La Defensoría del Pueblo se pronunció tras la emisión del Decreto Supremo N.º 5636, en el cual el Gobierno declaró Estado de Excepción en todo el territorio nacional. La entidad recordó que esta medida extraordinaria debe aplicarse bajo estrictos parámetros constitucionales y con pleno respeto a los derechos humanos.
"La CPE reconoce que el Estado de Excepción constituye un mecanismo de carácter extraordinario, cuya aplicación debe observar de manera irrestricta los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, temporalidad, control constitucional y legislativo, garantizando en todo momento la plena vigencia de los derechos humanos y las garantías fundamentales", indica el comunicado púbclico.
Además, la Defensoría señaló que el artículo 139 de la CPE dispone que la declaratoria de Estado de Excepción debe ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su consideración y aprobación en un plazo de 72 horas, procedimiento que calificó como una garantía esencial del orden democrático.
"La Defensoría del Pueblo enfatiza que ninguna medida asumida en el marco del Estado de Excepción puede derivar en restricciones arbitrarias de derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza, afectaciones a la integridad personal, detenciones ilegales o vulneraciones contrarias a los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos", añadió.
La institución anunció que realizará acciones permanentes de monitoreo, verificación y seguimiento durante la vigencia del Estado de Excepción, con el fin de precuatelar el respeto de los derechos y que se actúe bajo la Constitución.
"Se exhorta a todas las autoridades e instituciones del Estado, particularmente a las entidades encargadas de la seguridad y el orden público, a brindar las facilidades necesarias para el ejercicio de la labor defensorial, permitiendo el acceso oportuno a información, instalaciones, operativos y demás actuaciones vinculadas a la aplicación de las medidas excepcionales", remarcó.
Por último, la Defensoría del Pueblo convocó a los órganos del poder público y a la sociedad en general a actuar en estricto apego a la Constitución. Pidió que se priorice el diálogo democrático, la paz social y la protección integral de los derechos humanos.