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El gobernador de Beni, Fanor Amapo Yubanera, fue enviado a prisión con detención preventiva por el lapso de seis meses. La resolución fue tomada por el juez anticorrupción Daniel Núñez tras una audiencia cautelar que duró seis horas y fue instalada en Trinidad, capital de Beni. 

Amapo Yubanera, que llegó a la Gobernación de la mano del Movimiento Al Socialismo (MAS), es acusado de la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, conducta antieconómica, entre otros. Son más de diez procesos los que pesan en su contra.

Tras escuchar la determinación del juez, la autoridad alegó su inocencia e indicó que afrontará este proceso y otros que le siguen personas particulares y empresas privadas. En esta oportunidad es enviado a la cárcel por un proceso que inició el abogado Ariel Vicente Córdova, que lo acusó de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

"Un indígena nunca se escapa, siempre afronta”, señaló Amapo en la capital beniana. Tras la conclusión de la audiencia, oficiales de la Policía le colocaron esposas y sacaron al gobernador escoltado hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desde donde lo trasladaron al penal de Mocoví.

El abogado defensor, Juan Carlos Candia, afirmó que apelará la determinación del juez porque se le está privando el derecho al trabajo. Anunció que este lunes interpondrá este recurso ante el tribunal de alzada.

Por su parte, Ariel Vicente Córdova, principal acusador adelantó que pedirá la ampliación de la investigación a directores, secretarios y asambleístas departamentales por “ser cómplices” de las acciones de Amapo y no evitar que se cometan los supuestos actos de corrupción por lo que se lo acusa.

Volverá a estar al banquillo de los acusados 

Fanor Amapo volverá a estar en el banquillo de los acusados el lunes (hora por definir) por un proceso que le sigue la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, que lo acusa de malversar 17 millones de bolivianos destinados a la emergencia sanitaria que vive esta región a cusa del Covid-19.

Esta audiencia fue suspendida el miércoles por no existir un traductor del idioma cavineño, lengua materna de la autoridad, que complicó al fiscal de materia, Marcelo Flores, que no disponía en ese momento de un intérprete.

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