La posibilidad de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz declare un estado de excepción para enfrentar el prolongado bloqueo de carreteras está instalado en el debate público por las graves afectaciones que provoca esa extrema medida.
Especialistas consultados por EL DEBER coincidieron en señalar en que la viabilidad de una medida de esa naturaleza dependerá de la capacidad política de la autoridad para hacerla cumplir, las condiciones operativas de las fuerzas encargadas de ejecutarla y el respaldo legal para quienes deban aplicar las disposiciones.
La discusión se produce en medio de una creciente presión ciudadana para que el Ejecutivo nacional adopte acciones más contundentes frente a los cortes de ruta que afectan a gran parte del país. Según reportes oficiales y de instituciones de salud, nueve personas perdieron la vida durante el conflicto, seis de ellas debido a efectos directos de los cortes de ruta.
Para el abogado Edgar Arraya, la declaratoria de un estado de excepción constituye una herramienta prevista en la Constitución, pero su aplicación es, ante todo, una decisión política.
“El Gobierno debe considerar que, al dictar un estado de excepción, entra en un terreno donde deberá hacer respetar restricciones extraordinarias. Es un mecanismo absolutamente político. El gobernante tiene que evaluar si posee la autoridad y la capacidad necesarias para imponer las medidas que determine de acuerdo con el objetivo que persigue”, sostuvo.
En un contacto con EL DEBER, Arraya advirtió que una eventual declaratoria puede verse debilitada si los sectores movilizados desconocen las disposiciones oficiales. En ese escenario, explicó, el Ejecutivo puede enfrentar un problema de desobediencia civil que pondría en cuestión la efectividad de la medida.
El segundo factor está relacionado con la capacidad operativa de las fuerzas encargadas de restablecer el orden. El general del Ejército en servicio pasivo Mario Velasco considera que el Gobierno debe analizar con detenimiento el estado actual de las Fuerzas Armadas antes de adoptar una decisión de esa magnitud.
“Durante los gobiernos del MAS hubo un proceso de desgaste de las capacidades militares, tanto desde el punto de vista material como moral. Es un aspecto que el Gobierno tiene que evaluar junto al Alto Mando”, afirmó.
Velasco recordó como ejemplo las incursiones protagonizadas por grupos cocaleros en instalaciones de la Novena División del Ejército, en Villa Tunari, Cochabamba, un hecho que, a su juicio, evidenció limitaciones para ejercer control efectivo sobre determinadas zonas. "Estos grupos actuaron de esa manera porque sabían que difícilmente serían detenidos”, señaló.
El tercer elemento identificado por los especialistas es la seguridad jurídica para los efectivos policiales y militares que eventualmente tendrían que ejecutar las órdenes emanadas de un estado de excepción.
El exviceministro de Régimen Interior y coronel de Policía en servicio pasivo René Calla sostuvo que cualquier operativo de esta naturaleza requiere reglas claras y protección legal para los mandos y efectivos que participen en las acciones de restablecimiento del orden público.
Los tres expertos coinciden en que una declaratoria no puede evaluarse únicamente desde el punto de vista normativo. Su éxito o fracaso dependerá de la capacidad política del Gobierno para imponer la medida, de la preparación de las instituciones encargadas de ejecutarla y de las garantías jurídicas que respalden sus actuaciones en un escenario de alta conflictividad social.