Julio L.T., de 20 años, fue enviado a la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz con detención preventiva. La justicia determinó cinco meses de reclusión para el joven indígena acusado de asesinar a Francisco Marupa, de 67 años, líder de la comunidad Torewa.
De acuerdo con el mandamiento de detención preventiva emitido por Adolfo Esteban Machicado, juez de la población de Apolo (norte de La Paz). Julio L.T. es enviado a prisión por el presunto delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 251 del Código Penal. El denunciante es Daniel Julio Apaza Cantuta.
La audiencia se realizó de manera virtual la tarde del domingo, 16 de febrero. “La investigación determinará la culpabilidad”, afirmó el sargento segundo, Héctor Choque, encargado de control de la Policía en San Buenaventura, jurisdicción del caso.
A pesar de ser de competencia de las autoridades policiales del departamento de La Paz, Julio L.T. estuvo recluido dos días en la celda de la Policía de Rurrenabaque (Beni), lugar de donde fue sacado este lunes 17 de febrero cerca de las 16:00 rumbó a la ciudad de La Paz, vía terrestre.
“Nosotros ayudamos a proteger al policía que lo detuvo y al mismo indígena, pero más bien la gente no reaccionó con violencia”, afirmó el mayor Pardo, comandante de la Policía de Rurrenabaque, que no observó nada extraño en el comportamiento del detenido.
Durante la audiencia de medidas cautelares el acusado no emitió ningún criterio y tampoco se refirió a la supuesta primera versión que circuló en redes sociales: “me enviaron a matarlo”.
Algunos señalan que fue por venganza o ajuste de cuentas; sin embargo, la versión más contundente la dio el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien afirmó que el crimen fue “por problemas personales”, descartando de esta manera que fuese por un tema de avasallamiento o extractivismo minero.
Aunque la versión no cierra del todo bien, porque el joven acusado, presuntamente de la etnia T’simanes, se comunica poco en español, situación que complica a los investigadores, ya que se puede estar acusando sin prueba suficientes a un inocente, por lo que activistas y comunidades originarias de la Amazonía de Bolivia pidieron una investigación imparcial e independiente, ya que no se descarta que el caso podría estar involucrado con la minería ilegal.