el mismo procedimiento; pero Borda advirtió que en muchos casos los acusados recurren a incidentes que puede retrasar los plazos. En ese caso se dejará el inicio de juicio a los próximos asambleístas.

Sobre el tema, Lanchipa, dijo que no fue notificado oficialmente y desconoce los delitos por los cuales se lo acusa y le pretenden realizar un juicio de responsabilidades. Agregó que no tiene reparos en asistir a la convocatoria.

El mandato

El máximo ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Jacinto Herrera, admitió que los juicios pueden demorar más allá de la actual legislatura, por eso entregarán un mandato a los asambleístas del MAS que salgan elegidos, para impulsar estos juicios.

Todas estas acciones de los legisladores del MAS, forman parte de un mandato que lanzaron los dirigentes del Pacto de Unidad, quienes les pidieron actuar en el marco de la fiscalización con distintas tareas y que cada uno actúe según su papel.

Los diputados del MAS relataron que estos pedidos se lanzaron en la reunión del 6 de febrero junto con la bancada y el candidato presidencial, Luis Arce Catacora.

La acusación contra el fiscal fue presentada por el abogado Eduardo León el 4 de febrero; dos días después fue la reunión de la bancada del MAS y una semana más tarde se aceptó la demanda y empezará la investigación.

En ese grupo también se puede instalar el pedido de seis diputados del MAS que convocaron a las autoridades del TSE para que respondan sobre el tema del empadronamiento de ciudadanos.

La diputada Jhovana Jordán (UD) expresó su sorpresa debido a que los legisladores del MAS no incluyeron en su petición los indicios de fraude electoral que hubo en las elecciones del 20 de octubre del pasado año.

Prorrogados

La dirigencia del Pacto de Unidad conminó a los diputados y senadores actuar desde los lugares que les compete, a “defender el proceso”; el pedido se produjo luego que les explicaron del por qué no podían renunciar todos después del 22 de enero.

El primer pedido de los dirigentes campesinos era que todos debían dejar sus cargos por considerar que su mandato había concluido. Pero los diputados les dijeron que si renunciaban no se podría desplazar ningún tipo de estrategia para defenderse de las acciones que estaban desplegando los gobernantes.

Los juicios

Borda dijo que son 89 juicios de responsabilidades que fueron devueltos a Sucre para que se subsanen los tiempos que vencieron y luego se volverán a considerar los documentos y pliegos acusatorios.

Para esta gestión hay 17 juicios presentados contra distintas autoridades. Uno de esos pliegos es el que entregaron varios diputados contra los magistrados del Consejo de la Magistratura por la presunta venta de cargos en el Órgano Judicial; la designación de jueces habría sido el principal punto de conflicto.

El diputado Amilcar Barral, que es uno de los denunciantes, explicó que los magistrados, Gonzalo Alcón, Dolka Gómez y Omar Michel, incurrieron en los delitos de cohecho pasivo e incumplimiento de deberes para beneficiar a varios jueces.

La senadora María Oporto (MAS) fue la primera en manifestarse por un juicio contra los magistrados que avalaron la sucesión presidencial, lo hizo el 13 de noviembre, un día después del juramento de Añez, pero nadie le prestó atención entonces.

Los partidos

El diputado Luis Felipe Dorado (UD), aseguró que Lanchipa fue electo por el MAS y es precisamente a las autoridades de este partido a los que se resiste investigar, aunque en sus declaraciones públicas afirma que hay varios casos abiertos contra Evo Morales.

Afirmó que existen los casos pero que inexplicablemente quedan parados por decisión del propio Lanchipa que es el que debiera pedir informes a sus fiscales.

Pero los masistas afirman que Lanchipa trabaja para los intereses del Gobierno, el diputado Franklin Flores, afirmó que hasta ahora no se conoce ninguna acción de la Fiscalía para investigar las muertes en Senkata, Sacaba y Yapacaní. Además los ataques a las casas de exministros.