Esposa de Camacho acusa al Estado de violar su intimidad y la Policía se siente agredida

Fátima Jordán es la esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ayer acusó a las autoridades estatales de vulnerar su intimidad y anunció acciones legales por la presencia de “cámaras escondidas” en la celda donde estuvo junto a su marido.

La denuncia de Jordán pudo haberse materializado el viernes 27 de enero, pero, ese día, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), una unidad especializada en la violencia de género, no atendió la querella planteada por sus abogados. Eso sí, la entidad policial ayer presentó una demanda contra los juristas que patrocinan a Camacho ante la Fiscalía por cargos de “discriminación y agresiones verbales” en contra de los agentes.

La autoridad cruceña cumplió ayer 30 días de reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Está siendo investigado por el delito de terrorismo en el marco del caso que las autoridades judiciales llaman “Golpe de Estado I” y que tiene que ver con la crisis política de 2019, el año en el que Evo Morales renunció a la presidencia en medio tensiones y denuncias de un fraude electoral.

“Quiero denunciar un grave abuso que el Gobierno ha cometido contra mi condición de mujer. El Gobierno ha puesto cámaras escondidas para grabar donde tienen injustamente secuestrado a mi esposo, Luis Fernando Camacho. Soy la persona que acompaña a mi esposo en su celda y con esas cámaras el Gobierno ha grabado mi intimidad como mujer y nuestra intimidad como pareja”, afirmó Fátima Jordán, ayer en Santa Cruz, en su primera aparición pública tras la denuncia pública que se hizo sobre el hallazgo de la “cámara espía” en la celda de Luis Fernando Camacho.

Así, Jordán detalló que también se grabaron las visitas de los hijos menores del gobernador. “No hay palabras para describir cómo me siento ante este abuso. Luis Fernando, mi esposo, y toda mi familia sentimos mucha impotencia. Esto que están haciendo con nosotros no se ha visto ni en las dictaduras, más allá de la política pido la solidaridad y el apoyo de las mujeres bolivianas y de todo ciudadano, que crea que el gobierno debe respeto a la mujer. A la vez, agradezco todo el apoyo que he estado recibiendo estos días”, afirmó la esposa al leer un comunicado público. Estuvo acompañada por asambleístas regionales y grupos de activistas.

Concluyó con el anuncio de acciones legales en el ámbito penal y el de derechos humanos. “Vamos a hacer todo lo que, legalmente, se pueda, para que las autoridades que espiaron la intimidad de mi esposo, mi familia y la mía asuman su responsabilidad”, anotó.

Desde que Camacho fue recluido en Chonchocoro, su esposa y sus hijos lo visitaron en varias ocasiones. El 26 de enero él halló una cámara incrustada en una de las paredes de su celda, justo cerca de un baño recién construido, según la denuncia de los abogados defensores de Camacho.

“La cámara oculta marca Dahua HAC-HUM3201B-P, utilizada en la celda del gobernador, cuenta con tecnología que capta audio y, además, graba imágenes por largos periodos de tiempo, incluso en situaciones adversas dónde la luz es inexistente”, señala el comunicado emitido por el equipo de comunicación del gobernador.

Un día después del hallazgo y luego de sacar el artefacto del penal, los abogados intentaron activar la denuncia en la Felcv, pero esa unidad se negó a recibirla. “Nos han exigido que vaya la señora Fátima Jordán, pero a ella se le privó salir de Chonchocoro desde el jueves a las 16:30, que fue cuando me informó de este hecho. La esposa del gobernador salió ayer (domingo) y ya está en Santa Cruz. Está afectada. En su persona como mujer y analizamos acciones legales para encarar este caso”, informó el abogado Martín Camacho a EL DEBER.

El jurista explicó que para poder activar la denuncia llegaron hasta “una de las nueve ventanillas de la Felcv” en La Paz. “Ellos solo tenían que escucharlos, puesto que la investigación corresponde a otra instancia”.

“Cuando explicamos el tipo de denuncia, no nos dieron respuesta; fueron erráticos y se reunieron y comenzaron a desaparecer. Hicimos un reclamo a un sargento primero, de apellido Pérez. Nos amenazaron con arrestarnos. Estuvimos casi tres horas y no tuvimos respuesta”, señaló Camacho.

Indicó que “actuaron igual en Chonchocoro cuando la espera se prolongó hasta las 23:00 para poder entrar a la celda de Luis Fernando Camacho y poder corroborar la denuncia”. A este hecho se suman otros eventos, añadió, que buscan “desvirtuar la denuncia”.

“Existió una discriminación total por parte de estos ciudadanos, los abogados del señor Camacho, en contra de funcionarios o de las funcionarias policiales que en ese momento se encontraban cumpliendo su labor”, indicó el director nacional de la Felcv, coronel Rubén Lobatón. Ayer se presentó la denuncia en la Fiscalía.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, primero negó la existencia de la cámara y luego anunció una investigación a todas las personas que visitaron a Camacho. Dijo que se priorizaron las visitas al Gobernador de Santa Cruz y que, eventualmente, eso “pudo ser aprovechado” para que ese equipo llegue hasta la celda.

“Sería una contradicción este tipo de investigaciones que pone en tela de juicio el propio trabajo que hace régimen penitenciario”, afirmó Martín Camacho. Enumeró cuatro “rigorosos controles” para poder llegar hasta el gobernador. En cada uno de ellos, dijo, se hace una requisa total y se piden los datos de los visitantes. “El hecho de que sólo en la primera garita te hagan un control y una requisa bastante exhaustiva y antes de ingresar a la habitación deja por los suelos esa hipótesis”.

Desde el MAS creen que Régimen Penitenciario actuó con “mucha preferencia” con Camacho. “Las cámaras tienen que estar instaladas; no olviden que el Chapo Guzmán hizo un hueco, incluso teniendo cámaras de seguridad. Esa es una cárcel de seguridad, no es hotel”, afirmó el senador Félix Ajpi. “No está cumpliendo el centro penitenciario. Están permitidas las entrevistas, pero si es de alta seguridad no debería haber contacto físico con los visitantes; aquí hay contacto físico con los visitantes”, reclamó.

Desde la oposición, aclararon que Camacho aún no tiene sentencia. “Se requiere un peritaje externo en el que participe, la familia, los abogados de todas las partes para que se puedan establecer estos abusos”, dijo el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana (CC).

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