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Estudiantes del área de Ciencias Económicas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) fueron obligados a asistir a la asamblea que el martes terminó en tragedia. Se iba a registrar la asistencia e incluso existían amenazas de sanciones físicas si los estudiantes no acudían a la convocatoria de sus dirigentes, según datos preliminares de la investigación.

Ahora también se denuncia la existencia de un “pacto de silencio” entre los involucrados, mientras la Policía realiza pericias a celulares para identificar desde dónde se originaron las conminatorias para acudir al encuentro, que dejó siete fallecidos y cinco heridos tras un tumulto que provocó la rotura de la baranda de un cuarto piso.

“Estamos citando a estudiantes que no asistieron a esta asamblea, pero fueron convocados bajo multas e incluso amenazas de sanciones físicas”, dijo el fiscal departamental, Marco Cossío.

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, detalló que las sanciones físicas eran “chicotazos” y se aplicaría un “autocontrol” para identificar a los faltantes. “Con pacto de silencio o no, la Policía esclarecerá este hecho”, remarcó en conferencia de prensa.

La información recabada hasta el momento apunta a que otros estudiantes, de Ciencias de la Educación, también participaron de la asamblea, con la finalidad de apoyar a uno de los bandos. Un grupo defendía la ratificación de un centro de estudiantes y otros exigían el cambio.

Estamos haciendo las actividades necesarias para desdoblar el contenido de los celulares, una vez que tengamos esto estamos seguros que vamos a dilucidar el caso”, agregó Aguilera en conferencia de prensa.

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