En un año la Asamblea aprobó 53 leyes, cada norma costó a los bolivianos Bs 4,4 millones

La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó 53 leyes en el primer periodo legislativo, que comenzó el 3 de noviembre de 2020. Cada una de las normas aprobadas le costó al Estado un promedio de Bs 4,4 millones, tomando en cuenta que el presupuesto para el funcionamiento del Parlamento es de Bs 238 millones.

La Cámara Baja no tiene datos oficiales. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca informó que la Cámara Baja tiene un presupuesto anual de Bs 164 millones. El 44% está destinado para cumplir acciones legislativas, otro 56% está asignado para ofrecer apoyo administrativo y el otro 1,9% para el mantenimiento y funcionamiento de las oficinas de los diputados uninominales en su respectiva Circunscripción (el 50% de los diputados).

De acuerdo con los informes oficiales, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó, en promedio, una norma por semana. Pero casi la mitad de ese trabajo fue destinado a la expropiación de predios municipales y para rendir homenajes camarales.

La oposición asegura que en el primer periodo legislativo del actual Gobierno el trabajo legislativo se concentró en lo político, relegando la reactivación económica. El oficialismo asegura que el trabajo sí ha sido efectivo.

De hecho, 18 de las 53 normas consistieron en la enajenación o transferencia de terrenos o inmuebles municipales para escuelas, centros educativos o de salud, en el ámbito de la justicia y en otros casos para que sean utilizados por empresas descentralizadas, como YPFB.

Al menos fueron aprobadas dos leyes de transferencias de terrenos de la Alcaldía de La Paz a particulares. Expropiaciones para el proyecto de tren metropolitano en Cochabamba, para la casa de la Justicia de Montero, Santa Cruz. Una transferencia de un lote en Concepción para YPFB, otra en Colcapirhua para el “Centro ciudad mujer”, son ejemplos de las normas sancionadas.

Otras cinco normas son declaraciones de “Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia”. Por ejemplo, la expresión ritual de los “Qantus”, de la región que comprende la nación Kallawaya. De alguna festividad en Copacabana, el “Día de la Tradición Sauceña”, celebrada en el Municipio de Monteagudo del Departamento de Chuquisaca. Lo mismo para la “Guitarrillada de Huachacalla”, de la Provincia Litoral del Departamento de Oruro y a la “Festividad Religiosa del Señor de la Quisquira”.

Destaca también la declaratoria de Héroe Nacional al “coronel Carlos Medinaceli Lizarazu”, militar patriota que luchó por la independencia de Bolivia.

La senadora Centa Rek, de Creemos, manifestó que estas leyes “expropiatorias” son completamente insulsas y solo se ‘inflan’ para justificar el trabajo que en realidad no se realiza.

El también diputado opositor Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, manifestó que las leyes de transferencia de predios, y terrenos “son un absurdo jurídico. Si tienen el rango de leyes municipales ya no deban ser consideradas por la Asamblea, es una pérdida de tiempo. Si nosotros rechazamos una transferencia que ya tiene ley municipal, ¿en qué queda una norma emitida por competencia exclusiva de un municipio?”, dijo.

Aseguró que “esto sirve para camuflar y decir que se hace un trabajo importante. Todas las semanas esta es la agenda que se impone”. El proyecto de ley de Alarcón modifica dos artículos de leyes de Evo Morales, para evitar que esos proyectos lleguen a la Asamblea y se descomprima esa agenda estéril, y podamos hacer cosas mucho más útiles y productivas, de competencia nacional”.

Lamentó que también se llene la canasta con leyes que no deberían llegar a discutirse. “Dejemos de hacer el papel de agencia inmobiliaria y legislemos de verdad”, desafió.

El senador de MAS, Félix Ajpi manifestó que es un tema que no se puede dejar de lado. “Nosotros debemos cumplir. El objetivo es dotar de infraestructura para educación y salud. La idea es defender la propiedad pública”.

Las otras leyes

En diciembre se sancionaron cuatro leyes: Ley del Presupuesto General del Estado, la de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales para las elecciones Subnacionales 2021, la de Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (RE-IVA, el 17 de diciembre) y la Ley de Modificaciones a la Ley N° 913 de 16 de Marzo de 2017, de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas.

En abril, la Ley de Modificación a la Ley N° 548 de 17 de Julio de 2014, “Código Niña, Niño y Adolescente”, modificada por la Ley N° 1168 de 12 de abril de 2019, de abreviación Procesal para garantizar la Restitución del Derecho Humano a la familia de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se autorizó la Inscripción y Transferencia de Recursos que Contribuyan al Acceso a la Educación de las y los Estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional.

En junio, la única ley estuvo enfocada en disponer la continuidad de las facilidades de pago incumplidas de deudas tributarias y multas para los sujetos pasivos del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional.

El 28 de julio, se sancionó la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que ahora sectores sociales pugnan por abrogar.

El jueves 19 de agosto, la Ley de Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública. El 25 de agosto, la Ley que establece incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales de los sectores agropecuario e industrial, para la reactivación económica y fomento de la política de sustitución de importación. Ese mismo día la Ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción. El 25 de agosto, la de Devolución Parcial o Total de Aportes

El 2 de septiembre salió la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, gestión 2021. Se modificó la ley del Defensor del Pueblo. El 8 de octubre, se sancionó la Ley de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia. La ley de Registro de Comercio y no mucho más

Este mes, la Asamblea sancionó una serie de contratos mineros.

El senador Rodrigo Paz Pereira, CC, comentó que “apena que no haya llegado al Parlamento una sola ley de reactivación económica. Cuando no lo haces y sacas plata del Banco Central y las AFP estás gastando los ahorros. Eso es una bomba de tiempo”.

Ni siquiera plantearon, dijo, modificar la Ley de Hidrocarburos “que ya es vieja, anticuada. Hay que modificarla para que seamos un país interesante para invertir. Por el contrario, nos hemos vuelto antipáticos, se van petroleras y mineras, insultamos a todo el mundo, así no podemos salir adelante”, dijo.

La senadora Rek aseguró que no debiera importar la cantidad de leyes, siempre y cuando sean beneficiosas para el país. “Todas las leyes que se sancionan son contrarias a abrir la posibilidad de una convivencia con garantías. Lo que vale son la calidad de las leyes, no la cantidad. No se han generado normas que incentiven la reactivación económica, todas son recortes a “garantías, a derechos humanos. Se dirigen a destruir la economía de los privados. Como nunca es una gestión destinada a servir a la acumulación de poder del gobierno del MAS”.

En contrapartida, el oficialista Ajpi replicó que las leyes sancionadas son suficientes. “Se atendieron las necesidades, otorgamos recursos para mejorar la educación a distancia, buscamos incentivar a las personas que viven al día con bonos. Devolvimos los aportes a las AFP. Son normas que fueron pensadas. Se redujo el desempleo del 11% al 6%”, dijo.

Respetaron acuerdos suscritos en la gestión Áñez

En la lucha contra la pandemia del Covid-19, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó al menos cuatro leyes, pero tres de ellas fueron en base a acuerdos alcanzados en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez.

Pese a que la exmandataria fue acusada de cometer los delitos de terrorismo, sedición y conspiración enmarcados en el contexto de la teoría del golpe de Estado, el oficialismo suscribió acuerdos que fueron perfilados por ese gobierno.

El 3 de febrero, se aprobó el Contrato de Préstamo para el Programa “Línea de Crédito Contingente de Apoyo Anticíclico para la Emergencia Generada por el Covid-19”, suscrito en fecha 23 de junio de 2020, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento -CAF, por un monto de hasta $us 350 millones.

En julio se sancionó la ley del Convenio de Crédito para el Proyecto “Apoyo a familias más vulnerables por COVID-19”, suscrito en fecha 4 de septiembre de 2020, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia Francesa de Desarrollo-AFD, por un monto de hasta 100 millones de euros.

El 27 de octubre, se sancionó la ley que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5039/OC-BO, para el Proyecto “Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus”, suscrito el 23 de junio de 2020, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta $us 450 millones.

Se suscribió un Convenio de Financiamiento con la Asociación Internacional de Fomento - AIF del Banco Mundial, por un monto total de $us 54.3 millones, y un Contrato de Préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF del Banco Mundial, por un monto de hasta $us 200 millones, ambos destinados a la ejecución del “Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del Covid-19”.

El senador del MAS, Félix Ajpi, manifestó que la Ley de Emergencia Sanitaria es la base para trabajar la parte de salud.

Las modificaciones al Presupuesto General del Estado – gestión 2021, que se aprobó este año tuvo, según el Gobierno, la finalidad de complementar las medidas de reconstrucción y reactivación de la economía y coadyuvar a la gestión de las entidades del sector público en el logro de sus metas y resultados programados en el marco de la pandemia.

El proyecto de Ley establece la necesidad de registrar recursos de saldos de caja y bancos, anticipos financieros, cuentas por cobrar, ingresos por actividades propias de cada entidad (venta de bienes y servicios, ingresos tributarios municipales, etc.) y otros recursos no contemplados para la presente gestión, que permitirán financiar programas y proyectos de inversión pública.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, informó que con esa modificación el Gobierno garantizó la compra de vacunas contra el Covid-19, acción que fue respaldada por el Presupuesto General del Estado 2021, aprobado a través de una ley que se sancionó en esta gestión y que “definitivamente permite la designación del 10% para el sector salud”, dijo.