Tanto la enfermera como sus hijos fueron condenados a dos años en un procedimiento abreviado y recibieron el perdón judicial. Molares, el guerrillero, recibió curaciones de estas personas mientras se enfrentó a los cívicos en los 21 días de paro que se registraron en Bolivia en 2019

21 de agosto de 2020, 21:09 PM
21 de agosto de 2020, 21:09 PM

La enfermera Flora Guzmán Totola y sus hijos (el médico Emanuel Bandan Castedo Guzmán y estudiante de medicina Abner Emilio Castedo Guzmán) que en noviembre de 2019 dieron asistencia sanitaria a Facundo Molares, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Molares recibió curaciones de estas personas mientras se enfrentó a los cívicos en los 21 días de paro que se registraron en Bolivia tras haber evidencias del supuesto fraude electoral que desencadenó en la salida de Evo Morales de la presidencia del país. El guerrillero fue herido en enfrentamientos en Montero.

Tanto la enfermera como sus hijos fueron condenados a dos años en un procedimiento abreviado y recibieron el perdón judicial. La audiencia se realizó de manera virtual esta tarde ante el juez cautelar de Montero, Róger Salvatierra, con la presencia de los fiscales Cirilo Chambilla, Daniel Ortuño, además del abogado de las víctimas de los enfrentamientos, Saúl Menacho.

La Fiscalía había ampliado el delito de encubrimiento en homicidio para la enfermera y sus dos hijos, pero al mismo tiempo pidió al juzgador que los procesados se sometan a un procedimiento abreviado y sean sentenciados a dos años de cárcel. Fue así que el juez selló la condena en la que a su vez los investigados recibieron el perdón judicial y se libró a su favor el mandamiento de libertad.

El abogado de las víctimas Saúl Menacho manifestó que evidentemente la madre y sus dos hijos aceptaron que cometieron un error al atender y no avisar sobre el guerrillero durante los enfrentamientos que acabó con la muerte a balazos de los cívicos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, donde también se registraron al menos 60 personas heridas.

Ni la Fiscalía ni el abogado representante de los familiares de las víctimas se opusieron, ni apelaron. Saúl Menacho dijo que se notó que había conciencia en los detenidos que cometieron el error de atender a un extranjero peligroso y no avisar, pero que reconocieron, y por esa razón fueron condenados a dos años con perdón judicial. “Nosotros no hemos presentado ninguna oposición, hemos retirado las apelaciones”, dijo Saúl Menacho.

Según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y de la Fiscalía, la enfermera y sus hijos llevaron a su casa a Facundo Molares y lo atendieron durante seis días. En ese tiempo no avisaron hasta que la Policía descubrió al combatiente de las Farc cuando se encontraba internado en el hospital Japonés.

El sobreseimiento definitivo

Sin embargo, queda pendiente una diligencia, pues la misma Fiscalía ya presentó una resolución de sobreseimiento definitivo en favor de la enfermera y sus hijos por el delito de complicidad en homicidio. El sobreseimiento fue emitido por la comisión fiscal con el argumento de que no existían los suficientes indicios de culpabilidad contra las personas y que, según las normas en la medicina, no se puede negar la atención médica a ninguna persona, así se trate de delincuentes.

El sobreseimiento será sellado en otra audiencia una vez se cumplan con las notificaciones respectivas, pero los tres procesados ya saldrán en libertad de la cárcel de Palmasola donde purgaban desde noviembre del año pasado.

La semana pasada también quedó libre la excandidata a diputada por el MAS Deisy Choque. Permanecen detenidos el ex integrante de las Farc, Facundo Molares que continúa en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, además de Alberto Fuentes Urquiza, Juan Elías Nina Peñaloza y otros cinco en la cárcel de Palmasola.

Molares ya pidió cesación a la detención, que deberá definirse en una próxima audiencia ante el juez Róger Salvatierra. Asimismo, los otros detenidos también insistirán en pedir cesación por considerar, a través de su defensa, que ya están detenidos por más de ocho meses.