En Sacaba también rechazan juicio contra Áñez; “nos quieren provocar”, responde la representante de las víctimas

El fiscal general, Juan Lanchipa, acusó formalmente a la expresidenta Jeanine Áñez de “genocidio”, un delito que pudo cometer en el contexto de las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019. Sucedió el 23 de octubre.

El proceso, que plantea 30 años de prisión contra la exmandataria, llegó primero al Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que, hace dos semanas se declaró “incompetente” porque ella, al ser expresidenta de Bolivia, debía ser juzgada en un juicio de responsabilidades, señaló la resolución. Ayer pasó lo mismo en el Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba.

“De llevar adelante, en vía ordinaria, la tramitación del juicio y el emitir una sentencia de primera instancia, se estuviera incurriendo en una flagrante vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica, incurriendo en nulidad absoluta y por ende en retardación de justicia para las víctimas”, se lee en el fallo divulgado ayer y al que accedió EL DEBER.

La representante legal de las víctimas de Huayllani Sacaba, María Javier Yucra, afirmó que el Gobierno pretende provocar a su sector. “El Gobierno nos está provocando. Como víctimas somos de las Seis Federaciones. Primero, anulan el Congreso (de Lauca Ñ); luego en el juicio de Senkata se declaran incompetentes. Aún no tenemos la notificación sobre esta resolución, aunque ya nos habían advertido”, señaló la jurista que está vinculada a la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, una de las organizaciones fundacionales del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Anticipó que, una vez que reciban la notificación, evaluarán el contenido y asumirán medidas “para buscar justicia”.

Yucra está alineada con la facción del MAS que apoya el retorno de Evo Morales al poder. En se sentido, consideró que el “ministro de Justicia (Iván Lima) es quien está digitando desde arriba” estas resoluciones. Anticipó que el 15 de noviembre, cuando se cumpla el cuarto año de los luctuosos hechos, se realizará un homenaje.

El Gobierno, que promovió el proceso ordinario desde 2022, cuando Evo Morales solicitó evitar un juicio por la vía de privilegios, aún no se pronunció. Eso sí, el procurador general del Estado, César Siles, anunció un recurso para revertir el fallo de El Alto.

“Ella debe ser juzgada conforme el ordenamiento jurídico interno boliviano (Ley 044) mediante un juicio de privilegio constitucional, conforme establecen los artículos 01 al 21 de la referida ley, es decir, por el Tribunal Supremo de Justicia, ley que se encuentra vigente a partir del 8 de octubre del 2010”, se lee en la declinatoria de Sacaba.

“He sido notificada con la resolución 08/11/2023 del Tribunal de Sentencia N.º1 de Sacaba que declara su incompetencia para juzgarme por corresponderme Juicio de Responsabilidades como expresidenta de Bolivia. Tras el fraude y vacío de poder, el pueblo defendió la democracia y cumplí la CPE”, escribió la expresidenta.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, dijo que una comisión especializada de su bancada analizará el alcance de esa resolución. “Nosotros somos respetuosos de las decisiones de la entidad jurisdiccional”, señaló la autoridad y luego reconoció que existen varios juicios de responsabilidades pendientes en la Asamblea Legislativa.

El constitucionalista Israel Quino explicó que la declinatoria del juzgado de Sacaba se basa, además, en la sentencia constitucional que anuló un juicio ordinario planteado contra Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba, precisamente, porque le correspondía un juicio de privilegio porque fue prefecto electo antes de que esté vigente la actual Constitución Política del Estado. Añez está en prisión desde marzo de 2021. Fue sentenciada a 10 años de cárcel. Este fallo fue apelado y podría revertirse.

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CRISIS: El caso se origina en la crisis política de 2019, cuando se produjo el fraude electoral denunciado por la OEA. De hecho, esos comicios fueron anulados por el propio Evo Morales.

POSTURA: El abogado David Inca, representante de las víctimas de Senkata, dijo que este caso puede llegar a la Corte IDH.

EXAMEN: El ministro de Justicia, Iván Lima, se presentará este viernes ante la CIDH para presentar su informe sobre los derechos humanos en el país.