Envían a prisión al conductor de camión y su ayudante por el transporte de sustancias ilícitas; la dirigencia evalúa nuevas medidas
El abogado de los acusados protestó por la decisión judicial y apuntó a los propietarios de la carga como los responsables del ilícito
Un juez cautelar en Oruro dispuso que Milton Apaza (padre) y Praxides Apaza (hijo), conductor y ayudante, respectivamente, sean enviados con detención preventiva por un período de 30 días en la cárcel de San Pedro, acusados por el transporte de 63 kilos con 800 gramos de sustancias ilícitas.
"En consecuencia, presentaremos una solicitud durante esta semana para la modificación de las medidas cautelares a través de una audiencia, con el objetivo de permitir a nuestros clientes defenderse en libertad y demostrar la verdad histórica de los hechos, así como su inocencia", declaró Erick Alí Valencia, abogado de los acusados.
El jurista calificó la decisión judicial como una “violación al debido proceso” de sus clientes, ya que asegura que el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) arroja que ambos fueron detenidos en flagrancia, cuando “no fue así porque flagrancia es cuando te pillan con las manos en la masa” y la sustancia controlada no estaba en manos de sus defendidos.
“Sí, estaban transportando, pero sin saber de qué se trataba. Recordemos que no existe ninguna normativa que exija el registro de los datos personales de los clientes que contratan el servicio de transporte de una determinada carga argumento”, aseguró Valencia.
Indicó que según las imágenes observadas, existe una intención dolosa de las personas dueñas de la carga a sabiendas que pueden afectar a terceros. En ese entendido, pidió a la Fiscalía la pronta identificación de los principales responsables de este ilícito y su detención.
Respecto a las medidas que llevaba a cabo el autotransporte, el abogado del conductor y su ayudante señaló que tales movilizaciones no cambiarán la decisión y posición del juez y la Fiscalía, sin embargo, dijo que las protestas se deben a una “injusticia” con la que la población se identifica, ya que en Oruro hay varios casos similares, donde se vulnera y viola el derecho a un debido proceso consagrado por la Constitución Política del Estado.
En tanto, la Federación Departamental de Choferes San Cristobal de Oruro llevó a cabo un ampliado de emergencia en el que dispuso cuarto intermedio a sus medidas de presión y levantar el bloqueo y el paro del autotransporte.
