En Potosí suspenden audiencia del gobernador por falta de un abogado

José Luis Miranda, coimputado por el caso de la compra supuestamente irregular de 41 ambulancias por parte de la Gobernación de Potosí, asistió a la audiencia sin su abogado. Eso fue motivo suficiente para suspender la audiencia cautelar del gobernador potosino, Jhonny Mamani, acusado por el delito de resoluciones contrarias a la CPE y las leyes.

A principios de mes se suspendió la primera audiencia, porque dos coimputados se habían contagiado con Covid-19.

Ahora el procedimiento fue reprogramado para el 29 de agosto. La Fiscalía solicita la detención domiciliaria de la autoridad departamental para que no interfiera en el proceso de indagación de los 41 motorizados.

“Resulta que uno de los coimputados asistió sin su defensa, este fue uno de los motivos principales para que el juez decida suspender la audiencia. Ratificamos que esto se trata de una estrategia para dilatar la instalación de las medidas cautelares”, dijo a El Potosí el asambleísta departamental Osvaldo Flores.

De acuerdo con la Fiscalía, el gobernador ocasionó un daño económico al Estado de Bs 1.435.000, equivalente a la póliza de cumplimiento de contrato por los 41 motorizados que no llegaron en el plazo establecido al país.

La Gobernación de Potosí compró, de manera directa, 41 vagonetas Toyota Land Cruiser usadas con equipamiento de ambulancia Tipo 1 para el traslado de pacientes con prestaciones de primeros auxilios. La información fue publicada el viernes 14 de enero por EL DEBER.

Estefals Logistics se adjudicó la venta de los vehículos por un monto de Bs 20,5 millones a través de la minuta de contrato 215/2021, firmada el 26 de noviembre de 2021. La compañía se comprometió a entregar los vehículos en Potosí el 6 de enero, tras cumplirse un plazo “de 40 días calendario”. No cumplió.

Luis Humberto Huanca, propietario de empresa, pidió un plazo adicional de 30 días para honrar el compromiso. Dijo que hizo esa solicitud el 3 de enero y que no recibió “ningún dinero” de las autoridades de la Gobernación.

Una comisión técnica dio por recibidos los motorizados, según un acta que está colgada en el sitio web del Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes). El gobernador, según la acusación, no ejecutó las boletas de garantía ni inició un proceso por incumplimiento de contrato.

Contraste

Mientras tanto, la celeridad en otros casos hace un contraste con el caso del gobernador que lleva ocho meses.

Los 23 cocaleros que permanecían en celdas de la Felcc del El Alto, detenidos por portar petardos o dinamita durante el conflicto cocalero que exige el cierre del mercado paralelo de Villa El Carmen, fueron cautelados y recibieron detención domiciliaria.

Por otro lado, en Santa Cruz el juez de instrucción en lo penal Rodrigo Vedia dictaminó medidas sustitutivas a la detención preventiva para el mayor Julio Álvaro Muñoz Mejía, acusado de proteger a Misael Nallar, principal acusado por la ejecución de tres policías en Porongo. Según la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) , Muñoz presenció la entrega de armas en el taller de Nallar; además, ocultó información de los hechos que terminaron con el asesinato de tres camaradas.

El abogado y exalcalde de La Paz Juan del Granado cuestionó la actuación de la justicia, que actúa con celeridad en contra de los opositores, pero es lenta o no existe para los oficialista. Solicitó al Tribunal Supremo Electoral que entregue los libros de firmas para tramitar un referéndum para la reforma judicial desde la iniciativa ciudadana.