Hacen referencia al exministro Arturo Murillo, pero ninguno se animó a proyectar cuál debería ser el perfil del sustituto de Cox

10 de enero de 2022, 20:05 PM
10 de enero de 2022, 20:05 PM

El vínculo entre el exviceministro Nelson Cox y el abogado de la familia Murillo, Óscar Villarroel Inturias, llevó a los opositores a identificar una nueva corriente política: el “Murillismo”, que según los opositores forma parte del MAS.

“La destitución del viceministro (Nelson) Cox nos muestra la fractura que existe dentro del MAS y lo que llama poderosamente la atención es que el ‘Murillismo’ ha estado vinculado al Gobierno de Jeanine Áñez y al gobierno de Luis Arce, lo que nos hace pensar que el ‘murillismo’ y el ‘masismo’ son una sola corriente”, graficó el diputado chuquisaqueño Marcelo Pedrazas (CC).


El jueves 6 de enero se conoció que el asesor de Cox, Óscar Villarroel, también fue abogado de la familia de Arturo Murillo. Desde ese día Cox dejó de hablar en los medios de comunicación y solo reapareció este lunes cuando confirmó que fue destituido a través de un mensaje de WhatsApp.


“Que lo boten por WhatsApp eso es sorprendente. A un embajador lo botan por tiktokero, a un viceministro por WhatsApp. Ahora me queda la duda, el ex viceministro dijo que (la denuncia) era mentira; entonces, si no era verdad, por qué lo botan”, cuestionó el exparlamentario, Amilcar Barral.


Para el también diputado Beto Astorga (Comunidad Ciudadana) esta destitución revela la crisis interna del Gobierno. Aunque también saludó esta salida porque en su criterio, Nelson Cox, debía luchar contra la delincuencia, en vez de encabezar operativos de persecución política contra los opositores al Gobierno.


Para los masistas, el caso Villarroel no es el único dentro la administración pública, pues las organizaciones sociales del Pacto de Unidad y varios exdiputados hicieron llegar denuncias sobre altos cargos que fueron entregados a ex colaboradores del anterior gobierno. 


Fotografías, capturas de pantalla y declaraciones ante la Contraloría General del Estado (CGE) fueron las pruebas que exhibieron los denunciantes y no les hicieron caso. El propio diputado Andrés Flores (MAS) dijo que las organizaciones habían identificado a varios funcionarios del anterior gobierno en las filas de la actual administración, pero los actuales ministros minimizaron esas denuncias.